Alfonsín promueve una ley de amnistía para los asambleístas de Gualeguaychú
Junto con el diputado Atilio Benedetti, presentarán un proyecto para extinguir la acción penal contra quienes fueron denunciados por el Gobierno por el corte de ruta que mantuvieron tres años.
La Nación - Ricardo Alfonsín anunció ayer que, junto con el diputado nacional Atilio Benedetti, presentarán un proyecto de ley de amnistía para los asambleístas de Gualeguaychú.
La propuesta, según consignó la agencia DyN, busca extinguir la acción penal para los diez asambleístas denunciados por el Gobierno por el corte de ruta que mantuvieron tres años en su protesta contra la instalación de la pastera finlandesa Botnia en el margen oriental del río Uruguay.
La causa contra los asambleístas está a cargo del juez Gustavo Pimentel, subrogante del juzgado federal de Concepción del Uruguay, quien en junio le recordó a Gendarmería Nacional que estaban vigentes mandatos judiciales previos por la comisión de delitos de interrupción del tránsito contra los manifestantes.
En esa causa, aceptó en julio al Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, quien se presentó como querellante en representación del Gobierno para denunciar la posible comisión de 14 delitos contra diez 10 asambleístas, entre ellos Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, y Alejandro Crimella.
El proyecto. Alfonsín y Benedetti explicaron anoche en Gualeguaychú que con su iniciativa buscaban amnistiar a quienes "hayan participado en los hechos que dieran lugar a la imputación de delitos desarrollados en el país con motivo de la lucha ambiental contra la instalación de plantas industriales para la fabricación de pasta de celulosa en la margen izquierda del río Uruguay".
La amnistía, indicaron, "extingue la pena o la acción penal en todas las causas, cualquiera fuere el estado procesal de las mismas, extendiéndose a todas las consecuencias penales; y sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales". En los fundamentos de la ley, que fue respaldada por varios dirigentes y legisladores radicales, los diputados señalaron que "los asambleístas no son criminales sino ciudadanos de Gualeguaychú que piensan en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de toda una región".
"Con la paz social como horizonte, propiciamos que el Congreso declare una amnistía extinguiendo la acción penal y la pena para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de manifestarse contra la instalación de las pasteras", agregó el texto del proyecto.
Los diputados radicales intentaron de este modo descomprimir la situación procesal de diez pobladores de Gualeguaychú que fueron denunciados el 12 de junio por el Gobierno Nacional cuando éste se presentó como querellante en la causa por 18 delitos generada por el corte de la ruta 136.
El corte. Ese camino a Uruguay estuvo bloqueado durante tres años y medio en protesta por la instalación inconsulta a la parte argentina de la planta UPM (ex Botnia) en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Los asambleístas levantaron la protesta, en el marco de una tregua por sesenta días que vencería el jueves próximo, a la espera de las negociaciones que el gobierno mantuvo con Uruguay para permitir el acceso de especialistas para realizar un monitoreo conjunto en la planta de la papelera.
En ese marco, la Asamblea propuso al gobierno que el ingeniero argentino Elías Matta y al especialista italiano en plantas de celulosa Marcelo Conti integren el comité científico encargado del monitoreo del río Uruguay.14/agosto/2010
La propuesta, según consignó la agencia DyN, busca extinguir la acción penal para los diez asambleístas denunciados por el Gobierno por el corte de ruta que mantuvieron tres años en su protesta contra la instalación de la pastera finlandesa Botnia en el margen oriental del río Uruguay.
La causa contra los asambleístas está a cargo del juez Gustavo Pimentel, subrogante del juzgado federal de Concepción del Uruguay, quien en junio le recordó a Gendarmería Nacional que estaban vigentes mandatos judiciales previos por la comisión de delitos de interrupción del tránsito contra los manifestantes.
En esa causa, aceptó en julio al Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, quien se presentó como querellante en representación del Gobierno para denunciar la posible comisión de 14 delitos contra diez 10 asambleístas, entre ellos Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, y Alejandro Crimella.
El proyecto. Alfonsín y Benedetti explicaron anoche en Gualeguaychú que con su iniciativa buscaban amnistiar a quienes "hayan participado en los hechos que dieran lugar a la imputación de delitos desarrollados en el país con motivo de la lucha ambiental contra la instalación de plantas industriales para la fabricación de pasta de celulosa en la margen izquierda del río Uruguay".
La amnistía, indicaron, "extingue la pena o la acción penal en todas las causas, cualquiera fuere el estado procesal de las mismas, extendiéndose a todas las consecuencias penales; y sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales". En los fundamentos de la ley, que fue respaldada por varios dirigentes y legisladores radicales, los diputados señalaron que "los asambleístas no son criminales sino ciudadanos de Gualeguaychú que piensan en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de toda una región".
"Con la paz social como horizonte, propiciamos que el Congreso declare una amnistía extinguiendo la acción penal y la pena para todas las personas que hayan participado en hechos ocurridos con motivo o finalidad de manifestarse contra la instalación de las pasteras", agregó el texto del proyecto.
Los diputados radicales intentaron de este modo descomprimir la situación procesal de diez pobladores de Gualeguaychú que fueron denunciados el 12 de junio por el Gobierno Nacional cuando éste se presentó como querellante en la causa por 18 delitos generada por el corte de la ruta 136.
El corte. Ese camino a Uruguay estuvo bloqueado durante tres años y medio en protesta por la instalación inconsulta a la parte argentina de la planta UPM (ex Botnia) en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Los asambleístas levantaron la protesta, en el marco de una tregua por sesenta días que vencería el jueves próximo, a la espera de las negociaciones que el gobierno mantuvo con Uruguay para permitir el acceso de especialistas para realizar un monitoreo conjunto en la planta de la papelera.
En ese marco, la Asamblea propuso al gobierno que el ingeniero argentino Elías Matta y al especialista italiano en plantas de celulosa Marcelo Conti integren el comité científico encargado del monitoreo del río Uruguay.14/agosto/2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario