El camino corto no siempre es el mejor
Por Aníbal Fernando Parera
fotito de Luis Mestre Director de Forestales
Enredado en la incapacidad de sus propias filas, el gobernador correntino aprobó por decreto su Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos. Pero al esquivar el trabajoso camino de crear consensos, terminó recortando beneficios a toda la sociedad.
La pluma del gobernador finalmente se dejó caer sobre un proyecto de decreto que daba vueltas por oficinas y pasillos desde hacía semanas, esquivando todos aquellos rincones donde, se sabía, alguien saltaría para reclamar algún interés particular o sectorial.
Se trata del instrumento que resuelve el ordenamiento del casi un millón de hectáreas de Bosques Nativos correntinos. Algo así como el manual que dicta en qué zonas habrá que conservarlos sin extraer árboles (zonas en “rojo”, donde sólo se permitiría una ganadería de bajo impacto), en qué otras podrán cortarse ejemplares sin eliminar el conjunto (zonas en “amarillo”) y dónde, en cambio, podrían admitirse desmontes de tala rasa para realizar agricultura intensiva (zonas “verdes”).
Todas las provincias deben hacerlo, siguiendo un mandato que proviene de la Ley Nacional 26.331 que las obliga a desarrollar sus Planes de Ordenamiento de Bosques Nativos en plazo perentorio, congelando mientras tanto todos los permisos de tala.
A nadie escapa que los abusivos desmontes de los últimos años en el norte argentino, impulsados en gran medida por el avance de la soja, fueron movilizados por influyentes intereses que no se quedarían tranquilos mientras rija una moratoria. Así, quienes pergeñaron la ley nacional, anticiparon movimientos agazapados –distantes de discusiones elevadas y participativas– y en simetría perfecta con la pericia de políticos avezados en permisología. Por eso la Ley Nacional exigía mecanismos participativos y búsqueda de consensos.
Ratificando lo anterior, el acceso a un Fondo Nacional de fomento a la preservación de los bosques (en un 70% dedicado a resarcir en forma directa a productores que se encuentren con limitaciones en el nuevo régimen, y 30% para, entre otras cosas, impulsar que los bosques nativos sean más productivos sin necesidad de talarlos), quedaría excluido para aquellas provincias que eligieran evadir discusiones y avanzar por Decreto.
Corrientes se quedó afuera. Cabe profundizar la pregunta ¿Sólo de los fondos, se quedó afuera?
Un escenario torpemente configurado por los cuadros medios del Ministerio de la Producción no dejó al gobernador muchas alternativas. Habían arrancado bien, con premura, convocando a los organismos de referencia (INTA, CECOAL, IBONE, universidades). A poco andar cometieron su primer error: dejar afuera dos actores sociales claves, las organizaciones ecologistas y los productores rurales (aunque convidaron muy especialmente a una pequeña fracción de inversionistas agropecuarios con marcado interés en levantar el congelamiento de los permisos: la UTE de arroceros grandes que insiste con represar el arroyo Ayuí Grande, que en sus orillas alberga, justamente, bosques nativos).
Todo se desbarrancó para los funcionarios del área una vez que dieron a conocer los primeros mapas verdes, amarillos y rojos. Lo verde enojó a los ambientalistas. Lo rojo, a los productores. Su caprichosa distribución no era entendida, ni respaldada, por los propios equipos convocados en su construcción, cuyos integrantes cayeron en la cuenta que habían sido intelectualmente emboscados. Sus nombres estaban en un producto cuyos resultados habían sido dibujados (y desdibujados) a puertas cerradas.
Para cuando llegaron las audiencias públicas, donde la ciudadanía tendría su espacio para opinar, no quedaba ni un solo integrante de los equipos externos a bordo. Algunos, como científicos del prestigioso Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) llegaron a firmar manifiestos en contra del mismo. Desde el INTA reclamaron, aunque por lo bajo, que ni los mapas, ni las fórmulas, eran las que habían propuesto. En las presentaciones públicas del plan –fueron tres las desoídas audiencias–, ni uno de ellos apareció.
Veintitrés organizaciones ambientalistas nacionales y provinciales elevaron a las autoridades correntinas un pedido de revisión del Plan en un documento con diez puntos, que empezaba por pedir que el mismo NO sea aprobado por Decreto, sino por la vía parlamentaria, y seguía por consideraciones técnicas, ninguna de las cuales fue atendida. En rigor de verdad, las autoridades ni siquiera acusaron recibo (aunque la solicitud fue publicada, elevada por nota al Ministro de la Producción y presentada en cada una de las audiencias).
Con el anuncio del Decreto, y una inteligente, aunque corta, operación de prensa asociada, el gobierno quiso demostrar un perfil de doble virtud: una medida que ofrecería seguridad jurídica a los productores y tranquilidad a los cultores del medio ambiente; cuando en verdad no hizo más que desoírlos a todos, esquivar la concertación, resignar los fondos y poner en riesgo buena parte de los bosques correntinos, en especial los del Espinal, que en los departamentos australes estarán sujetos a presiones adicionales de lobbies agrícolas y forestales. De esos que muchas veces no tienen mucho de “correntinos”. En especial, sus cuentas bancarias.
No, no sólo de los fondos se queda afuera Corrientes. También de la credibilidad y el reposo que la ciudadanía debe encontrar en sus representantes a la hora de diseñar políticas públicas de largo plazo.
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