viernes, 6 de febrero de 2015

CUIDAR HOY PARA TENER MAÑANA


 Cuidar hoy para tener mañana
Debido a la acción desmedida del hombre o por la ocurrencia de fenómenos naturales sobre las playas cae su efecto, de ahí que la máxima dirección del país otorgue prioridad al cuidado y protección de las playas y la franja costera en sentido general
Autor: Yosel M. Castellanos La construcción de pasarelas ayudará en la protección de las dunas. Foto: Guerrero Ocaña, Maylin
¿A quién no le gusta ir a la playa? Seguro son muy pocos los que prefieren quedarse en casa cuando los termómetros sobrepasan los 30 grados Celsius. acudir a cualquiera de estos sitios es un regalo que la naturaleza otorgó a los habitantes de la Mayor de las Antillas, que tiene una fama bien ganada en el escenario internacional. Llegarse hasta la playa, ya sea para tomar un baño, adquirir un color bronceado en la piel, practicar deportes al aire libre o disfrutar en compañía de familiares y amigos, constituye, sin duda, un buen momento para relajarse y una opción asequible para todos los cubanos. Pero las playas también “sufren” cuando no se les cuida correctamente debido a la acción desmedida del hombre o por la ocurrencia de fenómenos naturales. El tránsito de vehículos y personas por las dunas, la edificación de inmuebles dentro de los límites de la zona costera, la plantación inadecuada de varios tipos de especies en el lugar, o la presencia de desechos sólidos en la arena así como su lenta recogida, son hechos en los que la mano del hombre dice “presente”. Por su parte, la subida del nivel del mar vinculada al cambio climático y a los estragos de tormentas tropicales y huracanes, aceleran la erosión de la franja costera. Los hechos mencionados anteriormente no son ajenos a nuestras costas y playas, las cua­les vienen soportando, por años, el embate combinado de los seres humanos y la madre naturaleza. De ahí que la máxima dirección del país otorgue prioridad al cuidado y protección de las playas y la franja costera en sentido general, al designar desde el año 2013 al Ins­tituto de Planificación Física (IPF) como la entidad rectora para el cumplimiento de la nueva política. El CITMA no certifica ningún área hasta que la misma sea totalmente restaurada. Foto: Mailín Guerrero Ocaña
IMPONER EL ORDEN
Al recibir la tarea de controlar, inspeccionar y erradicar todo tipo de daños e indisciplinas cometidos en la franja costera, el IPF se apoyó en el Decreto Ley 299 del 14 de mayo del 2012, y en el Lineamiento 120 de la Po­lítica Económica y Social del Partido y la Revolución, que lo sitúan en el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano.
Para cumplimentar lo dispuesto, el IPF también tiene como mecanismo el Decreto Ley 212 Gestión de la Zona Costera. Este documento, emitido el 8 de agosto del 2000, establece las disposiciones para la delimitación, protección y uso sostenible de la zona costera y su zona de protección, conforme a los principios del manejo integrado de la zona costera. El Decreto Ley 212 se incorpora al Plan Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades (PIEI), lo que constituye una necesidad, toda vez que dicho plan va dirigido a la protección de los medios materiales y de las personas, pues según expertos del IPF y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), los cambios climáticos provocarán en el futuro afectaciones en las líneas costeras más bajas del país. De acuerdo con los directivos entrevistados por Granma, el Decreto Ley 212 es la herramienta para regular las gestiones en la zona costera, pues permite determinar qué se puede y qué no se puede hacer en dicha área. Según recoge el Artículo IV de esa norma, los límites de la zona costera se establecen atendiendo a la estructura y configuración de los distintos tipos de costas. A cada una de estas le corresponde una medida de identificación. Hay lugares donde no se puede construir dentro de los 160 metros a partir del borde extremo hacia tierra, en otros casos es dentro de los 40 metros. Otro de los mecanismos que se han creado, para contrarrestar el impacto en la zona costera a causa del cambio climático, es la realización de estudios de peligro, riesgos y vulnerabilidad de cara al futuro. “Puede que usted hoy esté seguro, pero dentro de diez años no lo estará. Por tanto, el IPF junto con un colectivo de entidades que participan en estos estudios, ha diseñado y evaluado todas las poblaciones costeras que deben ir tomando medidas de adaptación, mitigación o de cambio. Hay poblados costeros que se deben mover porque en el futuro estarán bajo