Negociaciones del Clima: Los desafíos de América Latina de
Lima a París
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License. Negociaciones del Clima:
Los desafíos de América Latina de
Lima a París
Paola Vasconi Reca Una vez más los resultados de las
negociaciones internacionales del clima no están a la altura de la urgencia y
desafíos que nos plantea el cambio climático. A pesar del esfuerzo asumido por
la presidencia de la COP20, después de 14 días de intensas negociaciones, la
“Llamada de Lima a la Acción Climática” no logró sentar las bases de lo que
debiera ser el nuevo Acuerdo Climático que se espera firmar el 2015 en París:
un Acuerdo ambicioso, vinculante, justo y equitativo, en que participen todos
los países, que permita mantener el incremento de la temperatura media del
planeta por debajo de los 2°C para evitar así una catástrofe climática sin
precedentes en la historia de la humanidad.
Principales
resultados
Entre los principales resultados de la COP20 en Lima
destacan:
1. El que las naciones concluyeran con la elaboración de los
elementos del nuevo acuerdo de Cambio Climático, y acordarán las reglas básicas
sobre cómo los países comunicarán sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(INDC) a la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Estas Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional
(INDCs, por sus siglas en inglés) serán los cimientos de la acción climática
posterior a 2020, cuando debe entrar en vigor el nuevo acuerdo climático. No
obstante, el texto de Lima sólo invita a las partes a presentar sus
contribuciones hasta el mes de marzo de 2015, sin perseguir un objetivo de
reducción ambicioso pues, hasta ahora, las contribuciones se han planteado en
términos voluntarios y no vinculantes. El tema de equidad, responsabilidades
históricas, tampoco parece reflejarse en lo que será estas contribuciones
nacionales.
2. En relación al financiamiento, los países desarrollados
bloquearon cualquier inclusión de este tema en la decisión de la Plataforma de
Durban (ADP) que contribuyera a ambiciosas Contribuciones Nacionales. El Fondo
Verde para el Clima incrementó su capitalización y superó la cifra de US$
10,200 millones. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cómo es que los países
alcanzarán la movilización de 100 mil millones de USD anuales a partir de 2020,
para garantizar el financiamiento de largo plazo. También se aprobaron otras
nueve decisiones sobre las finanzas climáticas. En Lima, el Fondo de Adaptación
del Protocolo de Kioto, recibió un salvavidas de último minuto gracias al
aporte de 55 millones de euros anunciados por Alemania, pero esto resulta
insuficiente en términos de las necesidades de adaptación de los países. En
definitiva, el discurso de Lima sobre financiación climática no ha hecho nada
para la construcción de una arquitectura financiera robusta en el régimen
post-2020.
3. En relación a pérdidas y daños la “Llamada de Lima a la
Acción Climática” sólo recuerda la decisión del año pasado para establecer el
“Mecanismo de Varsovia sobre pérdidas y daño”, pero no avanza en tratar el tema
de pérdidas y daños separado de adaptación en el acuerdo de París, ni reconoce
la necesidad de financiación adicional para el mismo. En Lima, el Mecanismo de
Varsovia sólo avanzó en el ámbito técnico, con la aprobación de un plan de
trabajo inicial de dos años, y la composición de su comité ejecutivo.
4. Respecto a las contribuciones nacionales, se estableció
un periodo de evaluación para saber cuál es el “nivel de ambición” de cada país
en la reducción de sus emisiones.
5. Se consignó el principio de responsabilidades comunes
pero diferencias para allanar el camino de Lima a París.
6. Se definió el mecanismo para incrementar la ambición en
los objetivos de mitigación antes del 2020, fecha en la que entra en vigencia
los acuerdos a aprobarse en la COP 21.
7. Se incorporaron menciones especiales al rol de la mujer
en la lucha contra el cambio climático, a la salud y se fortaleció el mecanismo
REDD+ para los bosques.
Para mayores detalles, ver
documento análisis FHBS versión inglés
En contraste con los resultados de las negociaciones,
albergar la COP20, permitió a América Latina y el Caribe dar una mayor
relevancia política a la problemática del cambio climático a nivel regional. De
a poco los países de la región han ido asumiendo un liderazgo, tanto a nivel
internacional como nacional, con acciones decididas para hacer frente al cambio
climático. Anuncios como: el incremento de las energías renovables, reducción
de emisiones provenientes de los bosques, preparación para hacer frente a los
impactos climáticos, contribución a la capitalización del Fondo Verde por el
Clima, con sus propios recursos y el apoyo de otros países, son sólo algunos
ejemplos de los pasos que América Latina y el Caribe está tomando. No obstante,
la urgencia y los desafíos pendientes en la región siguen siendo importantes.
