El vicepresidente del Grupo Clarín privatizó un río para plantar arroz
Publicado el 8 de Agosto de 2010
Por Fernando Pittaro
José Antonio Aranda, en sociedad con George Soros, construirá una represa e inundará 8 mil hectáreas (la mitad de la Capital Federal) para cumplir su sueño empresario. La queja de los productores. La denuncia del hijo de Landriscina.
Imagínense la mitad de la Ciudad de Buenos Aires sepultada bajo el agua. Así quedarán 8000 hectáreas de la localidad correntina de Mercedes. Para lograrlo, regularán el agua de un arroyo que regará 20 mil hectáreas de arroz. Desaparecerán bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros y numerosas especies nativas. Será la primera vez en la Argentina que un curso de agua, de dominio público, esté al servicio de empresarios privados. Se trata de la Represa Ayuí Grande, una obra monumental que encara el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en alianza con el magnate húngaro George Soros.
Los que se oponen al proyecto señalan que hay un agravante mayor: tanto la Legislatura como el gobierno provincial lo avalaron. “Es una locura que se permitan este tipo de emprendimientos. Sólo hay antecedentes de obras similares cuando el Estado las realiza como obra pública, en beneficio de toda la población, para proveer electricidad, por ejemplo. Pero en este caso, son dos empresarios que se apropian de un río solamente con ánimo de lucro”, denuncia a Tiempo Argentino el biólogo Aníbal Parera. María Vallejos es una de las tantas voces de la localidad de Mercedes que se levantó en contra del emprendimiento. En diálogo con con este diario, resume su posición y remarca lo difícil que es instalar el tema en los medios locales y provinciales: “Al principio fue casi imposible que los medios de comunicación se hicieran eco de nuestro reclamo. Las empresas hicieron una campaña publicitaria impresionante. Hasta le prometieron 100 mil pesos al hospital local. Son intereses muy poderosos los que hay detrás. Somos conscientes que estamos dando una batalla muy desigual.” Pero la lucha por ganar la pulseada de la opinión pública no sólo quedó limitada a los medios de la provincia. La polémica se instaló en los medios nacionales, cuando durante el año 2008 el Canal Rural, del cual el Grupo Clarín es accionista, censuró un programa de Luis Landriscina donde entrevistaba a Enrique Lacour, Presidente de Fundación Iberá, la principal ONG que se opone a la construcción de la represa (ver recuadro).
El propio Lacour sabe que el proyecto tenía el visto bueno de lo más alto del poder provincial. “Me imagino que no se van a oponer a este proyecto, mirá que hay orden de arriba. Esto se hace o se hace”, le dijo personalmente el Ingeniero Mario Rujana, Interventor del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).
Los intereses comerciales que están detrás del emprendimiento arrocero tienen nombre y apellido. Es el de las empresas Copra SA, cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y Adecoagro, de George Soros (ver recuadro).
Pero todos coinciden en que es el propio Aranda el que mayor apuro tiene en comenzar las obras. Los campos de Soros y Aranda son vecinos. Apenas están separados por el Arroyo Ayuí –que por su caudal, los lugareños llaman “río”–, el mismo que quieren embalsar para aumentar exponencialmente la producción de arroz hasta llegar a 120 mil toneladas anuales. El paredón que contempla la construcción de la represa unirá a los dos empresarios y permitirá regar unas 20 mil hectáreas de las 70 mil que ambos tienen sobre la costa del espejo de agua (ver infografía). La mayor parte de la producción se exporta a Venezuela y, en menor medida, a Brasil. “Ellos que hablan tanto del maldito Chávez, le exportan todo a Venezuela”, agrega irónicamente Lacour.
“Don Aranda”, como lo conocen en Mercedes, es un hombre de peso en el ámbito ganadero y arrocero de la región. Actualmente es presidente de la Asociación Bradford Argentina y tiene una excelente llegada a la Sociedad Rural local. Los viejos pobladores cuentan que siempre mantuvo un bajo perfil. Llegó a Corrientes hace más de veinte años y fue comprando varios campos en la zona hasta llegar a las 40 mil hectáreas que tiene actualmente, en su mayoría dedicadas a la producción de arroz (ver recuadro).
Hay una persona que responde por Aranda en suelo correntino. Es el contador Ricardo Freire, su mano derecha y operador comercial en Mercedes, una ciudad históricamente ganadera que de a poco le va dando lugar al negocio arrocero. A Freire todos lo conocen como “El Guasón”. A pesar de que vive a cuatro cuadras de las oficinas de Copra, en la calle Sarmiento 879, llega todos los días en una imponente camioneta Jeep Cherokee negra. Después de varios intentos, dialogó con Tiempo: “Hay ciertos sectores que generan información distorsionada. Quieren estigmatizar el arroz, pero hay que entender que es un cultivo que alimenta al mundo. Tiene más de 10 mil años de historia. No es un problema producir alimentos, todo lo contrario, producir alimentos es construir a la paz mundial. El mundo necesita alimentos, y los que están en condiciones de producirlo, tienen la obligación de hacerlo.”
Pero donde Freire ve progreso económico y un aporte a la paz mundial, los especialistas en medio ambiente hacen hincapié en los graves daños que sufrirá el ecosistema.
–¿No le preocupa el impacto ambiental que producirá?
–Todo acto del hombre implica un impacto. Esta comunicación telefónica está generando un impacto. El impacto ambiental existe, ya que estamos modificando cierta región para desarrollar el proyecto, pero siempre tratando de causar el menor daño posible. Pero el mayor impacto es el social y el económico: crearemos 1500 nuevos puestos de trabajo entre mano de obra directa e indirecta. Teniendo en cuenta que más del 50% de la población correntina tiene problemas de trabajo y pobreza, aportar semejante inversión creo que es uno de los elementos fundamentales que las autoridades tuvieron en cuenta para apoyarnos.
–Pero el agua es un bien público. Es ilegal apropiársela.
–El agua es un bien público que administra el Estado, pero nosotros no nos apropiamos, nos van a dar una concesión para utilizar el agua. Además, Corrientes es una provincia donde el agua abunda y la agricultura apenas llega al 1% de las tierras cultivables.
Es la propia historia correntina la que contradice los dichos del gerente de Copra. Basta con conocer la historia de Luis Picolini, un productor agropecuario de Paso de los Libres que vivió en carne propia los efectos devastadores de una represa. Fue en 1992 cuando empresarios brasileños se radicaron en el lugar y prometieron trabajo estable y abastecimiento de agua para los campos. Sucedió todo lo contrario. Sólo quedó el tendal. Mientras recorre las instalaciones obsoletas de su campo, recuerda los comienzos junto a su padre. Empezó sembrando diez hectáreas y llegó a tener 200. Pero hace 18 años que no planta arroz porque la represa secó el cauce río abajo. Aún conserva las cosechadoras oxidadas y las secadoras de arroz abandonadas junto a los silos vacíos.
Paradójicamente, el campo de Picolini se llama El Progreso. Recién el año pasado terminó de cancelar un crédito con el Banco Nación por la compra de un silo que ya no usa. “De bronca dejé todo ahí afuera, que se pudra. Que quede como un registro del avasallamiento que sufrí”, relata angustiado a este diario.
–¿Qué piensa de la Represa Ayuí Grande?
–La represa que quieren construir ahora es dos veces más grande que la que me perjudicó a mí. Imagínense el desastre que va a ser. Yo soy la prueba fehaciente de las mentiras de estos empresarios y la manipulación que hacen de la gente, prometiéndole cosas que nunca llegan. Dicen que no va a existir la seca como había antes, pero es mentira, cuando haya problemas de agua con la represa ellos van a regular el nivel de agua. De tan ambiciosos que son, siembran más de la capacidad de riego que tiene la represa, entonces nunca alcanza el agua para el resto de los productores.
El proyecto tiene otro costado polémico. La provisión de energía a precio accesible era una de las condiciones básicas, según cuenta Enrique Lacour, de Fundación Iberá, para que la inversión sea rentable. Por eso fue que Aranda comenzó a aceitar las fluidas relaciones que ya tenía con el poder político provincial.
–¿Cómo consiguen la energía a bajo costo?
–Para que semejante proyecto les cierre tienen que obtener electricidad a bajo precio. Porque con el uso de combustible el negocio no les daba. Entones convencieron a la provincia y a la Nación y lograron construir una estación de rebaje de la línea de alta tensión de Yacyretá que va hacia Buenos Aires, con la excusa que se abastecía de electricidad al pueblo de Mercedes”, denuncia Lacour.
–¿Cuánta energía consumirán?
–Piensan consumir tres veces lo que consume la ciudad de Mercedes sólo para alimentar la represa. Todo simula que es un reaseguro energético para la comunidad, pero el verdadero impulso es la construcción del dique.
Humberto Rodríguez nació en Curuzú Cuatiá pero vive en Mercedes. Hace 28 años que es guardaparque provincial en la Laguna Iberá, a 50 kilómetros de donde se quiere construir la represa. Es otra de las voces que se levantan en contra del Proyecto Ayuí.
“Pensá que la laguna Iberá tiene 5500 hectáreas. Y ellos piensan hacer un lago artificial de un día para otro casi dos veces mayor y, encima, dicen que no van a causar daño. Al Grupo Clarín no le vamos a enseñar lo que es formar opinión. Pero esto es demasiado. Acá se está armando la mini patria arrocera y todos son cómplices. Lo más grave es el antecedente, si se construye una represa, todos van a querer construir otras y sería algo imparable”, señala indignado el guardaparque.
A medida que la Fundación Iberá y un grupo de vecinos comenzaron a marcar los aspectos negativos del proyecto, de a poco la población fue informándose de los verdaderos alcances del emprendimiento. Al principio, la idea de nuevas inversiones en la ciudad había tenido buena recepción. La promesa de nuevos puestos de trabajo ilusionó a muchos.
Sobre el supuesto beneficio económico que la obra dejará en la ciudad de Mercedes, hay más dudas que certezas. El guardaparque de la Laguna Iberá sostiene que todo es parte de una gran campaña de márketing y que poco será lo que quede en el pueblo: “Aranda y compañía juegan con la necesidad de la gente. Lo venden como la panacea.”
–Dicen que crearán 1500 puestos de trabajo.
–Es una gran mentira. Todos sabemos que estas megaarroceras tienen casi todo tecnificado, la mano de obra que usan es mínima. El grueso del personal contratado será temporal.
La diputada provincial María Inés Fagetti, presidenta de la Comisión de Ecología de la Legislatura, piensa lo mismo. La creación de puestos de trabajo, dice, es una máscara que oculta los verdaderos intereses de la inversión: “Habrá trabajo mientras se construya la represa, pero después serán muy pocos. Los emprendimientos arroceros emplean poca mano de obra, mayormente en negro y hasta apelando al trabajo infantil.” La justicia provincial deberá expedirse sobre la constitucionalidad del ordenamiento territorial de bosques, que el ex gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto y luego la Legislatura lo convalidó por una ley (ver recuadro). Como la norma en cuestión está en vigencia, no hay ningún freno para que empiecen las obras. Los propios encargados de poner en marcha la Represa Ayuí Grande sostienen que los primeros ladrillos estarán en septiembre. No obstante, el biólogo Aníbal Parera confía en que la justicia podrá revertir la situación. “Es inadmisible que empresarios privados se apropien de un curso de agua que es un bien público. Está terminantemente prohibido en el Código Civil. Si recorrés el arroyo quedás impactado por la belleza del lugar, con palmeras, bosques en galería y selva. No entra en la cabeza de nadie que todo eso quede bajo agua.”
José Antonio Aranda, en sociedad con George Soros, construirá una represa e inundará 8 mil hectáreas (la mitad de la Capital Federal) para cumplir su sueño empresario. La queja de los productores. La denuncia del hijo de Landriscina.
Imagínense la mitad de la Ciudad de Buenos Aires sepultada bajo el agua. Así quedarán 8000 hectáreas de la localidad correntina de Mercedes. Para lograrlo, regularán el agua de un arroyo que regará 20 mil hectáreas de arroz. Desaparecerán bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros y numerosas especies nativas. Será la primera vez en la Argentina que un curso de agua, de dominio público, esté al servicio de empresarios privados. Se trata de la Represa Ayuí Grande, una obra monumental que encara el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, en alianza con el magnate húngaro George Soros.
Los que se oponen al proyecto señalan que hay un agravante mayor: tanto la Legislatura como el gobierno provincial lo avalaron. “Es una locura que se permitan este tipo de emprendimientos. Sólo hay antecedentes de obras similares cuando el Estado las realiza como obra pública, en beneficio de toda la población, para proveer electricidad, por ejemplo. Pero en este caso, son dos empresarios que se apropian de un río solamente con ánimo de lucro”, denuncia a Tiempo Argentino el biólogo Aníbal Parera. María Vallejos es una de las tantas voces de la localidad de Mercedes que se levantó en contra del emprendimiento. En diálogo con con este diario, resume su posición y remarca lo difícil que es instalar el tema en los medios locales y provinciales: “Al principio fue casi imposible que los medios de comunicación se hicieran eco de nuestro reclamo. Las empresas hicieron una campaña publicitaria impresionante. Hasta le prometieron 100 mil pesos al hospital local. Son intereses muy poderosos los que hay detrás. Somos conscientes que estamos dando una batalla muy desigual.” Pero la lucha por ganar la pulseada de la opinión pública no sólo quedó limitada a los medios de la provincia. La polémica se instaló en los medios nacionales, cuando durante el año 2008 el Canal Rural, del cual el Grupo Clarín es accionista, censuró un programa de Luis Landriscina donde entrevistaba a Enrique Lacour, Presidente de Fundación Iberá, la principal ONG que se opone a la construcción de la represa (ver recuadro).
El propio Lacour sabe que el proyecto tenía el visto bueno de lo más alto del poder provincial. “Me imagino que no se van a oponer a este proyecto, mirá que hay orden de arriba. Esto se hace o se hace”, le dijo personalmente el Ingeniero Mario Rujana, Interventor del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).
Los intereses comerciales que están detrás del emprendimiento arrocero tienen nombre y apellido. Es el de las empresas Copra SA, cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y Adecoagro, de George Soros (ver recuadro).
Pero todos coinciden en que es el propio Aranda el que mayor apuro tiene en comenzar las obras. Los campos de Soros y Aranda son vecinos. Apenas están separados por el Arroyo Ayuí –que por su caudal, los lugareños llaman “río”–, el mismo que quieren embalsar para aumentar exponencialmente la producción de arroz hasta llegar a 120 mil toneladas anuales. El paredón que contempla la construcción de la represa unirá a los dos empresarios y permitirá regar unas 20 mil hectáreas de las 70 mil que ambos tienen sobre la costa del espejo de agua (ver infografía). La mayor parte de la producción se exporta a Venezuela y, en menor medida, a Brasil. “Ellos que hablan tanto del maldito Chávez, le exportan todo a Venezuela”, agrega irónicamente Lacour.
“Don Aranda”, como lo conocen en Mercedes, es un hombre de peso en el ámbito ganadero y arrocero de la región. Actualmente es presidente de la Asociación Bradford Argentina y tiene una excelente llegada a la Sociedad Rural local. Los viejos pobladores cuentan que siempre mantuvo un bajo perfil. Llegó a Corrientes hace más de veinte años y fue comprando varios campos en la zona hasta llegar a las 40 mil hectáreas que tiene actualmente, en su mayoría dedicadas a la producción de arroz (ver recuadro).
Hay una persona que responde por Aranda en suelo correntino. Es el contador Ricardo Freire, su mano derecha y operador comercial en Mercedes, una ciudad históricamente ganadera que de a poco le va dando lugar al negocio arrocero. A Freire todos lo conocen como “El Guasón”. A pesar de que vive a cuatro cuadras de las oficinas de Copra, en la calle Sarmiento 879, llega todos los días en una imponente camioneta Jeep Cherokee negra. Después de varios intentos, dialogó con Tiempo: “Hay ciertos sectores que generan información distorsionada. Quieren estigmatizar el arroz, pero hay que entender que es un cultivo que alimenta al mundo. Tiene más de 10 mil años de historia. No es un problema producir alimentos, todo lo contrario, producir alimentos es construir a la paz mundial. El mundo necesita alimentos, y los que están en condiciones de producirlo, tienen la obligación de hacerlo.”
Pero donde Freire ve progreso económico y un aporte a la paz mundial, los especialistas en medio ambiente hacen hincapié en los graves daños que sufrirá el ecosistema.
–¿No le preocupa el impacto ambiental que producirá?
–Todo acto del hombre implica un impacto. Esta comunicación telefónica está generando un impacto. El impacto ambiental existe, ya que estamos modificando cierta región para desarrollar el proyecto, pero siempre tratando de causar el menor daño posible. Pero el mayor impacto es el social y el económico: crearemos 1500 nuevos puestos de trabajo entre mano de obra directa e indirecta. Teniendo en cuenta que más del 50% de la población correntina tiene problemas de trabajo y pobreza, aportar semejante inversión creo que es uno de los elementos fundamentales que las autoridades tuvieron en cuenta para apoyarnos.
–Pero el agua es un bien público. Es ilegal apropiársela.
–El agua es un bien público que administra el Estado, pero nosotros no nos apropiamos, nos van a dar una concesión para utilizar el agua. Además, Corrientes es una provincia donde el agua abunda y la agricultura apenas llega al 1% de las tierras cultivables.
Es la propia historia correntina la que contradice los dichos del gerente de Copra. Basta con conocer la historia de Luis Picolini, un productor agropecuario de Paso de los Libres que vivió en carne propia los efectos devastadores de una represa. Fue en 1992 cuando empresarios brasileños se radicaron en el lugar y prometieron trabajo estable y abastecimiento de agua para los campos. Sucedió todo lo contrario. Sólo quedó el tendal. Mientras recorre las instalaciones obsoletas de su campo, recuerda los comienzos junto a su padre. Empezó sembrando diez hectáreas y llegó a tener 200. Pero hace 18 años que no planta arroz porque la represa secó el cauce río abajo. Aún conserva las cosechadoras oxidadas y las secadoras de arroz abandonadas junto a los silos vacíos.
Paradójicamente, el campo de Picolini se llama El Progreso. Recién el año pasado terminó de cancelar un crédito con el Banco Nación por la compra de un silo que ya no usa. “De bronca dejé todo ahí afuera, que se pudra. Que quede como un registro del avasallamiento que sufrí”, relata angustiado a este diario.
–¿Qué piensa de la Represa Ayuí Grande?
–La represa que quieren construir ahora es dos veces más grande que la que me perjudicó a mí. Imagínense el desastre que va a ser. Yo soy la prueba fehaciente de las mentiras de estos empresarios y la manipulación que hacen de la gente, prometiéndole cosas que nunca llegan. Dicen que no va a existir la seca como había antes, pero es mentira, cuando haya problemas de agua con la represa ellos van a regular el nivel de agua. De tan ambiciosos que son, siembran más de la capacidad de riego que tiene la represa, entonces nunca alcanza el agua para el resto de los productores.