agua”, señaló el arquitecto José Mena Álvarez, director de Ur­ba­nis­mo del IPF. Para comprobar la realización de las disposiciones y conocer de las ilegalidades existentes, el IPF ha recorrido cinco veces, desde mayo del 2013 a octubre del 2014, todo el territorio nacional, junto a organismos municipales, provinciales, la Defensa Civil y el Citma, entre otros. MUCHO TRABAJO EN LA HABANA En el caso de La Habana, por las características de su zona costera, díganse las numerosas construcciones en el oeste y este capitalino, y su elevado nivel de incidencia en ambas regiones, el IPF, el Partido, el Go­bierno provincial, la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) y sus dependencias municipales, junto al Citma y los consejos de las administraciones mu­ni­ci­pa­les (CAM) de Playa y La Habana del Este, trabajan de conjunto para dar una solución definitiva al tema de las indisciplinas sociales cometidas en esas áreas. 
Sin embargo, pese a que se han dado pa­sos de avance en el tema, aún no se puede hablar de resultados significativos en la ma­yor urbe del país.
La ciudad cuenta con una línea costera que se extiende a lo largo de 57 kilómetros aproximadamente; 25 para el oeste de la capital y el resto hacia el este, ello sin contar el área que ocupa la bahía. La urbe dispone de diez playas; ocho en el municipio de La Habana del Este, y dos en la zona del oeste, la playa de Marianao y La Puntilla (Santa Fe). En las diez se trabaja de forma sistemática en el enfrentamiento a las ilegalidades. Por ahora se labora en la erradicación de aquellos inmuebles pertenecientes a personas jurídicas. En las playas del oeste se detectaron varios tipos de ilegalidades y se procedió a la demolición de algunas de ellas. Fueron retirados los kioscos ubicados dentro de la zona costera, así como desmantelados ciertos inmuebles, mientras se ordenó la pa­ralización de acciones constructivas de vi­vien­das en las áreas señaladas dentro del Decreto Ley 212. Como parte de los trabajos realizados quedan pendientes de demolición tres instalaciones, lo que se ejecutará en el 2015. En el caso de las playas del este se han erradicado 66 inmuebles de personas jurídicas hasta el cierre del mes de octubre, quedando pendientes 86. El organismo que mayores instalaciones tiene en la franja costera es el Ministerio del Turismo (Mintur) con 63, de ellas, se planearon eliminar 39 centros en el año 2014, 28 ya fueron demolidas. Juan Miguel Herrera Miranda, subdirector provincial para el Área de Enfrentamiento e Informatización de la DPPF de La Habana, comunicó a Granma la existencia de un grupo de acciones que fueron pospuestas para el presente año y para el 2016, debido a que conllevan trabajos más complejos en su desmonte. Entre los inmuebles que quedaron aplazados, dos pertenecen a Educación, seis a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 18 al Mintur, y uno al Ministerio de Comercio In­terior y Cupet, respectivamente, para un total de 28 ilegalidades. “El objetivo no es demoler por demoler, sino rescatar las playas y ponerlas al servicio del pueblo, siempre garantizando la preservación de las mismas”, precisó. Aunque los trabajos de erradicación de los inmuebles se vienen realizando de forma paulatina, en muchos casos las instituciones lo hicieron sin contar con la Licencia Am­biental que emite el Citma para su correcta ejecución. Eduardo Meireles Casañas, jefe de la Uni­dad de Medioambiente de la Delegación Pro­vincial del Citma en La Habana, confirmó que la Licencia Ambiental se otorga con carácter preventivo, tanto a personas naturales como jurídicas. “La misma se solicita de forma obligatoria al Citma ante la realización de cualquier tipo de gestión en la zona costera, como es el caso de una demolición, reforestación o restitución del área a su estado natural”. “Este es un documento que se otorga para que la persona o entidad tome los requerimientos técnicos sobre la actividad a desarrollar en el sitio, y de esta forma contribuir a minimizar el impacto negativo que se puede generar, producto de la realización de dicha actividad en el área. La Licencia te dice cómo proceder en el tipo de costa donde se en­cuen­tra el inmueble que se erradicará”.  Otro de los inconvenientes presentados es que no siempre se ha cumplido con todas las orientaciones emitidas en la Licencia Am­biental, como es la reforestación del lugar o la retirada de los escombros presentes en las zonas demolidas. Por tanto, el Citma no certifica esas áreas como que fueron restituidas totalmente a su estado natural, mientras falte algo por cumplirse.

