Cuidar hoy para tener
mañana
Debido a la acción desmedida del hombre o por la ocurrencia
de fenómenos naturales sobre las playas cae su efecto, de ahí que la máxima
dirección del país otorgue prioridad al cuidado y protección de las playas y la
franja costera en sentido general
Autor: Yosel M. Castellanos La construcción de pasarelas
ayudará en la protección de las dunas. Foto: Guerrero Ocaña, Maylin
¿A quién no le gusta ir a la playa? Seguro son muy pocos los
que prefieren quedarse en casa cuando los termómetros sobrepasan los 30 grados
Celsius. acudir a cualquiera de estos sitios es un regalo que la naturaleza
otorgó a los habitantes de la Mayor de las Antillas, que tiene una fama bien
ganada en el escenario internacional. Llegarse hasta la playa, ya sea para
tomar un baño, adquirir un color bronceado en la piel, practicar deportes al
aire libre o disfrutar en compañía de familiares y amigos, constituye, sin
duda, un buen momento para relajarse y una opción asequible para todos los
cubanos. Pero las playas también “sufren” cuando no se les cuida correctamente
debido a la acción desmedida del hombre o por la ocurrencia de fenómenos
naturales. El tránsito de vehículos y personas por las dunas, la edificación de
inmuebles dentro de los límites de la zona costera, la plantación inadecuada de
varios tipos de especies en el lugar, o la presencia de desechos sólidos en la
arena así como su lenta recogida, son hechos en los que la mano del hombre dice
“presente”. Por su parte, la subida del nivel del mar vinculada al cambio
climático y a los estragos de tormentas tropicales y huracanes, aceleran la
erosión de la franja costera. Los hechos mencionados anteriormente no son
ajenos a nuestras costas y playas, las cuales vienen soportando, por años, el
embate combinado de los seres humanos y la madre naturaleza. De ahí que la
máxima dirección del país otorgue prioridad al cuidado y protección de las
playas y la franja costera en sentido general, al designar desde el año 2013 al
Instituto de Planificación Física (IPF) como la entidad rectora para el cumplimiento
de la nueva política. El CITMA no certifica ningún área hasta que la misma sea
totalmente restaurada. Foto: Mailín Guerrero Ocaña
IMPONER EL ORDEN
Al recibir la tarea de controlar, inspeccionar y erradicar
todo tipo de daños e indisciplinas cometidos en la franja costera, el IPF se
apoyó en el Decreto Ley 299 del 14 de mayo del 2012, y en el Lineamiento 120 de
la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que lo sitúan en
el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en el ordenamiento
territorial y urbano.
Para cumplimentar lo dispuesto, el IPF también tiene como
mecanismo el Decreto Ley 212 Gestión de la Zona Costera. Este documento,
emitido el 8 de agosto del 2000, establece las disposiciones para la
delimitación, protección y uso sostenible de la zona costera y su zona de
protección, conforme a los principios del manejo integrado de la zona costera. El
Decreto Ley 212 se incorpora al Plan Integral de Enfrentamiento a las
Ilegalidades (PIEI), lo que constituye una necesidad, toda vez que dicho plan
va dirigido a la protección de los medios materiales y de las personas, pues
según expertos del IPF y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma), los cambios climáticos provocarán en el futuro afectaciones en las
líneas costeras más bajas del país. De acuerdo con los directivos entrevistados
por Granma, el Decreto Ley 212 es la herramienta para regular las gestiones en
la zona costera, pues permite determinar qué se puede y qué no se puede hacer
en dicha área. Según recoge el Artículo IV de esa norma, los límites de la zona
costera se establecen atendiendo a la estructura y configuración de los
distintos tipos de costas. A cada una de estas le corresponde una medida de
identificación. Hay lugares donde no se puede construir dentro de los 160
metros a partir del borde extremo hacia tierra, en otros casos es dentro de los
40 metros. Otro de los mecanismos que se han creado, para contrarrestar el
impacto en la zona costera a causa del cambio climático, es la realización de
estudios de peligro, riesgos y vulnerabilidad de cara al futuro. “Puede que
usted hoy esté seguro, pero dentro de diez años no lo estará. Por tanto, el IPF
junto con un colectivo de entidades que participan en estos estudios, ha
diseñado y evaluado todas las poblaciones costeras que deben ir tomando medidas
de adaptación, mitigación o de cambio. Hay poblados costeros que se deben mover
porque en el futuro estarán bajo agua”, señaló el arquitecto José Mena Álvarez,
director de Urbanismo del IPF. Para comprobar la realización de las
disposiciones y conocer de las ilegalidades existentes, el IPF ha recorrido
cinco veces, desde mayo del 2013 a octubre del 2014, todo el territorio
nacional, junto a organismos municipales, provinciales, la Defensa Civil y el
Citma, entre otros. MUCHO TRABAJO EN LA HABANA En el caso de La Habana, por las
características de su zona costera, díganse las numerosas construcciones en el
oeste y este capitalino, y su elevado nivel de incidencia en ambas regiones, el
IPF, el Partido, el Gobierno provincial, la Dirección Provincial de
Planificación Física (DPPF) y sus dependencias municipales, junto al Citma y
los consejos de las administraciones municipales (CAM) de Playa y La Habana
del Este, trabajan de conjunto para dar una solución definitiva al tema de las
indisciplinas sociales cometidas en esas áreas.
Sin embargo, pese a que se han dado pasos de avance en el tema,
aún no se puede hablar de resultados significativos en la mayor urbe del país.
La ciudad cuenta con una línea costera que se extiende a lo
largo de 57 kilómetros aproximadamente; 25 para el oeste de la capital y el
resto hacia el este, ello sin contar el área que ocupa la bahía. La urbe
dispone de diez playas; ocho en el municipio de La Habana del Este, y dos en la
zona del oeste, la playa de Marianao y La Puntilla (Santa Fe). En las diez se
trabaja de forma sistemática en el enfrentamiento a las ilegalidades. Por ahora
se labora en la erradicación de aquellos inmuebles pertenecientes a personas
jurídicas. En las playas del oeste se detectaron varios tipos de ilegalidades y
se procedió a la demolición de algunas de ellas. Fueron retirados los kioscos
ubicados dentro de la zona costera, así como desmantelados ciertos inmuebles,
mientras se ordenó la paralización de acciones constructivas de viviendas en
las áreas señaladas dentro del Decreto Ley 212. Como parte de los trabajos
realizados quedan pendientes de demolición tres instalaciones, lo que se
ejecutará en el 2015. En el caso de las playas del este se han erradicado 66
inmuebles de personas jurídicas hasta el cierre del mes de octubre, quedando pendientes
86. El organismo que mayores instalaciones tiene en la franja costera es el
Ministerio del Turismo (Mintur) con 63, de ellas, se planearon eliminar 39
centros en el año 2014, 28 ya fueron demolidas. Juan Miguel Herrera Miranda,
subdirector provincial para el Área de Enfrentamiento e Informatización de la
DPPF de La Habana, comunicó a Granma la existencia de un grupo de acciones que
fueron pospuestas para el presente año y para el 2016, debido a que conllevan
trabajos más complejos en su desmonte. Entre los inmuebles que quedaron
aplazados, dos pertenecen a Educación, seis a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, 18 al Mintur, y uno al Ministerio de Comercio Interior y
Cupet, respectivamente, para un total de 28 ilegalidades. “El objetivo no es
demoler por demoler, sino rescatar las playas y ponerlas al servicio del
pueblo, siempre garantizando la preservación de las mismas”, precisó. Aunque
los trabajos de erradicación de los inmuebles se vienen realizando de forma
paulatina, en muchos casos las instituciones lo hicieron sin contar con la
Licencia Ambiental que emite el Citma para su correcta ejecución. Eduardo
Meireles Casañas, jefe de la Unidad de Medioambiente de la Delegación
Provincial del Citma en La Habana, confirmó que la Licencia Ambiental se
otorga con carácter preventivo, tanto a personas naturales como jurídicas. “La
misma se solicita de forma obligatoria al Citma ante la realización de
cualquier tipo de gestión en la zona costera, como es el caso de una
demolición, reforestación o restitución del área a su estado natural”. “Este es
un documento que se otorga para que la persona o entidad tome los
requerimientos técnicos sobre la actividad a desarrollar en el sitio, y de esta
forma contribuir a minimizar el impacto negativo que se puede generar, producto
de la realización de dicha actividad en el área. La Licencia te dice cómo
proceder en el tipo de costa donde se encuentra el inmueble que se
erradicará”. Otro de los inconvenientes
presentados es que no siempre se ha cumplido con todas las orientaciones
emitidas en la Licencia Ambiental, como es la reforestación del lugar o la
retirada de los escombros presentes en las zonas demolidas. Por tanto, el Citma
no certifica esas áreas como que fueron restituidas totalmente a su estado natural,
mientras falte algo por cumplirse.