El proyecto tiene otro costado polémico. La provisión de energía a precio accesible era una de las condiciones básicas, según cuenta Enrique Lacour, de Fundación Iberá, para que la inversión sea rentable. Por eso fue que Aranda comenzó a aceitar las fluidas relaciones que ya tenía con el poder político provincial.
–¿Cómo consiguen la energía a bajo costo?
–Para que semejante proyecto les cierre tienen que obtener electricidad a bajo precio. Porque con el uso de combustible el negocio no les daba. Entones convencieron a la provincia y a la Nación y lograron construir una estación de rebaje de la línea de alta tensión de Yacyretá que va hacia Buenos Aires, con la excusa que se abastecía de electricidad al pueblo de Mercedes”, denuncia Lacour.
–¿Cuánta energía consumirán?
–Piensan consumir tres veces lo que consume la ciudad de Mercedes sólo para alimentar la represa. Todo simula que es un reaseguro energético para la comunidad, pero el verdadero impulso es la construcción del dique.
Humberto Rodríguez nació en Curuzú Cuatiá pero vive en Mercedes. Hace 28 años que es guardaparque provincial en la Laguna Iberá, a 50 kilómetros de donde se quiere construir la represa. Es otra de las voces que se levantan en contra del Proyecto Ayuí.
“Pensá que la laguna Iberá tiene 5500 hectáreas. Y ellos piensan hacer un lago artificial de un día para otro casi dos veces mayor y, encima, dicen que no van a causar daño. Al Grupo Clarín no le vamos a enseñar lo que es formar opinión. Pero esto es demasiado. Acá se está armando la mini patria arrocera y todos son cómplices. Lo más grave es el antecedente, si se construye una represa, todos van a querer construir otras y sería algo imparable”, señala indignado el guardaparque.
A medida que la Fundación Iberá y un grupo de vecinos comenzaron a marcar los aspectos negativos del proyecto, de a poco la población fue informándose de los verdaderos alcances del emprendimiento. Al principio, la idea de nuevas inversiones en la ciudad había tenido buena recepción. La promesa de nuevos puestos de trabajo ilusionó a muchos.
Sobre el supuesto beneficio económico que la obra dejará en la ciudad de Mercedes, hay más dudas que certezas. El guardaparque de la Laguna Iberá sostiene que todo es parte de una gran campaña de márketing y que poco será lo que quede en el pueblo: “Aranda y compañía juegan con la necesidad de la gente. Lo venden como la panacea.”
–Dicen que crearán 1500 puestos de trabajo.
–Es una gran mentira. Todos sabemos que estas megaarroceras tienen casi todo tecnificado, la mano de obra que usan es mínima. El grueso del personal contratado será temporal.
La diputada provincial María Inés Fagetti, presidenta de la Comisión de Ecología de la Legislatura, piensa lo mismo. La creación de puestos de trabajo, dice, es una máscara que oculta los verdaderos intereses de la inversión: “Habrá trabajo mientras se construya la represa, pero después serán muy pocos. Los emprendimientos arroceros emplean poca mano de obra, mayormente en negro y hasta apelando al trabajo infantil.” La justicia provincial deberá expedirse sobre la constitucionalidad del ordenamiento territorial de bosques, que el ex gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto y luego la Legislatura lo convalidó por una ley (ver recuadro). Como la norma en cuestión está en vigencia, no hay ningún freno para que empiecen las obras. Los propios encargados de poner en marcha la Represa Ayuí Grande sostienen que los primeros ladrillos estarán en septiembre. No obstante, el biólogo Aníbal Parera confía en que la justicia podrá revertir la situación. “Es inadmisible que empresarios privados se apropien de un curso de agua que es un bien público. Está terminantemente prohibido en el Código Civil. Si recorrés el arroyo quedás impactado por la belleza del lugar, con palmeras, bosques en galería y selva. No entra en la cabeza de nadie que todo eso quede bajo agua.”