Hasta el cierre del mes de noviembre, el Citma no había declarado ninguna de las áreas restituidas totalmente, pues aún se trabajaba en detalles como los mencionados anteriormente. El Grupo Hotelero Isla Azul debe ser el organismo que entregue las primeras zonas devueltas a su estado original. Granma pudo conocer por funcionarios del Citma que en la actualidad todas las instituciones tienen identificadas sus ilegalidades y poseen el conocimiento necesario para solicitar la Licencia Ambiental, lo cual comienza por un estudio de factibilidad de la propiedad y en la Licencia se establecen las normas que se tienen que aplicar en la demolición, acorde con dicho estudio.

Pero realizar ese tipo de demoliciones es un proceso costoso en correspondencia con el tipo de acción que ahí se tiene que efectuar, sostiene Niurka Rodríguez Roig, subdelegada del Mintur en La Habana, “pues en muchos casos se requiere de equipos pesados para llevar adelante la tarea”.

“Isla Azul es quien presenta mayores incidencias debido a que tiene a su cargo gran parte de las instalaciones por erradicar. Los principales problemas pasan por la demora con algunas maquinarias para efectuar los trabajos de demolición, aunque se trata de realizar las tareas en los plazos establecidos”, recalcó la funcionaria del Mintur.

Otro de los aspectos en que se trabaja es la coordinación por parte de la Delegación Provincial del Citma —junto con el CAP y el CAM de La Habana del Este— de un grupo de acciones ambientales en las playas del este, como parte del proyecto de rehabilitación de esas zonas, insertado dentro de la Estrategia Am­biental Provincial del periodo 2011-2015. “En el área de Tropi Coco ya fueron rehabilitados 300 metros de playas, se reacomodó la duna en ese tramo, se reforestó y se pusieron tres pasarelas para evitar el paso de las personas por las dunas. Ahora en Boca Ciega se trabaja en igual sentido en los primeros 200 metros, donde se construyeron otras dos pasarelas de acceso a las playas”, agregó Meireles Casañas. También se conoció que las playas del este en poco tiempo dispondrán de un Plan de Ordenamiento, creado por la DPPF de La Habana. “Ello permitirá que los organismos y la po­blación sepan dónde y cómo se puede construir. Este es un trabajo de cara al futuro, con carácter nacional y que cuenta con una serie de estudios para enfrentar la situación de vulnerabilidad por penetraciones del mar y otras afectaciones a causa del cambio climático”.  ¿SIN CASAS EN LA PLAYA? Las labores que hoy se realizan tienen co­mo finalidad eliminar todas las acciones ilegales en el sector estatal para dar el ejemplo a la población. En el caso de las personas naturales, el IPF acordó de conjunto con el Citma, durante el V Periodo de Inspección a las Playas, hacer un estudio de las viviendas particulares ubicadas dentro de la zona costera y de ellas cuáles tienen que ser erradicadas. “Lo primero es comunicar a la población que en la actualidad no pueden hacerse nuevas acciones constructivas fuera del espacio que ocupa el inmueble en la franja costera, pues el Decreto 212 así lo prohíbe”, refirió Herrera Miranda. El propio directivo aclaró que no se realizará ninguna acción en inmuebles particulares hasta que la última edificación estatal sea erradicada completamente. Toda persona natural que tenga una propiedad construida, con o sin documentos, dentro de la zona costera, posterior a la salida del Decreto Ley 212 (8 de agosto del 2000), deberá demoler su vivienda, independientemente de que no sea quien haya realizado las acciones constructivas. En el caso de las personas que levantaron sus inmuebles antes de la salida del Decreto 212, siempre y cuando se hiciera de forma legal, tendrá cada uno un tratamiento diferenciado según la situación que presente su vivienda, apegado a la ley. Según Herrera Mi­randa “este será un proceso gradual, donde nadie quedará desprotegido. Lo que se edificó de manera ilegal tendrá otro tipo de proceder, porque se hizo fuera del marco de la ley”.
El subdirector provincial advirtió que los gobiernos municipales tienen que encargarse de brindar una solución a las personas que presentan inmuebles en la zona costera, ya sea mediante la reubicación de la familia en otros sitios o a través de la construcción de viviendas en aquellos lugares donde Planificación Física autorice su ejecución. Igual ocurre con los inmuebles estatales que son eliminados y que brindan servicios a la población, pues tienen que ser levantados o reubicados en otros espacios.