Hasta el cierre del mes de noviembre, el Citma no había
declarado ninguna de las áreas restituidas totalmente, pues aún se trabajaba en
detalles como los mencionados anteriormente. El Grupo Hotelero Isla Azul debe
ser el organismo que entregue las primeras zonas devueltas a su estado
original. Granma pudo conocer por funcionarios del Citma que en la actualidad
todas las instituciones tienen identificadas sus ilegalidades y poseen el
conocimiento necesario para solicitar la Licencia Ambiental, lo cual comienza
por un estudio de factibilidad de la propiedad y en la Licencia se establecen
las normas que se tienen que aplicar en la demolición, acorde con dicho
estudio.
Pero realizar ese tipo de demoliciones es un proceso costoso
en correspondencia con el tipo de acción que ahí se tiene que efectuar,
sostiene Niurka Rodríguez Roig, subdelegada del Mintur en La Habana, “pues en
muchos casos se requiere de equipos pesados para llevar adelante la tarea”.
“Isla Azul es quien presenta mayores incidencias debido a
que tiene a su cargo gran parte de las instalaciones por erradicar. Los
principales problemas pasan por la demora con algunas maquinarias para efectuar
los trabajos de demolición, aunque se trata de realizar las tareas en los
plazos establecidos”, recalcó la funcionaria del Mintur.
Otro de los aspectos en que se trabaja es la coordinación
por parte de la Delegación Provincial del Citma —junto con el CAP y el CAM de
La Habana del Este— de un grupo de acciones ambientales en las playas del este,
como parte del proyecto de rehabilitación de esas zonas, insertado dentro de la
Estrategia Ambiental Provincial del periodo 2011-2015. “En el área de Tropi
Coco ya fueron rehabilitados 300 metros de playas, se reacomodó la duna en ese
tramo, se reforestó y se pusieron tres pasarelas para evitar el paso de las
personas por las dunas. Ahora en Boca Ciega se trabaja en igual sentido en los
primeros 200 metros, donde se construyeron otras dos pasarelas de acceso a las
playas”, agregó Meireles Casañas. También se conoció que las playas del este en
poco tiempo dispondrán de un Plan de Ordenamiento, creado por la DPPF de La
Habana. “Ello permitirá que los organismos y la población sepan dónde y cómo
se puede construir. Este es un trabajo de cara al futuro, con carácter nacional
y que cuenta con una serie de estudios para enfrentar la situación de
vulnerabilidad por penetraciones del mar y otras afectaciones a causa del
cambio climático”. ¿SIN CASAS EN LA
PLAYA? Las labores que hoy se realizan tienen como finalidad eliminar todas
las acciones ilegales en el sector estatal para dar el ejemplo a la población.
En el caso de las personas naturales, el IPF acordó de conjunto con el Citma,
durante el V Periodo de Inspección a las Playas, hacer un estudio de las
viviendas particulares ubicadas dentro de la zona costera y de ellas cuáles
tienen que ser erradicadas. “Lo primero es comunicar a la población que en la
actualidad no pueden hacerse nuevas acciones constructivas fuera del espacio
que ocupa el inmueble en la franja costera, pues el Decreto 212 así lo
prohíbe”, refirió Herrera Miranda. El propio directivo aclaró que no se
realizará ninguna acción en inmuebles particulares hasta que la última
edificación estatal sea erradicada completamente. Toda persona natural que
tenga una propiedad construida, con o sin documentos, dentro de la zona
costera, posterior a la salida del Decreto Ley 212 (8 de agosto del 2000),
deberá demoler su vivienda, independientemente de que no sea quien haya
realizado las acciones constructivas. En el caso de las personas que levantaron
sus inmuebles antes de la salida del Decreto 212, siempre y cuando se hiciera
de forma legal, tendrá cada uno un tratamiento diferenciado según la situación
que presente su vivienda, apegado a la ley. Según Herrera Miranda “este será
un proceso gradual, donde nadie quedará desprotegido. Lo que se edificó de
manera ilegal tendrá otro tipo de proceder, porque se hizo fuera del marco de
la ley”.
