Washington DC, 17 de
Abril del 2012 – La ONG Environmental Investigation
Agency (Agencia de Investigación Ambiental, EIA) presentó esta semana un
pedido formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que active los
mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU para
investigar y verificar el origen legal de las exportaciones de madera
provenientes de al menos dos empresas peruanas y auditar a varias más.
EEUU más de 100 embarques conteniendo millones de dólares en cedro y caoba
extraídos ilegalmente de la Amazonía peruana. Esta madera ha sido extraída
y comercializada en contra de las leyes peruanas y norteamericanas, de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES) y, más recientemente, del TLC Perú-EEUU.
serie de medidas que permiten que EEUU solicite a Perú el desarrollo de
auditorías a los concesionarios o exportadores sobre los que exista
sospecha de estar comercializando madera ilegal, y la conducción de
verificaciones sobre embarques específicos de madera. Si se encuentra
evidencia de ilegalidades o declaraciones intencionalmente falsas, EEUU
puede tomar medidas tales como el decomiso de embarques específicos o
incluso prohibir el ingreso a EEUU de todas las importaciones provenientes
de una empresa determinada hasta que Perú demuestre que la empresa está
cumpliendo con las leyes y reglamentos pertinentes.
solicite a Perú la verificación de una serie de exportaciones de madera
provenientes de Maderera Bozovich SAC y Maderera Vulcano SAC, dado que
ambas empresas han tenido históricamente la mayor cantidad de casos de
exportaciones a EEUU de madera proveniente de concesiones con actividades
ilegales. El pedido también requiere que se realice verificaciones sobre
los embarques que contengan madera proveniente de concesiones que se
encuentren actualmente suspendidas por supuestas actividades ilegales de
acuerdo a las regulaciones peruanas. De acuerdo con la data de EIA, al
menos 77 embarques con problemas de legalidad han ingresado a EEUU
provenientes de una de estas dos empresas exportadoras o conteniendo madera
supuestamente extraída de las concesiones suspendidas. Los resultados de
esta investigación de EIA se basan en el análisis de documentación oficial
del gobierno peruano.
ilegal,” declaró Andrea Johnson, de EIA. “Es momento de activar estos
mecanismos para proteger los bosques de Perú – así como para apoyar a las
empresas de ambos países que quieren hacer las cosas bien y que necesitan
competir en condiciones equitativas.”
EIA sostiene que los embarques mencionados en el pedido a USTR son sólo una
muestra reducida de un número bastante mayor de embarques que contienen
madera ilegal. “La naturaleza sistemática de las acciones de estos
productores y exportadores dan cuenta de prácticas problemáticas que una y
otra vez violan las leyes nacionales e internacionales en los dos países
involucrados,” enfatizó Johnson.
y suscritos por funcionarios del gobierno peruano – ingresando en EEUU
entre el 2008 y el 2010. Estos embarques representan más del 35% del
comercio de especies protegidas por CITES entre Perú y EEUU en el periodo
de tiempo mencionado. EIA considera que estas cifras son conservadoras y
que el número de embarques con ilegalidades aumentaría si se tuviese acceso
a la data completa de parte del gobierno peruano.
La extracción ilegal de madera en la Amazonía peruana es realizada por
grupos de taladores - generalmente en el marco de condiciones de trabajo
forzoso - que la roban de áreas naturales protegidas, territorios
indígenas y otras tierras del Estado. Un reciente estimado del gobierno
peruano calcula que la tala ilegal le cuesta al Perú unos 250 millones de
dólares anuales.
error no reconocer que se trata de un problema endémico y sistémico que
atraviesa todo el sector forestal peruano,” declaró Julia Urrunaga,
Directora del Programa Perú de EIA.
“El gobierno de EEUU tiene la responsabilidad de verificar que EEUU no está
siendo cómplice de la tala ilegal que se esconde detrás del comercio formal
de madera proveniente de Perú, actividad que – además de tener un terrible
impacto sobre la biodiversidad – genera violaciones de derechos humanos y
corrupción,” agregó Urrunaga.
anunciando que “son objetivos del Gobierno reconocer el origen legal de la
madera, reducir la tala ilegal y establecer sanciones consistentes para
evitar la depredación de los bosques naturales.” El comunicado se emitió
luego de una reunión de trabajo entre el Presidente del Consejo de
Ministros, Jorge Valdés, el Ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, y el
Presidente de OSINFOR, Rolando Navarro. Navarro agregó que “actualmente
existe un aprovechamiento inadecuado del recurso forestal, malas prácticas
forestales (deforestación), extracción y comercio ilegal, excesiva y
dispersa legislación forestal y de fauna silvestre.” La PCM adelantó que
analizará una serie de medidas, incluyendo una evaluación del sistema de
concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal
forestal.
