NUESTRA VERGÜENZA AMBIENTAL

NUESTRA VERGÜENZA AMBIENTAL La equidad social empieza por la salud y el ambiente de nuestra gente Santiago, lunes 6 de julio de 2015, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.-  Hemos sido informados que Chile gasta sólo 0,1% del PIB en protección ambiental, la cifra más baja de la OCDE. Ello se expresa que el Gasto Público en Protección Ambiental (GPPA) por persona en Chile es de apenas 8.900 pesos. Ante estas evidencias, no hemos podido, inevitablemente, más que ruborizarnos de vergüenza por la revelación de estos datos.  Ahora nos explicamos del por qué nuestra gente se está enfermando y muriendo con tanta contaminación atmosférica, del por qué tenemos tantos problemas ambientales sin resolver, del por qué tenemos tantos conflictos socio ambientales, del por qué las empresas tienen tanta libertad para cometer sus delitos ambientales, del por qué nos ufanamos tanto de construir un país limpio cuando en realidad no le damos prioridad. Puro discurso. Conocemos y trabajamos con municipalidades y con el Ministerio del Medio Ambiente y sabemos de sus convicciones ambientales, de su entrega absoluta a la sustentabilidad ambiental, de las ejemplares y estoicas experiencias y prácticas de gestión ambiental, pero nos sorprenden los datos económicos que se han revelado y nos decepcionan. Nos decepcionan profundamente.

Los responsables

¿Quiénes están detrás de toda esta ignominia? Obviamente, quienes manejan las finanzas del país, quienes probablemente no tienen idea de lo que es el medio ambiente y de las graves consecuencias que hoy su crisis significa para nuestra gente, sobre todo la más vulnerable. Digamos las cosas por su nombre: Chile está en crisis ambiental. Y encima de ello, se avecina una reducción drástica del presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente. ¿En qué mundo estamos?

La crisis ambiental de Chile podemos percibirla con las reiteradas preemergencias que se han declarado en Santiago; con los altísimos niveles de contaminación del aire desde la zona Centro hacia el Sur;  con la existencia de las Zonas de Sacrificio por las termoeléctricas; con los desastres climáticos como los del Norte; con la sequía que corroe los suelos, la agricultura y la vida del campo; por el derretimiento de los glaciares que nos puede dejar sin recursos hídricos; por… ¿seguimos…?

Las autoridades que administran las finanzas de este país lo saben: Chile se sumerge en un miasma ambiental solo comparable con la que sufren los países del Asia o África. Y tan solo le presupuestan OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS a cada uno de sus ciudadanos para cuidarlos ambientalmente. El Ministerio de Hacienda nos dice que el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente para el 2015 creció 16,8%, considerando recursos para implementar 14 planes de descontaminación. Pero, al parecer, por la crisis atmosférica de las regiones Centro-Sur del país y por las crisis ambientales irresolutas, ello no ha sido suficiente.  Y no es que no hayan recursos para enfrentar  las crisis ambientales de Chile. Los hay y lo señalan especialistas en la materia. El tema son los criterios y prioridades que las autoridades financieras nacionales le otorgan a cada uno de los rubros del presupuesto nacional.

Desafíos Por cierto, las decisiones en materia financiera y presupuestal de Chile, como en todo país, dependen de la voluntad política de sus gobernantes. Pero también depende de otros componentes: los gobiernos regionales y locales, de los técnicos y expertos de la academia y, sobre todo, de la ciudadanía. El presupuesto 2016 es un gran desafío para la sociedad civil de nuestro país que permita superar la vergüenza que los datos de la OCDE nos muestran. Además, y sobre todo, porque constituye una demanda fundamental  a que nuestro Estado, nuestro Gobierno, nuestras autoridades financieras entiendan de una vez por todas, a que asuman y decidan que no es posible mantener $8.900 para la protección ambiental de cada uno de nuestro habitantes.Resultaría inconcebible que el dinero que todos los chilenos aportan a su derecho a vivir en plenitud en este su país, sea destinado, mediante el presupuesto nacional, a otras prioridades que no sea la protección de su salud ambiental, a su bienestar y a la felicidad a la que todos y todas aspiramos.

Municipalidades

Nuestras reflexiones personales apuntan en dos direcciones y propuestas:

En primer lugar, consideramos que las municipalidades tienen un desafío en esta materia. Sabemos de los múltiples problemas que deben atender a diverso nivel, pero el que hoy abordamos debería ser uno dentro de sus prioridades.Por ejemplo, podría ser posible que los gobiernos locales demanden mejores condiciones de apoyo financiero a sus gestiones ambientales locales en alianza con sus comunidades, a través de los recursos provenientes de la Subsecretaría Regional y Administrativo, Subdere,  del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiental, FPA, del Fondo Acceso Energético, FAE, del Ministerio de Energía, entre otras fuentes. No obstante, ello no es suficiente, los procesos son complejos, engorrosos e inciertos. Las municipalidades debieran tener acceso directo a recursos del Estado mediante flujos específicos destinados a su gestión ambiental y a enfrentar las crisis comunales ambientales que les afecta.Se ha dicho en todos los términos: los municipios son la cara visible del Estado, son los principales interlocutores ante la ciudadanía, son las instituciones que tienen que asumir el día a día los problemas de la comunidad. Sin embargo, el gobierno central no les presta la atención, ni a los instrumentos, ni a los recursos que requieren para cumplir dichas labores. Justicia Ambiental en la comunidad  Sin embargo, en donde reside el rol fundamental para enfrentar esta situación es desde el ámbito local, es desde la ciudadanía. Hoy son las comunidades locales las que están siendo las víctimas ambientales de este mísero $8.900 por persona para su atención en salud ambiental y sustentabilidad de su entorno. Y ello es inadmisible. Se trata de JUSTICIA AMBIENTAL.  Es decir, si estamos tratando de reconstruir un país con justicia en derechos humanos conculcados por la dictadura militar, ahora estamos también frente al desafío de luchar y conquistar otro derecho humano: el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sustentable.  La Justicia Ambiental no es un favor que se pueda obtener por generosidad de quienes detentan el poder. En toda la historia de la civilización y de nuestro Chile, la justicia humana es una conquista ganada a costa de una esforzada lucha de los marginados, de los sin-justicia. Lo mismo podemos decir respecto al tema ambiental. Sugerencias Nuestra propuesta respecto al tema que nos convoca incluye lo siguiente: 1.       Preparar propuestas normativas específicas por municipios y comunidades locales respecto a demandas de mayores atribuciones  y facultades que permitan una gestión ambiental local más eficaz, eficiente, con mayores atribuciones y recursos.

2.       Diseñar propuestas de estrategias de gestión ambiental local que involucren la Evaluación Ambiental Estratégica Local (EAEL); Inventarios, Balances y Estrategias Hídricas Comunales; Planes Energéticos Comunales;  y Mapas de Huella de Carbono Comunal.

3.       Generar alianzas estratégicas entre el MMA, municipios, organizaciones sociales, ONG, academia y productores económicos a nivel comunal, que posibiliten mesas de diálogo, programas y líneas de acción en torno a los temas y problemas ambientales locales.

4.       Promover la participación ciudadana en torno a estos temas mediante campañas, movilizaciones y actividades locales de sensibilización, información y educación de la comunidad.

5.       Exigir que se cumplan los compromisos de aportes prometidos al Fondo Verde del Clima, y canalizar sus recursos a los países y comunidades en mayor riesgo y vulnerabilidad ante el calentamiento global, la sequía y la subida del nivel del mar. Tomado de envio de boletín gal de chile