En el caso de las personas naturales, du­rante el V Periodo de Inspección a las Playas, fueron detectados en La Habana del Este 122 ilegalidades, la mayoría casas de verano, que por ahora no se procederá a su erradicación. “Si hoy existen todo tipo de violaciones es porque durante años no se respetó el papel de Planificación Física. Los planes de ordenamiento territorial y urbanismo no son nuevos. Lo que sucede es que no se aplicaron los mecanismos establecidos”, sentenció Herrera Miranda. Varios directivos entrevistados coincidieron en que muchas viviendas se levantaron o ampliaron por desconocimiento sobre lo que establece la Ley, sumado a los problemas de disciplina, “porque hay personas que conocen las reglas, no las respetan, y hacen lo que sea de su conveniencia”. De ahí la importancia del papel rector del IPF en el enfrentamiento a todas estas ilegalidades. “Este es un proceso que lleva tiempo, pues la población tiene que recibir, oportunamente, un grupo de informaciones que posibiliten la acción preventiva antes de que se haga cualquier movimiento o cambio en la vivienda. El IPF debe arribar a una nueva etapa cualitativamente superior. En esa línea, cada día debemos acercarnos más para ofrecer los mensajes que las personas, de manera oportuna, necesitan conocer sobre rdenamiento territorial y urbanismo”, dijo Mena Álvarez. En una primera etapa las tareas se cumplían sin una adecuada planificación. En la ac­tualidad, las instituciones encargadas de de­moler en el 2015 tienen que haber incluido en su plan económico tal disposición, pues ello genera gastos de recursos, sostuvo por su parte Herrera Miranda. “En el presente año el IPF implementará un mayor nivel de exigencia con las personas jurídicas, aplicando el Decreto Ley 272, Ar­tículo XIV. Quien no cumpla con sus demoliciones será multado, en este caso es para los directivos que planificaron la erradicación del inmueble y la restauración del área, y no lo han hecho”. Hasta el día de hoy el trabajo con organismos e instituciones estatales implicadas en la erradicación de inmuebles en la zona costera proyecta resultados favorables, gracias a que se ha logrado un cambio de mentalidad para cum­plir lo que está establecido. La Habana mos­tró avances en la protección de su franja costera en el 2014, si se compara con el año 2013. Pero el peligro que representa la aparición de fenómenos naturales y los continuos he­chos de indisciplinas provocan que las autoridades encargadas de velar por la protección de las dunas, playas y costas adopten medidas de control para su resguardo. Durante el V Periodo de Inspección a las Playas, el general de división Samuel C. Ro­diles Planas, presidente del IPF, alertó sobre la necesidad de entregarle, por parte de los actores implicados, al organismo que él preside un cronograma de trabajo, por escrito,  de las definiciones que hay que cumplir con cada caso. “Tiene que ser un documento con un plan de medidas, plazos de ejecución, qué se cumplió y qué no se ha cumplido y por qué no ha ocurrido. son acciones que se tienen que hacer de forma planificada, para que cuente con la verificación de los compañeros del IPF. Solo así se cumplirá a cabalidad lo establecido por el Citma, y se podrán preservar las playas que hoy corren el riesgo de desaparecer”, sentenció Rodiles Planas. TOMADO DE LA GANMA DE CUBA 

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