Miércoles 21 de julio de 2010 por CEPRID
Mailer Mattié
CEPRID
El cuidado de la salud de la mayoría de las poblaciones en los países del sur se sustenta primordialmente en la antigua alianza entre cultura y naturaleza; en particular, se apoya en los estrechos vínculos establecidos entre la propiedad colectiva del conocimiento y la protección de la biodiversidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en efecto, la atención primaria sanitaria del 80 por ciento de la población mundial depende de los sistemas de medicina tradicional y, en consecuencia, de la utilización de principios activos de plantas, animales y minerales libremente disponibles. En el continente africano, por ejemplo, se estima que hay sólo un especialista en medicina occidental por cada 60 mil habitantes, mientras se cuenta con un médico tradicional por cada 600 personas.
En la actualidad se conoce el uso medicinal de unas 20 mil plantas, de las cuales aproximadamente el 50 por ciento está en peligro de extinción. Voceros de comunidades indígenas y campesinas afirman, no obstante, que el conocimiento tradicional relacionado con la medicina está desapareciendo aún más rápidamente que la biodiversidad. Entre los principales factores que contribuyen a dicha situación se encuentra, sin duda, el aumento constante de las actividades de biopiratería y bioprospección; prácticas que permiten a las grandes corporaciones apropiarse de las bases del sistema médico tradicional y adscribirlas al rentable negocio mundial de la medicina. Empresas como Sanofi-Aventis, Bayer y Pfizer, entre otras, controlan, en efecto, el mercado mundial de productos farmacéuticos, fortaleciendo la cada vez más poderosa alianza entre ciencia, tecnología y economía, cuyas consecuencias se reflejan notablemente en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas en el planeta. Una colaboración que se apoya, además, en el régimen de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC),1 basado en un sistema de patentes que contradice explícitamente las disposiciones del Convenio Sobre la Diversidad Biológica de 1992 (CDB), en relación no sólo a la participación equitativa de los países que poseen recursos genéticos en los beneficios que se obtienen de su explotación, sino también acerca de los derechos que otorga a los generadores del saber comunitario, establecidos en el Artículo 8 (j).2
La apropiación privada, pues, transforma artificialmente el conocimiento tradicional y la biodiversidad en mercancías ficticias; es decir, en fuentes de grandes ganancias económicas, sin que ambos hayan sido nunca antes concebidos para tal fin. Parte del beneficio económico que las corporaciones obtienen al utilizar el conocimiento tradicional proviene, en principio, de la reducción de sus costos de investigación. El desarrollo de un estudio convencional, en efecto, requiere el meticuloso análisis en el laboratorio de miles de muestras escogidas al azar, hasta hallar una con opciones de éxito comercial; argumento, de hecho, utilizado con frecuencia para justificar la vigencia del régimen de patentes. No obstante, cuando se dispone de la información obtenida directamente de las comunidades, una de cada dos muestras puede resultar exitosa, dado que previamente los técnicos en bioprospección han comprobado su eficacia por el uso que hace la población residente en la zona donde han sido recolectadas3. Este procedimiento puede generar un ahorro del 400 por ciento en los costos que normalmente se requieren para identificar las propiedades de los componentes activos de un organismo determinado; un oscuro atajo, sin embargo, que las empresas adscriben falazmente a sus “métodos científicos de investigación”. El valor económico de los productos derivados de la riqueza biológica a nivel mundial ha sido calculado en 800 mil millones de dólares al año y se estima que el 10 por ciento, aproximadamente, corresponde a la contribución del conocimiento colectivo.
Los fármacos derivados, sin embargo, tienen como objetivo preferente el mercado en los países ricos del norte. Durante los últimos treinta años, ciertamente, las empresas farmacéuticas han comercializado unos mil doscientos nuevos medicamentos; entre ellos, apenas catorce están relacionados con enfermedades tropicales, a pesar de que afectan al 70 por ciento de la población mundial. La mayoría de las actividades de bioprospección, además, se llevan a cabo en medio de un conveniente vacío legal -local e internacional-, y se acude a la compensación sólo para intentar frenar la resistencia de las comunidades. Así, mientras éstas son inducidas a participar en el saqueo de su patrimonio natural y cultural, la consecuencia inmediata es la privación de sus derechos y la pérdida de los bienes fundamentales que sostienen la vida en condiciones de salud y de bienestar. La privatización de la biodiversidad y del conocimiento reproduce, sin duda, las mismas pautas de intromisión y violencia contra los pueblos que han caracterizado a la economía desde la Revolución Industrial.
Notas:
1 Xavier Caño Tamayo. Las cláusulas de la OMC sobre propiedad intelectual son un obstáculo para la generación de conocimiento. Diciembre de 2002. En: http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/101-200/116/A5.htm
2 Convenio Sobre Diversidad Biológica. En: http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
3 Grupo de trabajo de expertos indígenas sobre conocimientos tradicionales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena. Octubre de 2004. En: intranet.comunidadandina.org/Documentos/.../SGdi724.do
Mailer Mattié es economista y escritora venezolana.
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