El Estado nacional volvió a presentar un recurso para frenar el Proyecto Productivo Ayuí Grande, el megaemprendimiento agropecuario para el departamento Mercedes. En esta oportunidad, el Gobierno interpuso un recurso ante la licitación de las obras por parte de las empresas que llevan adelante la agro inversión.
El titular del Icaa, Mario Rujana, envió el lunes un informe ampliado a la Corte sobre el proyecto Ayuí.
EL DATO
A principios de octubre se iniciaron las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo que se encuentran en la zona donde se construiría la represa del Ayuí.
LOS NUMEROS
6.000 fojas tiene el informe que elevó Corrientes a la Corte Suprema con detalles técnicos y del impacto ambiental del proyecto Ayuí.
Tras recibir un informe de Gendarmería Nacional que confirmó que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que lleva adelante el Proyecto Ayuí Grande comenzó el proceso de licitación para las obras de represamiento del arroyo en el departamento Mercedes, el Estado nacional solicitó ante la Corte Suprema de Justicia suspender los trabajos. El recurso presentado por la Jefatura de Ministros de la Nación se suma a los pedidos formulados ante el máximo tribunal en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio en el medio ambiente por la construcción de la represa y el desmonte de la zona.
El pedido fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento empresarial privado denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, una inversión que lleva adelante un grupo de empresas con el fin de ampliar la superficie de siembra de arroz y la aplicación de otros cereales en el departamento Mercedes.
La novedad fue dada a conocer ayer mediante un comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación. El escrito del organismo que patrocinó a la Jefatura de Gabinete de Ministros como órgano director del Cuerpo de Abogados del Estado, señala que el planteo se realizó en base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional, que da cuenta de la proximidad del inicio de las obras. “El informe de la Fuerza de Seguridad señala que se encuentra en trámite el procedimiento de licitación, al cabo del cual, tendrán comienzo los trabajos”, señala el comunicado, reproducido por la agencia Télam.
Cabe señalar en este aspecto, que desde la UTE habían adelantado hace algunos días que comenzarían el tendido eléctrico que alimentará la infraestructura para la megaobra emplazada en la zona de Mercedes. Asimismo, hace algunos días el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) emitió una resolución por medio de la cual autorizó el uso de aguas públicas para llevar adelante el proyecto productivo.
Asimismo, desde la dependencia nacional afirmaron que esta presentación ante la Corte se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para “evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975”, sostiene.
Asimismo, desde el Gobierno nacional recordaron que “esta causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado Nacional contra la Provincia de Corrientes, tendiente a que ésta presentara los informes técnicos y antecedentes necesarios para que los organismos nacionales competentes pudieran evaluar el impacto que el proyecto tendría sobre el medio ambiente, sin embargo, esa información aún no ha sido brindada”.
En este aspecto, cabe señalar que el lunes el Icaa elevó a la Corte Suprema la segunda parte de la información requerida, en un documento de más de 6 mil fojas, donde se detallan los estudios de impacto ambiental que se llevaron a cabo para solicitar los permisos pertinentes para la toma de agua pública, en este caso el arroyo Ayuí.
El proyecto
Ayuí Grande es un emprendimiento llevado a cabo por una UTE compuesta por firmas agrícola-ganaderas, que prevé la construcción de una represa de alrededor de 8 mil hectáreas con el fin poder regar unas 77 mil hectáreas de arroz, además de la implementación de otros cultivos y la siembra de pasturas que permitan el desarrollo de la ganadería.
Tomado diario El Litoral 27 oct 2010
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