lunes, 20 de junio de 2016

EL DERECHO A SABER A QUE RIESGOS ESTAMOS EXPUESTOS

 “Las personas tienen derecho a saber a qué riesgos están expuestas”
Para Mónica Araya, directora de “Nivela” y de “Costa Rica Limpia”, se necesita mejorar el lenguaje sobre el cambio climático para que la ciudadanía entienda los riesgos que conlleva. Además, explicó que la sociedad civil deberá de tener un papel preponderante en el camino de la implementación del Acuerdo de París.
(Foto: Armando Maynez)
Entrevista de Pilar Celi Frías  “En la medida que no haya presión de la sociedad civil, se corre el riesgo de que los congresos de los países pospongan la ratificación del Acuerdo de París pues consideran importantes otros asuntos”, subraya Mónica Araya, economista costarricense especializada en cambio climático, desarrollo limpio y estrategias ciudadanas; quien la semana pasada participó en el seminario “Partidos políticos frente a los desafíos ambientales”, desarrollado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung en Lima, Perú.
Araya, fundadora de Nivela y directora de Costa Rica Limpia, sostiene que uno de los temas que más le preocupan es el transporte en Costa Rica y Latinoamérica. Para ella, ningún presidente latinoamericano se ha comprometido con los ciudadanos para darles un transporte limpio ni para resolver la congestión vehicular.
¿Qué permitió el encuentro “Partidos políticos frente a los desafíos ambientales”?
Permitió traducir el tema del cambio climático a un lenguaje de senadores, congresistas, partidos políticos, de tomadores de decisiones; porque cada vez más personas se dan cuenta que hay un vacío en el tema. Se sabe, además, que en programas de cambio climático la sociedad avanza más rápido que los políticos.
Precisamente, en la última conferencia climática desarrollada de Bonn –previa a la COP22–, una de las conclusiones fue que se ha iniciado la consolidación de trabajo entre el Estado y la sociedad civil. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Primero, hay que tener en cuenta que, para llegar al Acuerdo de París, el rol de los actores no estatales fue vital. No se puede decir que el Acuerdo es solo resultado de las negociaciones entre Estados, porque hubo una participación muy importante de las ONGs, inversionistas en energías renovables y alianzas entre alcaldes, entre otros. Para la implementación del tratado, la ciudadanía también tendrá un trabajo vital –que debe organizarse y crear propuestas claras– porque a partir de ahora habrá debates en los congresos y nuestros representantes políticos no necesariamente hacen lo que un presidente quiere. Y algo muy real que hemos visto es que, en la medida que no haya presión por parte de la sociedad civil, se corre el riesgo de que los congresos pospongan la ratificación porque
consideran importante otros temas. FOTO Mónica Araya, directora de “Nivela” y “Costa Rica Limpia”.
En Perú habrá un nuevo congreso dentro de poco y lo mismo sucederá en Estados Unidos y otros países. ¿Estos cambios políticos ponen en riesgo la implementación del Acuerdo de París?
Siempre que hay cambio de gobierno en cualquier país se crea incertidumbre, pero en la práctica es muy difícil que cualquier político retroceda un acuerdo. Un caso muy concreto es lo sucedido en México: cuando el expresidente Felipe Calderón –quien era muy activo en el tema del cambio climático– finalizó su mandato, había mucha incertidumbre sobre lo que se vendría. Cuando asumió el actual presidente, Enrique Peña Nieto, se siguió por el mismo camino, a pesar de pertenecer a un partido político diferente, porque se dio cuenta de que el tema del cambio climático había crecido. Y así, inversionistas, ONGs y otros grupos ya están organizados. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump tiene un discurso muy hostil sobre el cambio climático, pero  hay leyes, Estados y procedimientos detrás de cada país. En el caso de Perú se ve la necesidad de trabajo en el Congreso, porque probablemente habrá políticos que no sigan el tema y se necesita trabajar en la transparencia.
 ¿Y cuál sería el rol de la sociedad civil en el proceso de ratificación y entrada en vigor del Acuerdo de París? 
La sociedad civil tiene que ser muy creativa. Se puede pensar, por ejemplo, en una campaña ciudadana o de ONGs en la que se haga una mezcla de monitoreo y se publiquen videos para preguntar a los congresistas si están a favor o en contra de la ratificación. También se pueden aprovechar las redes sociales. En Costa Rica se ha viralizado el tema del transporte y ya está en primera plana de los periódicos costarricenses. A veces los temas del cambio climático no son cubiertos por la prensa, allí es cuando la sociedad civil debe ser muy activa. Hay que ser más proactivos y explicar por qué el Acuerdo es bueno. Los partidos políticos están desaprovechando las oportunidades. Por ejemplo, en Perú, durante las elecciones, el cambio climático no fue un tema importante.
 Costa Rica, el transporte y el Acuerdo de París
Durante la entrega de las contribuciones, una de las más ambiciosas fue la de Costa Rica, que además espera ser carbono neutral. ¿Qué es lo que le falta al país para ser aún más transformador?
El Gobierno de Costa Rica está tratando de disminuir las emisiones absolutas para el 2030: las emisiones que lleguen tienen que ser 25% menos de lo que eran en el 2012 y el proceso seguirá hasta que se descarbonice totalmente. En uno de los escenarios, esto ocurriría en el 2050, pero es un proceso que tomará tiempo. En la práctica, lo realmente transformador es ponernos metas, pero en términos de barriles de petróleo. Este año hemos importado 18 millones de barriles de petróleo y realmente creo que podemos bajar esas cifras, lo que implica tener un transporte limpio porque es uno de los sectores que emite más gases de efecto invernadero (GEI) en Costa Rica. Además, queremos resolver el problema del transporte público. Como decimos en Costa Rica, que sea limpio y digno, que la gente vaya en un transporte de calidad y eso aún está ausente de la oferta política en la actualidad. Hasta ahora no vemos un presidente latinoamericano que diga “me comprometo a que la gente tenga un transporte limpio de calidad” y que, además, resuelva el tema de la congestión.
Costa Rica fue uno de los países que negoció duramente para introducir el tema de derechos humanos en el Acuerdo de París. ¿Se logró lo que se buscaba?
Los derechos humanos son muy importantes para el presidente Luis Guillermo Solís, así como para las ONGs y muchos grupos en Costa Rica. Pero creo que debemos mejorar el lenguaje para explicar el cambio climático. Desde el punto de vista de la ciudadanía, más que hablar de derechos humanos, lo que estamos haciendo es aterrizar el concepto hacia la transparencia: las personas tienen derecho a participar, a saber cuánto se está avanzando, tienen derecho a saber a qué riesgos están expuestos.
¿Cómo se puede hablar claramente sobre el cambio climático?
Hay que mejorar los conceptos y hacerlos más cercanos a las personas. Hay que explicar fácilmente lo que la ciudadanía necesita: parques, ciclovías, reciclaje, entre otros, e indicar cómo mejoran esos aspectos en la calidad de vida y la salud.
¿Y cómo se logra el entendimiento?
En Costa Rica podríamos tener una aplicación para que desde un teléfono se puedan conocer los riesgos que enfrentan las personas ante el cambio climático. Habría que leer la Comunicación Nacional [el documento oficial presentado periódicamente por los países a la ONU que detalla los efectos del cambio climático a nivel nacional y las acciones tomadas] para conocer esos puntos, pero nadie lo hará. Es una de las propuestas que tenemos desde Costa Rica Limpia: tomar la comunicación nacional y junto a los expertos y otros grupos de la sociedad civil, traducir ese riesgo.

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