Declaración pública
por allanamiento a la libertad de Expresión en caso Radio La Victoria de
Santiago Allanamiento a la libertad de Expresión
A las siete del miércoles 21 de enero, en un operativo
policial que incluyó el cierre de varias cuadras a la redonda y el forzamiento
de puertas, fue allanada la junta de vecinos en la que funcionaba desde hace
dos años la radio comunitaria La Victoria, en la comuna del mismo nombre,
llevándose todos sus equipos de transmisión. La supuesta ilegalidad cometida
por los pobladores que operaban la radioemisora, era transmitir sin una concesión
otorgada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, según establece el
artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, cuerpo normativo impuesto
mediante decreto supremo por la dictadura militar -y hasta la fecha no
reformado-, que faculta la incautación, multa y cárcel para todos aquellos que
operen dichos equipos o faciliten infraestructura para su funcionamiento.
Disposiciones que de acuerdo a los estándares internacionales en la materia,
constituye una criminalización de la transmisión sin licencia, en abierta
vulneración a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al respecto, cabe destacar que en abril de 2010 el
parlamento aprobó la ley que crea los servicios de radiodifusión comunitaria
ciudadana, publicada en el Diario Oficial como ley de la República el 04 de
mayo del mismo año. Sin embargo, a casi cinco años de su promulgación las
autoridades aún no han evacuado el reglamento que permite su adecuada
aplicación, contando para ello de un plazo de seis meses, ni ha abierto
concursos de concesión para garantizar el acceso igualitario a estos servicios.
Rezago que expone a abierta indefensión a radioemisoras que ejercen su legítimo
derecho a la libertad de expresión, como es el caso de Radio La Victoria. Condenamos
este grave atropello a la libertad de expresión y, del mismo modo en que
exigimos una asamblea constituyente para una nueva constitución, alentamos a
que estos enclaves de la dictadura que permiten la persecución de las ideas
sean derogados, a fin de garantizar el derecho a la comunicación de la
ciudadanía. Asimismo, exigimos que se tramite una ley marco que permita
democratizar las comunicaciones en Chile, considerando -como han hecho otros
países de la región- espacios porcentuales equivalentes para medios públicos,
privados y sin fin de lucro o comunitarios, en uno de los países con la mayor
concentración en la propiedad de medios de comunicación, garantizándose así una
diversidad de actores y una democracia plena. Puesto que como bien advierten
los Principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, los monopolios y oligopolios “conspiran contra la democracia
al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del
derecho a la información de los ciudadanos” Paulina Acevedo Menanteau,
periodista y comunicadora en derechos humanos LARGA LISTA DE ADHERENTES
TOMADO DE ACCION POR SUGERENCIA DE ENVIO DE BOLETIN GAL DE
CHILE
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