“Las mejoras en la supervisión y la transparencia de oficinas del gobierno
peruano están permitiendo demostrar el nivel de fraude en el sector –
esperamos que esta misma transparencia ayude también a solucionar el
problema,” declaró Johnson, precisando que el análisis de EIA se apoyó en
data generada por una oficina del Estado peruano cuya reforma y
fortalecimiento han sido un aspecto clave del Anexo Forestal del TLC
Perú-EEUU. “Pedimos a Perú que continúe en la dirección de aumento de
transparencia y reforma que viene implementando, y hacemos un llamado a los
gobiernos y a los compradores para que sinceramente apoyen estos esfuerzos.
El futuro de los bosques más biodiversos del mundo depende de ello.”
El informe de EIA está disponible en www.eia-global.org. Imágenes y video
del trabajo de campo de EIA para documentar de primera mano el lavado de
madera están disponibles en www.shootunit.com/eia. La versión digital del
informe, con recursos adicionales y los documentos oficiales está
disponible en www.peruforests-bosquesperuanos.com .
enviado por Sandro Chávez
Agency (Agencia de Investigación Ambiental, EIA) presentó esta semana un
pedido formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que active los
mecanismos previstos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU para
investigar y verificar el origen legal de las exportaciones de madera
provenientes de al menos dos empresas peruanas y auditar a varias más.
El 10 de abril pasado,
EIA hizo públicos los resultados de una
investigación que demuestra
que, entre el 2008 y el 2010, Perú exportó aEEUU más de 100 embarques conteniendo millones de dólares en cedro y caoba
extraídos ilegalmente de la Amazonía peruana. Esta madera ha sido extraída
y comercializada en contra de las leyes peruanas y norteamericanas, de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES) y, más recientemente, del TLC Perú-EEUU.
El TLC Perú-EEUU, que
entró en funcionamiento en enero del 2009, incluye
un novedoso “Anexo sobre el manejo del sector
forestal” que contiene unaserie de medidas que permiten que EEUU solicite a Perú el desarrollo de
auditorías a los concesionarios o exportadores sobre los que exista
sospecha de estar comercializando madera ilegal, y la conducción de
verificaciones sobre embarques específicos de madera. Si se encuentra
evidencia de ilegalidades o declaraciones intencionalmente falsas, EEUU
puede tomar medidas tales como el decomiso de embarques específicos o
incluso prohibir el ingreso a EEUU de todas las importaciones provenientes
de una empresa determinada hasta que Perú demuestre que la empresa está
cumpliendo con las leyes y reglamentos pertinentes.
El pedido de EIA,
presentado ante la Oficina de Comercio de EEUU (USTR, por
sus siglas en inglés)
en una reunión el martes pasado, plantea que EEUUsolicite a Perú la verificación de una serie de exportaciones de madera
provenientes de Maderera Bozovich SAC y Maderera Vulcano SAC, dado que
ambas empresas han tenido históricamente la mayor cantidad de casos de
exportaciones a EEUU de madera proveniente de concesiones con actividades
ilegales. El pedido también requiere que se realice verificaciones sobre
los embarques que contengan madera proveniente de concesiones que se
encuentren actualmente suspendidas por supuestas actividades ilegales de
acuerdo a las regulaciones peruanas. De acuerdo con la data de EIA, al
menos 77 embarques con problemas de legalidad han ingresado a EEUU
provenientes de una de estas dos empresas exportadoras o conteniendo madera
supuestamente extraída de las concesiones suspendidas. Los resultados de
esta investigación de EIA se basan en el análisis de documentación oficial
del gobierno peruano.
