Cantinas saludables La ley 19.140 de “Alimentación saludable en
los centros de enseñanza” prohíbe la venta de alimentos y bebidas que no
integren el listado elaborado por el Ministerio de Salud Pública y pretende
eliminar la venta de alimentos con alto contenido de grasas, sal y azúcar para
favorecer el consumo de productos naturales.
Un decreto ministerial establece que las denuncias por
incumplimiento se reciben en la oficina de Atención al Usuario o por la línea
telefónica gratuita 0800 4444. El impulsor de la ley, exdiputado y actual
senador Javier García, solicitó informes a la secretaría de Estado para conocer
el grado de fiscalización que ejerce el organismo y por la respuesta enviada
con la firma del ministro Jorge Basso se desprende que los controles son ambiguos
o inexistentes.
El MSP se limitó a responder que no recibió denuncias por el
número telefónico y, en una primera lectura, es fácil suponer que traslada la
responsabilidad institucional a un simple control ciudadano. Por tanto, si no
se instrumentan controles específicos a lo que ya establece la ley, las
prohibiciones comprometidas a futuro se presentan bajo dudosa credibilidad. De
hecho, el ministerio no otorgó un listado de centros educativos supervisados,
pero señala en su respuesta que “se debería establecer una normativa más
restrictiva”.
No se conocen datos acerca de la disponibilidad de alimentos
para niños y adolescentes celíacos o diabéticos en las cantinas de escuelas y
liceos, donde tampoco se verificó la publicidad existente sobre alimentos no
saludables.
Sin embargo, el Artículo 12 del decreto ministerial 60/014
dice que “el Ministerio de Educación y Cultura coordinará con el Ministerio de
Salud Pública, la Administración Nacional de Educación Pública y los organismos
que corresponda, la aplicación, supervisión y fiscalización de los artículos
precedentes, en los centros educativos del país”. Las políticas sanitarias
provienen de una única cartera y ese organismo rector deberá buscar los
mecanismos para su cumplimiento. Y lo mismo ocurre con la instrumentación de
una resolución que permita una mayor accesibilidad a los alimentos sin gluten,
cuyos costos imposibilitan una mejor calidad alimentaria a quienes padecen de
enfermedad celíaca. En tal caso, no deberían demorarse las respuestas ni aguardar
a un proyecto de ley parlamentario que reclame tales condiciones para saber que
es imprescindible enriquecer las dietas de quienes padecen tales patologías.
Las supervisiones y respuestas técnicas –en estas y otras
áreas-- solo se logran con voluntad política y una visión de humanismo
práctico, porque en la teoría y a la hora de los discursos siempre se reiteran
los mismos conceptos. TOMADO DE EL TELEGRAFO DE URUGUAY
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