El gobierno de
Macri alteró la forma de contabilizar la cantidad de campos bajo propiedad de
capitales del exterior
¿Cuánta tierra rural de Argentina está en manos
extranjeras?
El primer relevamiento difundido en 2015 indicó que de un
total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos
extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de
registración y al 31 de enero de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por
ciento. También eliminó los controles cruzados de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y la AFIP.
El 30 de junio de 2016, un día antes de la llegada del
fallido segundo semestre, Mauricio Macri firmó el decreto
820/2016 con el cual modificó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales,
sancionada en 2011. Los cambios introducidos eliminaron los controles de la
Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir el posible lavado de
activos vía la adquisición de tierras (operaciones que se
hacen en efectivo) y se flexibilizaron las condiciones de acceso para el capital
extranjero.
Pero ocurrió algo más: con la Alianza Cambiemos hubo un
retoque arbitrario en la base de datos del Registro Nacional de Tierras
Rurales (RNTR) para reducir los porcentajes de
extranjerización (en algunos casos en forma alevosa) y de esa manera
habilitar “nuevas inversiones” según el dogma macrista, sin generar demasiadas
suspicacias sobre los potenciales nuevos inversores extranjeros.
A partir de la información a que accedió Cash,
vía una serie de pedidos de Acceso a la Información Pública, los cambios
abruptos en la base de datos del RNTR es apreciable en Bariloche (Río Negro),
Orán (Salta) y Vinchina (La Rioja), entre otros departamentos. En algunas zonas
también se detectó un incremento exponencial de la
extranjerización a pesar de que ya en 2015 sobrepasaban los límites
fijados por la Ley, como en el departamento de Ituzaingó (Corrientes).
¿Cómo se explican las modificaciones en la base de datos
del RNTR? El gobierno de Macri evadió las explicaciones de cada
situación detectada en al menos tres pedidos específicos de Acceso a la
Información Pública (AIP), uno solicitado por la senadora María Inés Pilati
Vergara (Chaco-FpV), otro correspondiente a la Mesa Nacional de Tierras (en el
marco del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra) y el tercero
perteneciente a este periodista.
La Ley
La llamada ley de Tierras fue aprobada en la Cámara baja
durante la madrugada del 16 de diciembre de 2011, por 153 votos afirmativos, 26
en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegaron desde el
radicalismo, mientras que los integrantes del PRO estuvieron ausentes. Es
decir, quienes luego conformarían la Alianza Cambiemos se opusieron a la
sanción de una norma pensada para ponerle límites a la entrega
indiscriminada de tierras a personas o sociedades extranjeras.
Entre las limitaciones se había fijado un límite del 15 por
ciento a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y
subprovincial; hasta un máximo de 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y
sus equivalencias en el resto de las provincias; no se podían adquirir tierras
rurales que contuvieran o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura o
permanentes y sobre todo se establecían controles específicos para
evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones vía
testaferros.
El resultado del primer relevamiento de tierras rurales
difundido en 2015 indicó que de un total de 266.707.361
hectáreas rurales, solamente el 6,09 por ciento estaba en manos
extranjeras (16.253.279). Sin embargo, varias provincias duplicaban
ese porcentaje, entre ellas Catamarca (12,09 por ciento), Corrientes (13,86),
Misiones (13,88), y un poco más abajo Salta (11,80) y Santa Cruz (10,84).
Hacia el interior de cada jurisdicción había situaciones
dispares. Por ejemplo, la extranjerización de tierras en Bariloche (Río Negro)
llegaba al 21,5 por ciento; en Cushamen (Chubut) –el territorio donde ocurrió
la represión de la Gendarmería que finalizó con la desaparición y muerte de
Santiago Maldonado- era del 22,9 por ciento; o el caso extremo de Lacar, en
Neuquén, con un 53,38 por ciento de extranjerización.
Este primer relevamiento arrojó que el 79,74 por ciento de
la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en poder del 1,35 por
ciento de los propietarios extranjeros que equivalían a 253 titulares.
Retoques
Apenas asumió la Alianza Cambiemos, el RNTR, a cargo de
Cristina Brunet, comenzó con los retoques de porcentajes. Si para diciembre de
2015 el 6,09 por ciento de la tierra rural del país estaba en manos de personas
o sociedades de otros países, para fines de 2017 había descendido al 5,57 por
ciento. Según un primer pedido de Acceso a la Información Pública (AIP)
realizado por este periodista, al 31 de enero de 2019 el porcentaje había
bajado al 5,02 por ciento. Es decir, 2.863.753 hectáreas dejaron de
estar en manos privadas extranjeras, al menos para la base de datos del RNTR.
¿Qué pasó con esas hectáreas? ¿Se vendieron a
capitales nacionales? ¿Cuántas transacciones se realizaron? ¿Todas las
operaciones fueron informadas al Registro tal cual dispone la ley y el Decreto
820/2016? ¿Qué ocurrió con las sociedades radicadas en Paraísos Fiscales?
