Al cumplir sus primeros 12 meses como presidente
constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo
fielmente una de sus promesas: "no exagerar" en la normativa
ambiental, "ser realistas" para atraer inversiones(1).
En efecto, durante este año el Gobierno ha retrocedido –aún
más- en la tímida política ambiental que había construido el Estado peruano. El
Ministerio del Ambiente ya no pretende convertirse en autoridad rectora, sino
que ha sido relegado al papel de promover campañas informativas e impulsar
algunos proyectos específicos. La errada concepción detrás de todo esto es que
las políticas ambientales impactan negativamente en el crecimiento económico.
El Gobierno se ha comprado el discurso que los gremios
empresariales han venido sosteniendo durante los últimos años, desde que el
Estado empezó a impulsar algunas políticas de regulación y fiscalización
ambiental. Según los voceros de las grandes empresas, la excesiva
"tramitología" era la causa de una menor inversión en el sector
minero y de la desaceleración de la economía. Frente a ello, la solución sería
reducir los "trámites" –particularmente ambientales- y en general
flexibilizar los reglamentos, las exigencias y la fiscalización a las empresas.
Es a partir de este enfoque que se deben entender las
diversas decisiones que ha venido tomando la gestión de PPK en el último año.
Entre los retrocesos socioambientales más saltantes se encuentran los
siguientes:
ordenamiento territorial en el limbo: con su nuevo
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente
renuncia de manera ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento
Territorial, contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse
aprobado ninguna norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este
proceso -fundamental para ordenar las actividades, equipamiento, servicios,
etc., en un territorio- ha quedado en el limbo legal.
propuesta de nuevo reglamento de exploración minera: El
nuevo reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de
trámites para la exploración minera, además en determinados proyectos de
exploración se reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el
viceministro Labó, el objetivo de este reglamento es "revertir la caída de
las inversiones". Como vemos, se trata de una norma ambiental que
explícitamente tiene objetivos económicos.
los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que
–entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces
(pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este
"sinceramiento" buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico
de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por
tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de
PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas
de procesamiento de minerales.
aguas residuales: el DL 1285 reduce las exigencias y
procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales. Esta
norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para
Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros microbiológicos y
parasitológicos como los coliformes totales- buscaría facilitar la inversión en
saneamiento.
reconstrucción sin cambios: tras el fenómeno meteorológico
denominado "El Niño Costero", la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería
tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí
incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes,
Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y
regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar
corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial:
si inicialmente creímos que la "reconstrucción con cambios" tenía que
ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta
preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de
zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente
pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas
establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una
visión integral.
el MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio
relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como
nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo
Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de
adaptación y mitigación del cambio climático.
minería ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la
lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en suspenso
las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su
formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando
mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños
irreparables al ecosistema.
Desde CooperAcción venimos sosteniendo que este enfoque es
errado. La desaceleración económica no tiene que ver con las normas
ambientales, sino con la variabilidad global de los precios de las materias
primas y con decisiones de inversión de las propias empresas. De hecho, una
encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq(2) muestra que los
empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales del
retraso en los proyectos mineros son "decisiones estratégicas de la casa
matriz", "menores precios", "mayores costos" y
"problemas con el mantenimiento", versus apenas 5% que menciona
"trámites del gobierno nacional". Adicionalmente un 23% considera que
la causa principal son "conflictos sociales", los mismos que en gran
parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.
Relajar las normas traerá a la larga no solo mayores costos
sociales y ambientales, sino también mayores costos económicos para la sociedad
y para el Estado, pues los problemas que se generan en algún momento tendrán
que resolverse y alguien debe responsabilizarse de ellos. Un aire de peor
calidad, asociado a enfermedades que deberán ser tratadas por el sistema de
salud, se traducirá en mayores gastos. Un agua de peor calidad costará más para
ser potabilizada e igualmente puede ocasionar a la larga una serie de
enfermedades. El crecimiento de nuestras ciudades y otros centros poblados sin
planificación territorial hace que se deterioren las condiciones de vida e
incrementan nuestra vulnerabilidad a múltiples amenazas, las cuales se pueden
intensificar en un contexto de cambio climático. Ya en 2007 un informe del
Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los costos económicos de la degradación ambiental
en el Perú. La incapacidad actual del Estado para afrontar la gravísima
contaminación que sufren poblaciones como las de Simón Bolívar (Pasco),
Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la dramática realidad de esta cifra.
Para un desarrollo sostenible en el tiempo, el Gobierno debe
dejar atrás este enfoque caduco que contrapone economía versus ambiente. Una
inversión con visión de futuro debe ir de la mano con una autoridad ambiental
fuerte y con capacidad para garantizar el bienestar de las personas y de los
ecosistemas.
26 de julio de 2017
(1) “PPK buscaría
reducir estándares ambientales para promover refinerías. Mandatario electo dijo
que actuales normas ambientales del país "son irreales" y
"tenemos que cambiar eso".”. Nota en La República, 4/07/2016:
http://larepublica. pe/politica/785489-ppk- buscaria-reducir-estandares-
ambientales-para-promover- refinerias
(2) IV Encuesta Minera, diciembre 2016, BCRP, ciata por el
centro Wiñaq.
http://cooperaccion.org.pe/ main/opinion/744-ppk-un-ano-
desmantelando-politicas- ambientales#a2 – enviado den red foroba
