Repsol ha mostrado una absoluta indiferencia ante los derechos de las poblaciones indígenas en América Latina. Sin salir de Argentina, en el yacimiento de Cerro Bandera, los derechos de la comunidad mapuche Lonko Purran fueron sistemáticamente violados. En el yacimiento de Loma de la Lata sus habitantes, también mapuches, tienen hasta 17 metales pesados en su sangre, sufren trastornos nerviosos, enfermedades en la piel y hasta se han dado casos de anencefalia fetal. Por estos casos y otros similares, la empresa fue juzgada y condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2006.
Repsol es un agente importante en el calentamiento global. Las emisiones directas de la compañía ascienden a unos 30 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero esto solo es una parte ínfima de su responsabilidad en el cambio climático, ya que habría que sumarle las emisiones como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles que produce, lo que supone más de 1.000 millones de toneladas de CO2 equivalente en un año. Las emisiones totales del Estado español en un año están en torno a los 400 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Repsol actúa activamente en la pérdida de biodiversidad. Sus actividades extractivas están presentes en el Parque Nacional Madidi, Reserva de la Biosfera Pilon Lajas, Parque Nacional Isiboro Sécure, Parque Nacional Amboró, Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia), Parque Nacional Yasuni (Ecuador), o la Reserva Llancanelo (Argentina).
Repsol pretendía explotar los recursos del campo argentino de Vaca Muerta, recientemenete descubierto. Este campo contiene petróleo de esquisto. Para extraer ese crudo es necesario inyectar en el subsuelo grandes cantidades de substancias químicas, envenenándolo para siempre. Mientras otros países, como Francia, han prohibido ésta práctica por sus graves impactos, Repsol pretendía llevarla a cabo en Argentina.
Repsol representa un modelo de explotación neocolonial al que multinacionales "españolas" se apuntaron desde los años 90. Repsol compró YPF a un precio por debajo de su valor real. Para ello se subestimaron las reservas y se saneó la empresa con dinero público argentino antes de venderla. Por supuesto, tras la compra de YPF, el Tesoro Argentino perdió una parte importante de la renta petrolera que recibía. Repsol compró YPF por 13.158 millones de dólares en 1999. Ahora la empresa española se retiraría con un saldo positivo de 8.813 millones de dólares, aún sin indemnización. El golpe del Gobierno argentino es una prueba clara de que la correlación de fuerzas está cambiando.
Repsol es un ejemplo de empresa que evade impuestos. Es una de las multinacionales con sede en España (que no española) que cuenta con más presencia en paraísos fiscales, en donde tiene 13 filiales a través de las cuáles minimiza el pago de impuestos.
Repsol no crea empleos, sino que los ha estado destruyendo. El ejemplo de YPF tras su compra es paradigmático, pues miles de personas fueron despedidas. YPF tenía más de 55.000 trabajadores, de los que solo quedaron unos 6.00 después de la privatización. Además, la búsqueda de la competitividad le ha llevado a rebajar las condiciones de seguridad de sus plantas, lo que está detrás de la muerte de 9 trabajadores en la refinería de Puertollano.
Repsol no es una empresa española, simplemente tiene su sede en el Estado español. La mayoría de su accionariado está radicado en el exterior. Además, la defensa de sus accionistas es la defensa de los intereses privados de un porcentaje ínfimo de la población.
Por último, Repsol es el paradigma de un modelo energético con los días contados. En Argentina el pico del petróleo se había alcanzado en 1999 y, desde entonces, la producción de sus campos era decreciente. Ni la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, ni otros como los que pretende explotar Repsol en Canarias o en la costa brasileña van a cambiar sustancialmente el panorama de agotamiento de los combustibles fósiles.
En conclusión, Ecologistas en Acción, OMAL y el ODG denuncian que al defender Repsol, el Gobierno: NO defiende los intereses de la ciudadanía; dedicando los tan necesitados fondos públicos al servicio del interés de unos cuantos, que actúan en total impunidad social, ambiental y fiscal. Exigimos que se ponga fin a ello, ahora.
Este artículo es firmado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción
Enviado por red FOROBA
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