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lunes, 6 de septiembre de 2010
domingo, 5 de septiembre de 2010
AYUI intervencion de la Nacion
La constitución nacional establece en el art 41 que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad,
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos.
Es la Nación que debe proteger a los ciudadanos de todas las provincias mas allá de la soberanía que tenga cada una, porque son soberanas pero no para incumplir la Constitución.
La ley 25675 de presupuestos mínimos ambientales dice en su artículo 2 — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:
a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;
b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;
j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional
k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Y en el tercero — La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.
Los incisos a), d) e) f) del articulo 2 pueden ser utilizados en el caso de Ayuí, por que así lo permite el artículo 3 de dicha ley.
El estatuto del rio Uruguay, firmado en noviembre de 1973 y aprobado por ley 21413 en su capítulo IX de Conservación, utilización y explotación de otros recursos naturales dice en el Art. 35. — Las partes se obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y de los bosques, la utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del río, no causen una alteración que perjudique sensiblemente el régimen del mismo o la calidad de sus aguas.
Esto faculta a la Nación a tomar partido, por que el arroyo Ayuí es un afluente del rio Miriñay que finalmente desemboca en el rio Uruguay, aunque Corrientes puede plantear que el Tratado solo tiene efecto desde el rio Cuareim, cuya desembocadura está en discusión entre Brasil u Uruguay, hacia el sur; así si se toma la punta sur de la Isla Brasilera la desembocadura del Miriñay queda afuera del Tratado, si se toma la punta norte de dicha isla la desembocadura del Miriñay queda dentro del tratado, como puede verse en la foto satelital, el tratado de límites de 1961 dice “El límite entre la República Oriental de Uruguay y la República Argentina en el Río Uruguay, desde una línea aproximadamente normal a las dos márgenes del Río que pase por las proximidades de la punta sud oeste de la isla Brasilera hasta el paralelo de Punta Gorda, estará fijada en la siguiente forma” y fue ratificado en el acuerdo del Estatuto.
Salvando esta cuestión es licito que la Nación actué mediando en el conflicto Ambientalistas / Gobierno de Corrientes – Empresas. Lástima que no lo haya hecho antes para que no aparezca mezclado el tema Ley de Medios, Papel Prensa, grupo Clarín, montoneros, Graiver etc. Todo en una misma bolsa.
La CARU es el organismo creado tras el Estatuto y tiene el poder de policía necesario para intervenir en el caso.
Por otro lado la cuestión no es fácil, porque si hablamos de contaminación por arroceras al rio Uruguay estamos dejando afuera entre medio y un cuarto de millón de hectáreas de arroceras que se plantan en Brasil, fuera de la jurisdicción del Estatuto, pero que de hecho contaminan, entonces es muy difícil probar quien es el aportarte de fosforo, nitrógeno y metabolitos de biocida que estén disueltos en las aguas del rio; además de las arroceras sin control que se implantan en el llamado Campo Avalos, de Veterinaria y Remonta del Ejército Argentino, donde el ICAA no tiene Jurisdicción, usando aguas del Rio Miriñay.
Por lo que es más prudente que Nación apunte a la destrucción y desarticulación del ecosistema del humedal de Ayuí, y la destrucción de biodiversidad, que va contra los tratados RAMSAR, a la demostración que no vale la pena esta destrucción, y que hay para la empresa otras alternativas productivas adecuadas donde podrá usar los 80 millones de dólares que pensaba usar para el emprendimiento. Y juzgar si esta destrucción de ecosistemas y biodiversidad, que disminuye sustancialmente aéreas de fijación de CO2 en igual cantidad de hectáreas que otras represas que son de utilidad pública como Salto Grande para que la Provincia no obtenga beneficios reales proporcionales a su sacrificio ambiental vale la pena.
sábado, 4 de septiembre de 2010
SOJITA el gorilaje se pone golpista y desconoce la autoridad Constitucional
Las declaraciones del directivo de la Sociedad Rural de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, Argentina, muestran nuevamente que productores de la agricultura transgénica pretenden privilegiar sus beneficios privados obtenidos con la aplicación de agroquímicos, aún a costa de la protección de la salud de la población afectada.