“El TLC Perú-EEUU
contiene novedosos mecanismos ambientales diseñados para
asegurar que un
comercio más abierto no se traduzca en mayor comercioilegal,” declaró Andrea Johnson, de EIA. “Es momento de activar estos
mecanismos para proteger los bosques de Perú – así como para apoyar a las
empresas de ambos países que quieren hacer las cosas bien y que necesitan
competir en condiciones equitativas.”
EIA sostiene que los embarques mencionados en el pedido a USTR son sólo una
muestra reducida de un número bastante mayor de embarques que contienen
madera ilegal. “La naturaleza sistemática de las acciones de estos
productores y exportadores dan cuenta de prácticas problemáticas que una y
otra vez violan las leyes nacionales e internacionales en los dos países
involucrados,” enfatizó Johnson.
El informe de EIA, “La
Máquina Lavadora”, analiza documentación oficial que
revela un flujo
sostenido de madera ilegal – lavada con papeles fabricadosy suscritos por funcionarios del gobierno peruano – ingresando en EEUU
entre el 2008 y el 2010. Estos embarques representan más del 35% del
comercio de especies protegidas por CITES entre Perú y EEUU en el periodo
de tiempo mencionado. EIA considera que estas cifras son conservadoras y
que el número de embarques con ilegalidades aumentaría si se tuviese acceso
a la data completa de parte del gobierno peruano.
La extracción ilegal de madera en la Amazonía peruana es realizada por
grupos de taladores - generalmente en el marco de condiciones de trabajo
forzoso - que la roban de áreas naturales protegidas, territorios
indígenas y otras tierras del Estado. Un reciente estimado del gobierno
peruano calcula que la tala ilegal le cuesta al Perú unos 250 millones de
dólares anuales.
“Este pedido ante USTR
apunta a que se actúe con respecto a un grupo de
concesiones con
problemas y a los exportadores principales, pero sería unerror no reconocer que se trata de un problema endémico y sistémico que
atraviesa todo el sector forestal peruano,” declaró Julia Urrunaga,
Directora del Programa Perú de EIA.
“El gobierno de EEUU tiene la responsabilidad de verificar que EEUU no está
siendo cómplice de la tala ilegal que se esconde detrás del comercio formal
de madera proveniente de Perú, actividad que – además de tener un terrible
impacto sobre la biodiversidad – genera violaciones de derechos humanos y
corrupción,” agregó Urrunaga.
Dos días después del
lanzamiento del informe de EIA, la Presidencia del
Consejo de Ministros
(PCM) de Perú emitió un comunicado de prensaanunciando que “son objetivos del Gobierno reconocer el origen legal de la
madera, reducir la tala ilegal y establecer sanciones consistentes para
evitar la depredación de los bosques naturales.” El comunicado se emitió
luego de una reunión de trabajo entre el Presidente del Consejo de
Ministros, Jorge Valdés, el Ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, y el
Presidente de OSINFOR, Rolando Navarro. Navarro agregó que “actualmente
existe un aprovechamiento inadecuado del recurso forestal, malas prácticas
forestales (deforestación), extracción y comercio ilegal, excesiva y
dispersa legislación forestal y de fauna silvestre.” La PCM adelantó que
analizará una serie de medidas, incluyendo una evaluación del sistema de
concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal
forestal.
“Las mejoras en la supervisión y la transparencia de oficinas del gobierno
peruano están permitiendo demostrar el nivel de fraude en el sector –
esperamos que esta misma transparencia ayude también a solucionar el
problema,” declaró Johnson, precisando que el análisis de EIA se apoyó en
data generada por una oficina del Estado peruano cuya reforma y
fortalecimiento han sido un aspecto clave del Anexo Forestal del TLC
Perú-EEUU. “Pedimos a Perú que continúe en la dirección de aumento de
transparencia y reforma que viene implementando, y hacemos un llamado a los
gobiernos y a los compradores para que sinceramente apoyen estos esfuerzos.
El futuro de los bosques más biodiversos del mundo depende de ello.”
El informe de EIA está disponible en www.eia-global.org. Imágenes y video
del trabajo de campo de EIA para documentar de primera mano el lavado de
madera están disponibles en www.shootunit.com/eia. La versión digital del
informe, con recursos adicionales y los documentos oficiales está
disponible en www.peruforests-bosquesperuanos.com .
enviado por Sandro Chávez
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