El subdirector provincial advirtió que los gobiernos
municipales tienen que encargarse de brindar una solución a las personas que
presentan inmuebles en la zona costera, ya sea mediante la reubicación de la
familia en otros sitios o a través de la construcción de viviendas en aquellos
lugares donde Planificación Física autorice su ejecución. Igual ocurre con los
inmuebles estatales que son eliminados y que brindan servicios a la población,
pues tienen que ser levantados o reubicados en otros espacios.
En el caso de las personas naturales, durante el V Periodo
de Inspección a las Playas, fueron detectados en La Habana del Este 122
ilegalidades, la mayoría casas de verano, que por ahora no se procederá a su
erradicación. “Si hoy existen todo tipo de violaciones es porque durante años
no se respetó el papel de Planificación Física. Los planes de ordenamiento
territorial y urbanismo no son nuevos. Lo que sucede es que no se aplicaron los
mecanismos establecidos”, sentenció Herrera Miranda. Varios directivos
entrevistados coincidieron en que muchas viviendas se levantaron o ampliaron
por desconocimiento sobre lo que establece la Ley, sumado a los problemas de
disciplina, “porque hay personas que conocen las reglas, no las respetan, y
hacen lo que sea de su conveniencia”. De ahí la importancia del papel rector
del IPF en el enfrentamiento a todas estas ilegalidades. “Este es un proceso
que lleva tiempo, pues la población tiene que recibir, oportunamente, un grupo
de informaciones que posibiliten la acción preventiva antes de que se haga
cualquier movimiento o cambio en la vivienda. El IPF debe arribar a una nueva
etapa cualitativamente superior. En esa línea, cada día debemos acercarnos más
para ofrecer los mensajes que las personas, de manera oportuna, necesitan
conocer sobre rdenamiento territorial y urbanismo”, dijo Mena Álvarez. En una
primera etapa las tareas se cumplían sin una adecuada planificación. En la
actualidad, las instituciones encargadas de demoler en el 2015 tienen que
haber incluido en su plan económico tal disposición, pues ello genera gastos de
recursos, sostuvo por su parte Herrera Miranda. “En el presente año el IPF
implementará un mayor nivel de exigencia con las personas jurídicas, aplicando
el Decreto Ley 272, Artículo XIV. Quien no cumpla con sus demoliciones será
multado, en este caso es para los directivos que planificaron la erradicación
del inmueble y la restauración del área, y no lo han hecho”. Hasta el día de
hoy el trabajo con organismos e instituciones estatales implicadas en la
erradicación de inmuebles en la zona costera proyecta resultados favorables,
gracias a que se ha logrado un cambio de mentalidad para cumplir lo que está
establecido. La Habana mostró avances en la protección de su franja costera en
el 2014, si se compara con el año 2013. Pero el peligro que representa la
aparición de fenómenos naturales y los continuos hechos de indisciplinas
provocan que las autoridades encargadas de velar por la protección de las
dunas, playas y costas adopten medidas de control para su resguardo. Durante el
V Periodo de Inspección a las Playas, el general de división Samuel C. Rodiles
Planas, presidente del IPF, alertó sobre la necesidad de entregarle, por parte
de los actores implicados, al organismo que él preside un cronograma de
trabajo, por escrito, de las
definiciones que hay que cumplir con cada caso. “Tiene que ser un documento con
un plan de medidas, plazos de ejecución, qué se cumplió y qué no se ha cumplido
y por qué no ha ocurrido. son acciones que se tienen que hacer de forma
planificada, para que cuente con la verificación de los compañeros del IPF.
Solo así se cumplirá a cabalidad lo establecido por el Citma, y se podrán
preservar las playas que hoy corren el riesgo de desaparecer”, sentenció
Rodiles Planas. TOMADO DE LA GANMA DE CUBA
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