El 1º de julio de 2010 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para modificar la ley provincial de fitosanitarios Nº 11.273. En ella autoriza la aplicación de productos clase IV (que clasifica la menor toxicidad) a partir de los 200 metros desde las plantas urbanas en forma terrestre, y de 1.000 metros en forma aérea. Sin embargo, prohíbe la aplicación del glifosato y sus formulados, también clasificados como clase IV, a menos de 500 mts vía terrestre y a menos de 1.000 por vía aérea de las plantas urbanas.
El proyecto debe ahora pasar a Senadores, donde se vaticinan muchas dificultades para ser aprobado, dada la prevalencia de senadores representantes de los intereses vinculados al sistema sojero. La presión quedó explicitada a través de las declaraciones de Patricio Lamas, directivo de la Sociedad Rural de Rosario, publicadas en un periódico local el 31 de agosto, en una nota titulado “Agroquímicos: el Senado promete basarse en la ciencia”.
La entidad manifiesta que el proyecto con media sanción "deja sin protección al sector (agropecuario)” y pidió que "las decisiones se tomen en base a estudios científicos".
Patricio Lamas, directivo de dicha entidad aseguró que el senador santafesino Alberto Betique, del Partido Justicialista, prometió que la Cámara alta "se basará en la ciencia" a la hora de definir el futuro de dicho proyecto. "La ciencia no estuvo presente en Diputados", dijo Lamas.
Además expresó que:
"…hay mucha mentira o desinformación, muchos informes sin fundamentos y sobre todo hay mucha precisión de los que dicen llamarse ecologistas, porque yo productor también soy ecologista. Esto no es ecologistas contra sojeros, yo como productor, como creador de alimento, soy la persona más ecologista que hay sobre la tierra".
"No puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud ”.
La afirmación de que Lamas se considera ecologista porque produce alimentos sin importar cómo los produce, debe señalarse como espuria, pero no merece comentario adicional.
Más allá de la presión que Lamas reconoce que está ejerciendo sobre los senadores para que aprueben una ley que proteja sus intereses privados a pesar del perjuicio a la salud de la población, sí merecen analizarse tres cosas: el sistema productivo cuestionado, la incumbencia del Poder Legislativo provincial para tratar el tema y el respaldo científico de la decisión.
El sistema productivo cuestionado
Cuando la SRR sostiene que el proyecto deja sin protección al sector agropecuario, lo que está diciendo es que no la van a dejar producir con la máxima rentabilidad en el menor plazo, sin importar los daños que produzca a terceros.
En realidad, los dueños de los campos que se dedican a la producción transgénica podrían producir muchas otras cosas, que tengan que ver con la alimentación de la población, con la soberanía alimentaria, con la articulación productiva con el sistema social que los rodea, en vez de producir forraje para exportar. Y les podría ir muy bien, como ocurre con establecimientos productivos agroecológicos.
La incumbencia de la Cámara de Diputados
Las declaraciones de Lamas respecto que no puede ser que un grupo de diputados de la provincia decida que un determinado producto no es de una banda porque a esa condición la determinan organizaciones mundiales como la FAO o la Organización Mundial de la Salud , es el cuestionamiento de una potestad constitucional y legal de uno de los poderes del Estado provincial, con la intención de proteger un beneficio privado ilegítimo, ya que produce daños a la salud de la población afectada.
El Artículo 121 de la Constitución Nacional dice que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.”
El artículo 35º de la ley de fitosanitarios provincial vigente dice que “Cuando el organismo de aplicación estimare desaconsejable el empleo de determinado producto fitosanitario que por su toxicidad o prolongado efecto residual tornare peligroso su uso, adoptará en forma inmediata las medidas necesarias para el resguardo y preservación de la salud de la población y del medioambiente.”
Si es facultad de la autoridad de aplicación, lo es también del Congreso provincial; sobre todo si la autoridad de aplicación no aplicó esa facultad, muy probablemente por la presión ejercida por las asociaciones de los productores que utilizan este sistema productivo, la misma que está ejerciendo ahora la SRR sobre el Senado provincial.
El respaldo científico
Las expresiones del directivo de la Sociedad Rural de Rosario diciendo que el senador santafesino Alberto Betique, del Partido Justicialista, prometió que la Cámara alta "se basará en la ciencia" a la hora de definir el futuro de dicho proyecto, y que "La ciencia no estuvo presente en Diputados", muestran nuevamente que no hay ciencia sin ideología.