En este escenario, tomando en consideración los resultados
expuestos y la historia del proceso de negociaciones bajo el alero de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), América
Latina y el Caribe no debiera apostar sólo a este proceso en la búsqueda de
soluciones para hacer frente a los desafíos del cambio climático, los que no
pueden esperar, ni quedar anclada a sus resultados, ni a la firma del nuevo
acuerdo el 2015. Su gran diversidad geográfica, biológica y sociocultural; y su
economía altamente dependiente de sus recursos naturales, la hacen una región muy
vulnerable al cambio climático.
De ahí se desprende el imperativo ético y práctico de
avanzar en respuestas al cambio climático que no queden atrapadas en la
discusión sobre recursos, financiamiento y responsabilidades que se da en el
marco de las negociaciones internacionales. Es evidente que la región no puede,
ni debe, responder por si sola al cambio climático, primero, porque no es un
gran contribuyente en término de emisiones (9% de total mundial) y se requiere
la confluencia de los mayores emisores, para reducir eficazmente las emisiones,
y, segundo, porque hacen falta recursos para lograrlo que no siempre están
disponibles para afrontar esta demanda, en comparación con otras prioridades;
pero la inacción, so pretexto de las responsabilidades históricas, puede
ocasionar pérdidas sociales, ambientales, en biodiversidad, económicas,
significativas, algunas de ellas irreversibles, para la región. La prioridad de
América Latina y el Caribe es sobre todo, adaptarse, con o sin la anuencia de
todos los países y, tal como hemos visto, demorar esa respuesta será cada vez
más costoso[1].
La acción debe venir desde distintos niveles. El nivel más
amplio es el global, lo que obliga a buscar espacios de acuerdo intrarregional
para alcanzar niveles de agregación de demandas comunes, para ser presentadas
desde el bloque regional. Pero también hay que construir respuestas locales,
nacionales y regionales que pasan por avanzar hacia la transformación de su
estrategia de desarrollo, desde la extracción y explotación intensiva de
recursos naturales con alta emisiones, hacia la construcción de una nueva
sociedad, estilo de vida y modelo productivo, que revalorice sus recursos
naturales, sea menos dependiente de los combustibles fósiles, más inclusivo y
resiliente al cambio climático.
Esta transformación necesariamente implica un nuevo marco
político e institucional que permita abordar las presiones directas e
indirectas respecto del sistema climático. Las primeras, referidas a la
regulación ambiental propiamente tal considerando, por ejemplo, normas de emisiones;
las segundas, en cambio, son las más complejas, porque implican abordar en su
plenitud los sistemas productivos y estilos de vida. Dicho de otra forma, no
bastará con tener mejores y más exigentes normas de control y reducción de
emisiones si no se aborda la integralidad de los enfoques productivos. Es por
ello que lo central será la búsqueda de coherencia interna de la política
climática y económica. Para ello se requiere la adopción de legislación
climática, de políticas y acciones de adaptación y mitigación al cambio
climático, así como la redefinición de las políticas económicas, energéticas,
de infraestructura, agraria, de transporte, hídrica, entre otras, considerando
como uno de sus ejes estructurante la nueva política climática.
América Latina y el
Caribe tienen que avanzar hacia la construcción de una propuesta de un modelo
de desarrollo alternativo, que agregue valor al inmenso potencial de uso
responsable de los abundantes recursos naturales existentes en la región, en
lugar de la extracción y exportación de estos recursos comocommodities, que
lleva a la reprimarización de sus economías. La Región, además, debe avanzar en
la construcción de una nueva gobernanza democrática en términos generales, y
específicamente de recursos naturales que no sólo permita administrarlos mejor
y reducir la conflictividad en torno a ellos, sino que además requiere darles
un sentido de futuro.
El desafío, no menor, es sumar e integrar complejidades
políticas con niveles de acción a distintas escalas geográficas y temporales.
Camino a París, la región de América Latina y el Caribe,
debiera profundizar el diálogo y la integración regional, impulsado por Chile y
Brasil durante el 2014, que dio como resultado tener a toda la región en una
misma Declaración bajo el paraguas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) (ver declaración). Este es un gran paso, considerado que en
20 años de negociación América Latina y del Caribe (ALC) no ha sido capaz de
levantar una sola voz en las negociaciones internacionales de cambio climático.
La diversidad de sus economías y sociedades, las diferencias en la
vulnerabilidad de las naciones y las emisiones, las diversas posiciones
ideológicas, y los miembros de los diversos grupos regionales e
internacionales, han impulsado posturas muy divergentes frente al cambio
climático, imposibilitando que la región se constituyera como un único bloque
negociador o se presentara coordinadamente frente al proceso de negociaciones
internacionales para el cambio climático. Hacia París la historia puede ser
otra.
[1] Según, CEPAL
2014, a América Latina el cambio climático ya le cuesta entre el 1,5% y el 5%
de su PBI.
Ver CEPAL: “The economics of climate change in Latin America
and the Caribbean: paradoxes and challenges”. Santiago de Chile, 2014 TOMADO DE
ENVIO DE RED FOROBA
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