EL SUFRAGIO COMO ELEMENTO CONSTRUCTOR DE DEMOCRACIA
Por Carlos A. Tenorio Levandro Las luchas independentistas en las colonias
españolas en América, a
principios del siglo XIX, supusieron la formación de
nuevos Estados, definidos como una sociedad civil, jurídica y políticamente
organizada. Sin embargo, pese a las características y discursos liberales que
reivindicaban la igualdad civil y la libertad del individuo, la dinámica social
y cultural de la época favoreció la consolidación de un sistemático
amordazamiento que impedía la participación de grandes sectores de la población
en la actividad política. Habría que esperar las reformas necesarias para que
el sistema político se abriera a las grandes mayorías, avances que se fueron
dando paulatinamente durante gran parte el siglo XX como resultado de la
construcción de las democracias en varios países. Pese a los avances, el
desafío de continuar el desmantelamiento de elementos coloniales que aún
persisten entre los pueblos y naciones en Sudamérica no se debe soslayar. 131
años de exclusión. El contexto particular, centrado en el país, permite
sostener que de los 189 años de independencia, la sociedad boliviana estuvo
sometida por aproximadamente 131 (1825-1956) a regímenes excluyentes y
discriminatorios que dejaban incapacitados a masivos sectores de la sociedad,
capaces de generar vida política mediante el voto, aislándolos por razones de
sexo, analfabetismo y patrimonio económico, convertidas en factores que
imposibilitaban a una gran cantidad de ciudadanos el ser elegidos o elegir a
quienes postulaban a los altos cargos públicos. Durante ese periodo, el
sufragio era restringido (reservado a quienes cumplían determinadas
condiciones) y censitario (exclusivo para propietarios de bienes), y el voto se
concentraba en una reducida élite; en función de esas restricciones, los
volúmenes de electorado eran ínfimos en relación a la población total del país.
Hasta la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos eran elegidos desde una
minoría proveniente de las elites políticas oligárquicas, de origen
terrateniente y minera, a la cual se incorporaron figuras del mundo
intelectual, alternándose entre constitucionales y de facto. La Constitución de
1826 sostenía que el Presidente de la República debía ser nombrado por el
Congreso Constituyente con carácter vitalicio, y que debía profesar la religión
católica, además de protegerla y hacerla respetar. Esta última disposición se
explica porque hasta ese momento prevalecía el creacionismo como la teoría del
origen de la humanidad, que sería cuestionada por algunos teóricos algunas
décadas más tarde. En el ámbito administrativo, los poderes del Estado eran
cuatro: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero fue suprimido
en la Carta Magna de 1831 y restituido en la Constitución Política del Estado
en actual vigencia (2009). Las sucesivas modificaciones constitucionales
incorporaron, entre otras medidas, el voto calificado, y en la Constitución de
1839 se estableció el voto directo con un elemento adicional, debía ser
secreto. Cambio de la estructura. Sin
lugar a dudas, la Revolución Nacional de abril de 1952 modificó la estructura
económica, política y social en el país al haber consolidado la conquista de
una serie de derechos y reivindicaciones, como el voto universal, mediante
decreto supremo promulgado por el presidente Víctor Paz Estenssoro el 21 de
julio de 1952, norma que fue reglamentada con el decreto electoral de 1956,
ejecutado en las elecciones de ese mismo año, y finalmente constitucionalizada en
1961. El voto universal significaba el levantamiento del veto a indígenas y
mujeres, y la desaparición de todo tipo de limitación económica o de
instrucción. La emergencia de los invisibilizados por la oligarquía republicana
fue abrumadora en las elecciones de 1956 y se tradujo en un incremento de
alrededor de ocho veces el electorado registrado en los comicios precedentes de
1951. Como resultado de esa reforma, el proceso electoral se amplió y, por
primera vez en el país, hubo una elección presidencial por medio del voto
universal cuyo vencedor fue Hernán Siles Zuazo, del partido oficialista MNR,
gesta a partir de la cual han transcurrido 58 años. Aquella inclusión marcó el
inicio de una nueva etapa en la historia de Bolivia. La redacción de la Constitución
de 1961 estuvo exenta de los tintes conservadores y limitantes que
caracterizaron a los anteriores textos y se afianzó al sufragio como la base
del régimen democrático representativo, que se funda precisamente en el voto
universal directo e igual, individual y secreto, libre y obligatorio. Después
de un período de inestabilidad institucional y política entre 1964 y 1982,
Bolivia se reencauzó en la democracia, hecho que suscitó expectativas y renovó
el optimismo en un futuro mejor. Sin embargo, esa conquista se vio empañada por
una constante inflación monetaria, un creciente desempleo y escandalosos hechos
de corrupción de toda índole, agravados por la alternancia en el gobierno de
los partidos políticos que se atribuían el derecho de ejercer el poder (ADN,
MNR, MIR y otros) y sólo lograron echar por tierra las expectativas de la
población. El replanteamiento. El fin de la crisis desatada en 2003 bajo la
presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada marcó para el país la hora de
replantear una mayor participación ciudadana en las decisiones sobre temas
relevantes. Coherentes con ese propósito, los posteriores gobiernos ampliaron
la participación ciudadana mediante una serie de reformas, entre ellas: el
establecimiento del Referéndum con carácter vinculante; la elección de
gobernadores (anteriormente prefectos) y la elección de autoridades del Órgano
Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, decisiones que fueron
asumidas con respaldo del voto popular. Por todo lo expuesto, es posible
sostener que Bolivia continúa transitando los procesos de construcción
democrática hacia una profundización que la haga más participativa y
encontrando coincidencias y divergencias, como exige el perfeccionamiento de
toda iniciativa. Con ese renovado espíritu democrático, el 12 de octubre, los
aproximadamente cinco millones de electores habilitados manifestaremos nuestro
deseo de apuntalar el pacto político y garantizar el orden constitucional, sin
perder de vista que aunque el voto no es el único elemento de la democracia, sí
es el más participativo y quizás el más esperado. TOMADO DE LA PRENSA DE
BOLIVIA
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