Los estudios científicos institucionales sobre los agroquímicos en general, y específicamente del glifosato y sus formulados comerciales, han privilegiado los que pretenden consolidar su supuesta inocuidad, y se ha pretendido marginar sistemáticamente los estudios que muestran los daños que produce. Los estudios sistematizados de las toxicidades crónicas, letales y subletales han sido realizados por investigadores independientes, severamente cuestionados por las instituciones oficiales en todos los países. Lo mismo ocurrió con las investigaciones epidemiológicas llevadas adelante por médicos independientes, y ausentes de las investigaciones oficiales públicas hasta hace muy poco.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe sí se basó en estudios científicos, así como lo hizo la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, al avalar el fallo de primera instancia de la Justicia de San Jorge e imponer límites a las aplicaciones aérea y terrestre en campos próximos al barrio Urquiza.
Sería muy deseable que el Senado de la Provincia de Santa Fe utilice también esos estudios científicos, y tenga también en cuenta en su evaluación los que se confirmaron posteriormente la sanción de Diputados, como:
· El Primer Informe de la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua, que señala que los cánceres en niños se multiplicaron por tres y las malformaciones congénitas por cuatro desde que se iniciaron los cultivos de arroz transgénico, confirmando lo que los vecinos asocian y manifiestan desde hace más de ocho años.
· El estudio del Dr. Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET, publicado en una revista científica internacional con referato, como requerían los que lo cuestionaban. La investigación demuestra que el glifosato, en concentraciones ínfimas respecto de las usadas en agricultura, interfiere con mecanismos esenciales del desarrollo temprano de embriones de anfibios conduciendo a malformaciones congénitas. Esas malformaciones comprobadas en laboratorio son compatibles con las observadas en embarazos de mujeres expuestas al glifosato durante la gestación.
Estaría muy bien también que tanto el Senado como los productores santafesinos recordaran que la recomendación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU para determinar la toxicidad del glifosato se basa fundamentalmente en un estudio realizado con la participación y la financiación de Monsanto, como lo señala entre tantos otros el Dr. Alberto Cassano, Profesor Titular Consulto de la Universidad Nacional del Litoral e Investigador Superior Emérito del CONICET.
Que tuvieran presente que los médicos reunidos en el Primer Encuentro Nacional de los Médicos de Pueblos Fumigados convocados por la Universidad Nacional de Córdoba el 27 y 28 de agosto pasado, concluyeron que los cánceres y otras enfermedades severas son detectadas ahora con más frecuencia; que encontraron índices muy elevados en abortos espontáneos, trastornos de fertilidad y nacimiento de hijos con malformaciones congénitas. Y que los trastornos respiratorios, endocrinos, hematológicos, neurológicos y psíquicos son, también ahora, mucho más frecuente en las poblaciones que padecen las aplicaciones de los agroquímicos, ya que comparten el mismo espacio geográfico que el sistema de producción transgénica para agroquímicos.
Claudio Lowy. Ingeniero Forestal. Master en Desarrollo Humano Sostenible
AYUI es respaldado por el Gobernador
El Gobernador respaldó las inversiones del agro en la provincia y defendió el Proyecto Ayuí Grande de los embates del Gobierno nacional. Además, aclaró que se remitió toda la documentación de la audiencia pública ambiental a la Caru. Productores, empresarios y legisladores también criticaron el intento de frenar la inversión. |
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Colombi aclaró que la Provincia envió la información sobre las audiencias ambientales a la Caru. |
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández anunció el jueves que el Gobierno nacional recurrió a la Suprema Corte de Justicia para frenar el proyecto productivo Represa Ayuí Grande, aludiendo “daños ambientales irreversibles” para la provincia. Además, el funcionario kirchnerista había señalado que la Provincia no ha remitido la información requerida sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto a la Nación.
Ante esta situación, Ricardo Colombi salió ayer a ratificar el apoyo del Gobierno provincial a la inversión productiva, manteniendo la posición que venía mostrando desde su asunción.
“No podemos permitir que otras cuestiones sean parte del conflicto. La provincia no tiene nada que ver con la pelea del Gobierno nacional y un medio de comunicación; nosotros vamos a apoyar todos los emprendimientos productivos”, dijo Colombi en rueda de prensa, para luego agregar que “hay que aclarar que es una cuestión productiva y no podemos permitir que otros conflictos se confundan”.
En este marco, Colombi, con papeles en mano, explicó: “Hemos enviado la información necesaria a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)”, respondiendo a las acusaciones de Aníbal Fernández, quien el jueves señaló que el Gobierno provincial no respondió a los pedidos de informes del impacto ambiental del proyecto.
Respaldo liberal
Por su parte, el diputado provincial Alejandro Sitjá y Balbastro (PL) también respaldó el proyecto agropecuario a desarrollarse en Mercedes. “Esto entorpece las actividades autónomas de una provincia”, dijo el legislador, quien consideró que las acusaciones faltan el respeto a los entes responsables del cumplimiento de las normas. “Esto pone una tranca al desarrollo de la provincia”, lamentó el liberal.
Asimismo, y en sintonía con el sector productivo, el legislador sostuvo que “es probable que ésto desanime a los inversores, sobre todo cuando se trata de algo tan importante”. En este aspecto, Sitjá también advirtió que la puja puede estar vinculada a la pelea que mantiene el Gobierno nacional con el Grupo Clarín.
“Se está trasladando un problema entre este grupo de prensa y la administración nacional a nuestra provincia. Esto genera perjuicios y demoras para el desarrollo los correntinos”, concluyó.
Del Diario LItoral de Corrientes
AGUA un derecho humano , no un bien de negocios
Queridos amigos:
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Es la primera vez que los organismos internacionales aceptar incluir un tema ambiental dentro del ámbito de los Derechos Humanos.
Son numerosas las legislaciones que lo hacen, pero hasta ahora no se había logrado el mismo enunciado por parte de uno de los organismos del sistema de Naciones Unidas.
En realidad, uno de los más poderosos organismos del mismo sistema, el Banco Mundial, sostiene exactamente lo contrario. Para el Banco Mundial, los servicios públicos de agua y saneamiento son, ante que nada, oportunidades de negocios.
Ambos puntos de vista son incompatibles, porque:
- Si el agua es una oportunidad de negocios estos servicios deben ser privatizados y cobrados a los usuarios de forma de garantizar una rentabilidad a los inversores para que sigan poniendo dinero en el sistema. Esto implicar dejar afuera a todos los que no puedan pagar el servicio.
- Por el contrario, si el agua y el saneamiento son un derecho humano, el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio. Debe ser la comunidad entera quien se haga cargo del costo de los que no puedan pagarlo. En el caso del servicio público de agua corriente, el Estado debería asegurar una cantidad mínima gratuita y cobrar sólo a quienes consuman por encima de ella.
Por supuesto, no deberíamos cometer la ingenuidad de creer que una declaración es suficiente para terminar con la injusticia. Se trata de un espacio de conflicto, que refleja las diferencias entre dos tipos de organismos de Naciones Unidas. Algunos de ellos se manejan según el principio de "cada pais, un voto". Esto ocurre en la Asamblea General, la UNESCO, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), etc. Allí los países del Sur tienen oportunidad de incorporar sus reclamos de índole social, como ocurrió esta vez.
Es completamente distinto el caso de otros organismos de Naciones Unidas, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Allí los votos son proporcionales al poder económico de los países (la cantidad de acciones que tienen) y de allí surgen las presiones de privatizar los servicios públicos de agua y saneamiento. Estas presiones fueron, en otro tiempo, tan fuertes que se aprovechó la debilidad económica de algunos países para exigirles privatizar estos servicios a cambio de otorgarles créditos para otras cosas.
Esa privatización tuvo, en muchos países, consecuencias desastrosas. En sitios aparentemente tan distintos como Sudáfrica y Colombia, a miles de familias se les cortó el agua porque no podían pagarla. Nadie se molestó en calcular cuántas enfermedades y muertes provocó este criterio de hacer negocios con uno de los componentes esenciales de la vida. Por eso, por ejemplo, los esfuerzos de las ONG´s colombianas nucleadas en Ecofondo para lograr una reforma constitucional que incluya este derecho.
Es previsible que el Banco Mundial no se de por enterado y continúe presionando a los países, pero esta Declaración les da a los Gobiernos que estén dispuestos a hacerlo, una herramienta para resistir esas presiones.
En el ámbito local, es el momento de reclamar cambios en nuestras respectivas normativas para agregar este derecho. Y alguien nos responderá que no hay dinero para hacerlo. En realidad, sí hay dinero pero las prioridades son otras.