En Orán, la extranjerización era del 23,47 por
ciento, es decir 278.278 hectáreas sobre una superficie rural total de
1.185.676. En la última información recibida (enero 2019), la extranjerización
pasó a 143.401,5 hectáreas (12,09 por ciento).
En el caso de Vinchina (La Rioja), la
extranjerización bajó al 3,59 por ciento, es decir 204.445,7 hectáreas menos en
manos de extranjeros, mientras que en Ituzaingó (Corrientes) ocurrió
lo contrario: en 2015 la extranjerización era del 16,09 por ciento, un punto
por encima de los límites fijados por la Ley, mientras que a enero de 2019
había saltado al 33,9 por ciento, es decir 49.307 hectáreas más.
Otra situación que merecería algún tipo de explicación por
parte del PEN tiene que ver con Bariloche. Al cierre del 2015, las
tierras en propiedad de empresas extranjeras estaban repartidas entre Hidden
Lake (Grupo Tavistock), propiedad de Joe Lewis, con 11.000
hectáreas; y el Grupo Burco, de nacionalidad belga, con 24.000
hectáreas, distribuidas en distintas fracciones de campo. Luego Burco
transfirió parte de sus campos a capitales de Qatar. Las 36.000 hectáreas
(sobre un total de 169.391 hectáreas rurales) equivalían al 21,5 por ciento de extranjerización.
Pero para enero de 2019, según lo informado por Brunet, la
extranjerización era de apenas 23.050 hectáreas, es decir un 13,5 por ciento
del total de tierras rurales. Lewis, Burco y los empresarios de Qatar siguen
operando en la zona. Cash indagó específicamente sobre este
cambio abrupto en la composición de la base de datos del RNTR pero la respuesta
fue nuevamente una evasiva.
Este periodista formuló un pedido de AIP específico para
conocer cuáles habían sido las operaciones concretas que justificaran estos
cambios. La titular del RNTR respondió que no podía brindar información
protegida por la Ley de Habeas Data y que, en todo caso, había que recurrir a
cada uno de los registros provinciales. Sin embargo, nunca respondió algo tan
específico y público como la cantidad de operaciones que podrían haber
justificado tamaños cambios que podría beneficiar a potenciales compradores
extranjeros.
Pero esa no fue la única evasiva. La senadora
Pilatti Vergara también consultó cuáles habían sido las comunicaciones
recibidas por el Registro sobre las modificaciones en las participaciones
accionarias desde que habían asumido. El RNTR no respondió; solamente dijo que
podía brindar información genérica y ante cualquier inquietud había que
dirigirse a la página web del organismo.
El Decreto 820 vulneró la Ley sancionada en 2011 ya
que el control sobre la extranjerización –vía un simple pasa
manos de acciones – pasó a depender de la buena voluntad de las personas
(físicas o jurídicas) que informaran de dichas transacciones. Por ende, la Mesa
Nacional de Tierras también le preguntó al Registro cuáles habían sido las
operaciones que justificaran los cambios abruptos en algunos departamentos,
como así también todo tipo de intercambio de paquetes accionarios de los cuales
hayan sido informados según el propio Decreto 820. Nuevamente, la respuesta fue
una evasiva. También se consultó por las operaciones que contuvieran
causes de agua y las autoridades provinciales no se hubieran expedido
en el tiempo fijado por Ley. La respuesta fue la misma.
Distintas organizaciones sociales de Mendoza, Neuquén,
Chubut, Provincia de Buenos Aires y CABA plantearon la
inconstitucionalidad del decreto 820. Todos los amparos están frenados en
el despacho de la jueza María Alejandra Biotti del juzgado federal 5 del
Contencioso Administrativo, la misma magistrada que rechazó el amparo de Felipe
Solá para frenar el decreto de Macri que permitió el blanqueo de capitales a
familiares de funcionarios.
Paraísos Fiscales
En la Ley 26.726 primaba un criterio restrictivo, teniendo
en cuenta que las guaridas fiscales (Panamá o Delaware) servían para la
elusión o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las
sociedades radicadas en esas plazas eran consideradas extranjeras por más que
sus socios fueran argentinos.
El macrismo modificó está lógica. Según las
respuestas de Cristina Brunet, la nueva directriz contó con el aval de la AFIP
y de la IGJ. El primer informe sobre la extranjerización de la tierra elaborado
en 2015 arrojó que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es
decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en guaridas
fiscales.
Sin embargo, existió un cambio más de fondo. Con el decreto
820 se eliminaron los controles cruzados tanto de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y la AFIP pensados para prevenir el
lavado de activos o la elusión fiscal a través de la compra venta de tierras,
operaciones comerciales que suelen hacerse en efectivo.
Uno de los que logró “nacionalizar” sus tierras fue
Bulgheroni, propietario de la sociedad Cerezas Argentinas SA que posee en Río
Negro 20.957 hectáreas. En 2015, la empresa era considerada extranjera por
estar radicada en Uruguay, según la información oficial a la que accedió Cash.
No por nada los cambios de la ley de tierras ocurrieron luego del escándalo de
los Panamá Papers.
TOMADO DE PAGINA 12 DE AR
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