viernes, 24 de octubre de 2014

BRITISH PETROLEUM demandada por daños ambientales

 Piden una indemnización de US$28,6 millones
BP, demandada por 73 campesinos
Un tribunal inglés tendrá que resolver la disputa legal entre agricultores colombianos y la British Petroleum. La controversia gira en torno a posibles daños ambientales. El oleoducto Ocensa nace en Casanare y desemboca en el terminal marítimo de Coveñas. / Ocensa Lo primero que advierte la abogada Ruth Barry es que difícilmente podrá hablar de lo que ha pasado en el juicio que tiene enfrentados en Londres a 73 campesinos colombianos y a la multinacional British Petroleum (BP). Tampoco puede contactarnos con Rogelio Vélez y Rodrigo Mesa, los dos antioqueños que, con su inglés nulo, viajaron a la capital inglesa en representación de ese grupo, que busca una compensación de US$28,6 millones por los daños ambientales que sufrieron sus fincas luego de que las atravesara uno de los oleoductos más extensos del país: el Ocensa, que nace en Casanare, en los campos de Cusiana y Cupiagua, y desemboca en el terminal marítimo de Coveñas, entre Sucre y Córdoba. Una red de tuberías de 790 kilómetros que pasa por 45 municipios y puede transportar 620.000 barriles de crudo al día.
“Ellos no están en condiciones de hablar con los medios. Y nosotros no podremos hacer más comentarios”, dice. Es una suerte de confidencialidad que parece inquebrantable.
Barry, quien responde desde Londres por correo electrónico las preguntas de El Espectador, es una de las integrantes del equipo que ha estado al frente de ese proceso judicial, que en verdad arrancó hace seis años y que la semana pasada llegó a una de las altas cortes inglesas (The Technology and Construction Court).
Medios como The Guardian y The Financial Times lo clasificaron en varios artículos como “uno de los casos más importantes en la historia del derecho ambiental”. “Es la primera vez que BP debe rendir cuentas sobre sus acciones en el extranjero ante un tribunal del Reino Unido”. “Podría abrir un camino para otras comunidades de países en desarrollo que han sido afectados por oleoductos de la compañía”.
Pero, ¿cómo termina un grupo relativamente amplio de campesinos colombianos involucrados en una demanda en Inglaterra contra una de las empresas más grandes de hidrocarburos en el mundo? Según cuenta Barry, quien trabaja para la firma Leigh Day, la historia empezó en 2004. Aquella vez ellos representaron a otros agricultores (también relacionados con el oleoducto Ocensa), después de que una de sus abogadas en Colombia, Marta Hinestroza, resultara amenazada por grupos paramilitares e incluida en una lista negra. Huyó, buscó asilo y el Reino Unido se lo concedió.
A partir de ahí se inició una red de contactos que culminó en enero de 2008, cuando con la ayuda de una ONG y de Leigh Day se abrió el proceso de forma oficial en Gran Bretaña, casa matriz de la BP. Desde entonces se han llevado a cabo pequeños juicios que finalmente desembocaron en la Corte de Tecnología y Construcción.
“Los abogados argumentamos que la compañía británica Equión Energía (antes BP Exploration Limited o BPXC) manejó con negligencia la construcción de Ocensa durante la década del noventa, causando serios daños a las tierras de los campesinos. Ellos no entendían el significado de los contratos firmados (algunos eran analfabetos) y no recibieron una compensación justa por los daños ambientales causados. Hubo una severa erosión del suelo y los campos se sedimentaron. Se redujeron la vegetación y las fuentes de agua. Eso disminuyó significativamente la productividad de sus fincas”, explica Barry.
En uno de los comunicados de Leigh Day se pueden leer breves perfiles de algunos de los campesinos demandantes. Por ejemplo: Rogelio Vélez —uno de los que están en Londres— tiene una finca de 47 hectáreas en Segovia, Antioquia. Es analfabeto, casado y con cinco hijos. Cultiva yuca y maíz. Tiene cerdos, gallinas y un pozo con peces. “Ahora no hay suficiente cantidad de agua para mantenerlos”, dice en ese texto. “Después de la tubería, nuestras fuentes de agua se llenaron de lodo. Cuando la gente se entera de que tengo un oleoducto, nadie quiere comprar mi finca. Esperamos obtener justicia”, replica en otro documento Rodrigo Mesa.
Para percatarse de todos esos daños, el grupo de abogados ingleses ha hecho varias visitas a las regiones afectadas. En 2007, por solo mencionar una, fueron a El Bagre, Antioquia, y después a Bogotá a reunirse con colegas colombianos para reunir evidencias. Lo mismo ha hecho Equión. Ha habido desde sobrevuelos por las zonas que atraviesa el oleoducto hasta visitas de campo durante días.
Sin embargo, Equión Energía, que adquirió a BP Exploration Company Colombia en 2011, tiene una posición distinta. “Para la construcción de Ocensa se tomaron medidas técnicas con los más altos estándares para que las tierras no tuvieran daños materiales. Se hizo con especificaciones muy claras respecto al grosor de la tubería y a la profundidad a la que debía ir. Además, se hizo un proceso con las comunidades para que tuvieran un compensatorio adecuado. Creemos que todas esas medidas fueron efectivas y tenemos todos los argumentos para defendernos. Equión confía en una resolución legal”, le dijo a este diario uno de sus voceros en Colombia.
Ahora, como dice Barry, solo resta esperar a que el juez encargado dé un veredicto en febrero de 2015, que podrá ser apelado ante una corte de apelaciones solo si es autorizado. De lo contrario será un fallo definitivo. Por lo pronto, tanto los agricultores como BP entablarán varias disputas en estos meses para comprobar quién tiene la razón. En la de la semana pasada estuvieron tanto Vélez como Mesa. Otros cuantos agricultores los acompañaban en una teleconferencia. SERGIO SILVA tomado de el espectador de Colombia 

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