Las cifras son sugestivas. En Argentina el 18 por ciento de la población vive en casas sobre calles que no tienen pavimento. Pero el 57,50 no tiene cloacas. Sin embargo, la falta de pavimento hace que la gente se embarre y la falta de cloacas puede provocar que se enferme o se muera. Es decir que las obras de saneamiento son, de lejos, mucho más importantes que las obras viales. Pero las cifras nos muestran la prioridad del automóvil sobre la salud humana de un modo absolutamente claro.
Esta prioridad es política, pero no podemos atribuirla solamente a los dirigentes políticos de uno o de otro sector. En una sociedad democrática, los representantes ejecutan aquellas obras que son más atractivas para los vecinos. Sea por vocación de servicio o por simple cálculo electoral, los que realizan las obras tratan de satisfacer el pedido de los usuarios. Y a los usuarios (es decir, a nosotros mismos) parece importarles más el bienestar de los automóviles que el de las personas.
Tal vez esta declaración de la ONU nos ayude a reclamar lo que más necesitamos.
En este antrega ustedes reciben:
- La propuesta formulada a la Asamblea General de Naciones Unidas por el representante de Bolivia, con la fundamentación, basada en el estado crítico de millones de personas afectadas por haber antepuesto criterios de rentabilidad a razones humanitarias. Lo pueden bajar del siguiente link: http://www.ambienteacademico.com.ar/imgmails/Discurso%20en%20la%20ONU.pdf
- El texto de la declaración de la Asamblea General en la que califica al agua y al saneamiento como derechos humanos. La Declaración puede bajarse de: http://www.ambienteacademico.com.ar/imgmails/Declara%20la%20Asamblea%20General.pdf
- El recordatorio de mi libro "Historia Ecológica de Iberoamérica", que analiza la evolución de conflictos ambientales como éste, a lo largo de varios siglos.
- La obra de arte que acompaña esta entrega representa un acueducto romano ubicado en el sur de Francia (El Pont du Gard), pintado por el artista del período rococó Robert Hubert en 1767. Tenemos que destacar que aún una sociedad tan elitista y autoritaria como la del Imperio Romano comprendió que la supervivencia de sus ciudades dependia de poder ofrecer gratuitamente agua potable a todos sus habitantes, incluyendo los esclavos. ¿Será demasiado pedir que los hombres y mujeres libres de nuestra sociedad reciban lo mismo que los romanos entregaban gratis a sus esclavos?
Un gran abrazo a todos.
Antonio Elio Brailovsky
viernes, 3 de septiembre de 2010
AYUI la Corte toma partida
Represa en el Ayuí: el Gobierno presentó un recurso ante la Corte
03-09-2010 / El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció que el Gobierno presentó una "acción de amparo ante la Corte" para que la provincia de Corrientes detenga la construcción de la represa por "daños ambientales irreversibles" o repercusiones "internacionales".
cn23 02/09/10 4ta
En ese sentido, el ministro explicó que la acción dispone la "paralización de cualquier obra que se haya iniciado en ese lugar. Por el daño ambiental que causa una represa de las características que se pretende construir".
Fernández agregó que con esa obra, Argentina puede "incurrir en responsabilidades internacionales ante el incumplimiento del tratado del río Uruguay", durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
"Se pretende que se ordene cesar la actitud y que se haga entrega de toda la información correspondiente para que se analice", concluyó.
La obra es impulsada por las empresas Copra S.A, cuyo titular es José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y Adecoagro S.A del financista George Soros.
El proyecto de ingeniería pretende anegar 8.000 hectáreas para luego regar otras 20.000 de arroz, lo que provocaría grandes daños en el ecosistema.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
AYUI resumen de errores de EIA
EIA de AYUI
Resumen de errores
Después de 180 folios de explicación de cómo plantar bien el arroz, clase que se puede leer en cualquier Manuel de buenas Prácticas de INTA, y de explicaciones técnicas de hidráulica para obras de terraplenes, (cosas que nadie duda que están perfectamente bien realizadas y diseñadas) Adamoli y su equipo pasa a la cuestión ambiental.
Las opciones son todas para arroceras, la diferencia entre una y otra opción es de donde instalar las represas. En ningún momento se toma en cuenta la posibilidad de hacer buena ganadería, en las 32 mil hectáreas a ocupar, si se sigue a Jose Casco et al hay mucho para establecer que la ganadería en esa región puede ser más rentable que el arroz, sin embargo no hay mención, tampoco se dice nada de forestaciones.
