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fotografia de Italia , autor luis pedro mujica

lunes, 30 de enero de 2017

ASESINAN EN COLOMBIA A RECLAMANTES POR DERECHOS DE TIERRAS

Van 4 líderes asesinados este año en Antioquia
En una zona boscosa del sito El Tigre, de Turbo, fue hallado el cadáver del reclamante de tierras, Porfirio Jaramillo. FOTO AFP Y CORTESÍA FAMILIA
12 líderes y defensores de D.H. fueron asesinados en 2016, en Antioquia, según la Defensoría.
Una difícil situación enfrentan defensores de Derechos Humanos, reclamantes de tierras y líderes cívicos y ambientales de Antioquia donde este año ya han asesinado a cuatro dirigentes y 11 más han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la ley.
El último hecho violento se registró en la noche del pasado sábado en el sitio El Tigre, de Turbo, donde asesinaron al líder de reclamantes de tierras en Urabá, Porfirio Jaramillo Bogallo.
Según Paola Cadavid, directora en Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, el campesino solicitaba la restitución de un predio, en la vereda Buenos Aires, del corregimiento Nuevo Oriente, de Turbo.
La funcionaria, al rechazar este homicidio, indicó que en julio de 2016 lo habían amenazado por lo cual, desde agosto, se había activado la ruta de protección ante la URT.
Este hecho se suma al asesinato hace 8 días, en el municipio de Jardín, suroeste de Antioquia, del conservacionista Alberto Suárez Osorio, administrador de la reserva Mesenia de la Fundación Colibrí.
El 12 de enero asesinaron, en la vereda Llano Cañaveral , de Sonsón, a Edmiro León Alzate, uno de los líderes del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete).
En zona rural de Carepa, región de Urabá, el pasado 11 de enero le dieron muerte a José Yímer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú y líder de la Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba.
Mesa de Garantías
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, dijo que en la Mesa de Garantías, reunida el pasado jueves en la Gobernación, se conocieron denuncias de 11 dirigentes amenazados entre los que se encuentran, mineros de Segovia y Remedios, integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Marcha Patriótica y periodistas.
La funcionaria advirtió que la situación tiende a ser más difícil, porque en el Ministerio de Defensa hay una orden de retirar las escoltas de la Policía y dejarla solo para alcaldes y gobernadores.
En consecuencia, para garantizar la labor de estos líderes, en esa reunión, se firmó un protocolo que reglamenta la Mesa Territorial de Garantías, que buscará la interlocución entre las organizaciones defensoras de D.H.
El alcalde de Jardín, William Rendón, dijo que el asesinato del líder causó preocupación, ya que el ambientalista gozaba de aprecio y no se conocían amenazas contra su vida.
El defensor del Pueblo de Antioquia, John Jaime Zapata, dijo que las situaciones más complejas de riesgo para líderes políticos, sociales, comunitarios y defensores de Derechos Humanos se registran en Bajo Cauca, Valle de Aburrá, Suroeste y Oriente.
Sobre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, incluso hay un plan para “desestabilizar su gestión” de parte de la delincuencia.
Según el defensor, en estas regiones el factor de violencia más constante es el que ejercen los grupos armados, como las autodefensas Gaitanistas, clan del Golfo y la Oficina.
Alcaldesa de Angelópolis
La Policía reforzó las medidas de seguridad para la alcaldesa de Angelópolis, Olga Lucia Zapata. Según el secretario de Gobierno de la población, Carlos Mejía desde diciembre se han conocido amenazas contra la mandataria, por, al parecer, la recuperación de predios del municipio o por asuntos políticos.
La Defensoría del Pueblo informó que el 24 de enero le solicitó a la UNP atender con prontitud la seguridad del personero de Barbosa, Jairo Becerra, amenazado por delincuentes, el 11 de diciembre.
La Mesa de D.H. del Valle de Aburrá dijo que sus 17 integrantes están amenazados.
ILEGALES BUSCAN PROTAGONISMO
Un análisis de la Defensoría del Pueblo de Antioquia indica que tanto la Oficina como la autodefensas Gaitanistas han pedido inclusión en procesos de paz, ante lo cual el Gobierno ha argumentado que es imposible considerar a estos grupos como organizaciones políticas y ha sostenido que para ellas por estar dedicadas a la criminalidad y al narcotráfico no hay otro camino que someterse a la autoridad. “Con el ánimo de obtener reconocimiento pueden incurrir en el ejercicio de violencia con un matiz más político y en este grupo se encuentran defensores de Derecho Humanos y líderes sociales y políticos”.

RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO Comunicador social-periodista de la Universidad de Antioquia. Redactor del área Metro hace 20 años. Periodista judicial hace 30 años. También ha trabajado como locutor y periodista de radio en la Cadena Caracol. Autor del libro Expresión oral para periodistas, editorial UPB. TOMADO DE EL COLOMBIANO