A finales de mayo pasado, el Gobierno Nacional dio a conocer el primer diagnóstico sobre el robo de tierras en el país, realizado en los Montes de María, donde despojaron a los campesinos de 37 mil hectáreas de tierra, y se estima que esa cifra solo corresponda al 20 por ciento del robo total.
La Superintendencia de Notariado dejó al descubierto una decena de trampas jurídicas cometidas por empresarios y funcionarios del Incoder y oficinas de Registro Público, que despojaron al menos a 1.464 campesinos desplazados de la región de los Montes de María de más de 37 mil hectáreas de tierra, avaluadas en unos 200 mil millones de pesos.
El parlamentario del Polo, Iván Cepeda, quien también hizo un estudio sobre el caso, dice que uno de los temores que existe es que la mayoría de empresarios sean tenidos como de buena fe. El superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, le dijo a EL HERALDO entonces que, por ejemplo, Cementos Argos –propietaria de parte de estas tierras en cuestión-, sería uno de los de buena fe, ya que son terceros compradores y, además, adelanta un programa de reforestación en los Montes de María. Sin embargo, varios desplazados se han opuesto a este programa, entre ellos el recientemente asesinado concejal del Polo en San Onofre, Sucre, Antonio Mendoza.
A principios del mes pasado, en medio del debate de control político a las políticas de Restitución de Tierras en la Cámara de Representantes, el parlamentario Cepeda denunció que “los Montes de María están en poder de amigos del expresidente Álvaro Uribe”. Cepeda exhibió una serie de videos y documentos en los que se muestra “un despojo de tierras que fue auspiciado por un concierto para delinquir de empresarios provenientes de Antioquia”.
El citante congresista señaló, así mismo, que el expresidente Uribe, en una reunión en 2007, le dijo a Luis Esteban Echavarría, uno de los compradores que se había logrado la paz en esa región pero que las tierras estaban vacías. Cepeda, además, mostró un video de 2009 en el que el exministro de Agricultura Andrés Fernández invita a los campesinos de María La Baja, Bolívar, para que les vendan sus tierras a cuatro de sus “amigos ‘Uno-A’, a quienes conozco desde hace tiempo en Medellín” y habla de hacer lo posible para levantar la protección que existía sobre esos predios.
Lo peor es que en esta región han sido asesinados, desde mayo de 2010, cuatro líderes de restitución de tierras. La primera muerte fue la de Rogelio Martínez Mercado, miembro del Movice, asesinado el 18 de mayo de 2010 en su finca La Alemania, en San Onofre, Sucre. El 24 de noviembre de 2010 fue muerto Óscar Maussa Contreras, en la finca El Pozo del Guamo, en San Juan de Nepomuceno, Bolívar. El 23 de marzo de 2011, Éder Verbel Rocha fue asesinado en la finca Puerto Colombia, en San Onofre. Y el 10 de julio de 2011, fue muerto el concejal de San Onofre, Antonio Mendoza.
Hace pocas semanas, un Fiscal de la Unidad Anticorrupción llamó a interrogatorio a 23 alcaldes, notarios y otros funcionarios municipales de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre por los despojos en los Montes de María. Los mandatarios locales presuntamente implicados son el de San Jacinto, Joaquín Guete; el alcalde de Zambrano, Eduardo Lorea y el de San Juan de Nepomuceno, Roberto Guardela.
En el robo de tierras de Urabá están presuntamente implicados 15 funcionarios públicos, exalcaldes, empresarios y 120 personas jurídicas y naturales que se apoderaron de manera fraudulenta de más de 41 mil hectáreas de tierras.
Entre ellos aparece Sor Teresa Gómez, la hermana media del desaparecido cabecilla paramilitar Carlos Castaño, quien le vendía las tierras al Fondo Ganadero de Córdoba. Gómez, prófuga de la justicia y condenada por el asesinato en 2007 de la líder campesina cordobesa Yolanda Izquierdo, se encargaba de los poderes de los campesinos, algunos falsos y otros verdaderos, para la transferencia de tierras.
La Supernotariado explicó que "el Fondo Ganadero de Córdoba es la persona jurídica que más tierras ha comprado en la zona del Urabá mediante maniobras fraudulentas" y enumera que ese ente cometió anomalías como "presiones para que se le otorgaran poderes, registro de falsos poderes y otorgamiento de poderes a una sola persona (Sor Teresa Gómez)".
A consecuencia de las compras masivas de tierras, señala el ente de control, "los beneficiarios de la reforma agraria terminaban vendiendo sus predios mediante la presión de sus colindantes, que en todos los casos era el Fondo Ganadero de Córdoba".
El Supernotariado indicó, además, que para la investigación se revisaron los movimientos de los últimos 20 años en materia de predios y que los nombres de los funcionarios implicados –incluso del Ministerio de Agricultura y de la Gobernación de Córdoba-, se mantienen en reserva.
Dos semanas después de haberse revelado el robo, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ordenó a este Fondo suspender inmediatamente todas las operaciones de transferencia de tierras.
El Ministerio halló que "de 72 copias de escrituras públicas entregadas por el Fondo, en sesión extraordinaria de su Junta Directiva el 30 de agosto de 2011, la totalidad fueron suscritas entre el representante legal del Fondo de la época, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez en calidad de aparente apoderada de campesinos".
Indicó además que las autoridades encontraron 296 tipos de irregularidades durante el despojo y aseguró que las tierras serán entregadas de nuevo a los labriegos que figuraban como sus dueños originales, a través de la creación del Banco de Tierras.
El jefe de Estado describió que uno de los casos encontrados en San Martín fue en el predio conocido como 'La Frontera', donde por medio de un procedimiento de "aclaración de linderos", el terreno pasó de tener 18 mil hectáreas a tener 38 mil.
Según dio a conocer Caracol Radio, en el reporte de 61 páginas entregado al presidente Santos y a la Fiscalía sobre el despojo, se señala que un grupo llamado ‘Sociedad Agropecuaria Villa Diana Limitada’ aparece como dueña de al menos tres predios en Mapiripán, Meta, y que fueron declarados protegidos por el Estado por riesgo de desplazamiento.
Así mismo sucede con la empresa ‘Agroindustrial San Miguel S.A.’ que aparece como dueña de un predio y con ‘Fundación Libertad’, dueña de otro predio.
En localidades como Mapiripán, Granada, La Uribe y Fuente de Orose cometieron las irregularidades con las fotocopias de los certificados de propiedad falsos que habrían sido autenticados posteriormente con sellos del Incoder.
Por Tomás Betín del Río
Bogotá. Tomado de el Heraldo de Colombia
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