Tampoco se tiene en cuenta la ley de protección al acuífero guaraní, que debería cumplirse ya que la región en cuestión está ligada a zonas de descarga de dicho acuífero. http://www.prodiversitas.bioetica.org/des47.htm (ley 5641)
Cuando se llega al análisis por matriz, no se usa la del ICAA, tampoco la clásica de Leopold que cuantifica, pero hay una cosa curiosa , se le dice al Juez, el ICAA, como debe ser la lectura e explicación de esta cuestión y se introduce una nueva interpretación, así dice “ una cuestión importante es que algunos impactos no actúan definitivamente en sentido positivo o negativo sino que la clasificación depende del punto de vista con que se analice, entonces hemos introducido la categoría intermedia de sentido variable “.
Esto es como si el abogado defensor de un asesino le diga al juez como hay que interpretar el código penal, diciendo que la muerte puede haber sido causada según el punto de vista de cómo se analice e introduzca una categoría intermedia, y para colmo el juez acepte esta modalidad calladito y termine dándole la libertad.
La EIA, cualquiera sea el que la presente y cualquiera sea el que la Juzgue debería dar igual resultado, sino para que hacerla? La ley trata entonces de objetivar el análisis de las acciones a juzgar y podrá haber alguna palabra que signifique lo mismo que otra, es obvio, la lengua española es amplia en este sentido, pero no se puede cambiar el fondo de la valoración, porque al sugerir la interpretación se está encaminado el resultado.
Por otro lado no se es claro en cuestiones donde se pone énfasis en que el proyecto resultara positivo como por ejemplo la empresa no dice cuantos empleos, sindicados, blanqueados tiene el día de hoy, no se analiza que no se va a cambiar la situación de pobreza que existe, ya que sobre 30 mil habitantes solo 11 mil tiene obra social, se dijo que el hospital va a ser ayudado, cuando nadie pide limosna, sino que paguen lo que corresponde.
Tampoco la parte de inversiones está muy clara, se hablan de 80 millones de dólares, un poco exagerado para hacer un terraplencito de 4 m de altura para cortar el rio, podrá decirse que no hay que explicar de dónde sale el dinero porque es un emprendimiento particular, es cierto, pero toma estado público y se menciona en el expediente de marras, y le cabe la ley 25831. Hay que entender que el dinero en ecología es energía y / o materia, analizar el flujo es importante. Sobre todo cuando se hace de él y la cuestión social que el soluciona la panacea.
A folio 210, en el monitoreo se dice que harán análisis de Escherischia coli diariamente en el agua, como para decir algo importante, porque carece de sentido ya que no hay aguas cloacales que contaminen el lago a formarse, aclarando que es el E. coli una bacteria que vive en el intestino de mamíferos, entre ellos el humano y es indicador de contaminación con excretas. También se dice de monitorear metales pesados, y se sabe que no se utilizan en estas prácticas agrícolas Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo, Arsénico, es también para impresionar. El ICAA ha determinado que no se encuentran biocida en aguas de los ríos de la provincia, cosa poco creíble (http://www.icaa.gov.ar/galeria/muestreos-riocorriente.htm) así que por lo va a encontrar desde ahora en adelante ¿?
Folio 213, señala Aéreas de protección 13 mil hectáreas que van cumplir funciones de protección…. Porque no donan 1000 Ha a la provincia ¿?
A folio 216 habla de que se ganan una millonada por fijación de CO2, cuando en realidad se está haciendo lo contrario, se están destruyendo lugares que son naturalmente sumideros de CO2 no creándolos. La extensión de 8000 hectáreas de agua no es sumidero de CO2.
A folios 216 se detalla el presupuesto para el plan de gestión, se dice en algunos rubros que los responsables son ONG, la Universidad, y otras de los cuales no se detallan quienes, que ONG, dirección, etc., Universidad que cátedra, etc.
Sin perjuicio del contexto político ambiental que la Asociación ecologista rio Mocoreta presento en la parodia de Audiencia pública donde se analizo comparativamente con otra represa, y los resultados socioeconómicos que se obtendrán después de destruir las hectáreas para el lago del embalse, y de que la provincia no va a ganar nada. Nunca se nos notifico las conclusiones la Audiencia.
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