DENUNCIAN MUERTES EN
GUATEMALA EN ZONA ASEDIADA POR INSTALACIÓN DE CEMENTERA Denuncian
internacionalmente muerte de miembros de la comunidad El Pajoques del municipio
de San Juan de Sacatepéquez, zona asediada por proyecto de instalación de una
cementera al margen de la ley, a escasos 30 kilómetros de la capital de
Guatemala. Al menos 7 personas murieron, y temen que la violencia y provocación
continúen ante el establecimiento del Estado de Excepción y la orden de captura
de más de 30 dirigentes, tras inculpar a
organizaciones defensoras del territorio sin investigar en profundidad el
patrón de acciones provocadoras.
La denuncia fue formulada por tres organizaciones que
integran la coalición global GAIA, que ha expresado su solidaridad con las
comunidades que enfrentan los riesgos sanitarios y ambientales de la cementera.
Tres miembros de esas organizaciones habían estado reunidos con representantes
de las 12 comunidades de la zona el mismo viernes 19 de septiembre, dando
asesoría técnica en una reunión pública. El Licenciado Carlos Arribas Ugarte de
la organización española Ecologistas en Acción advirtió que la cementera, que
apunta a ser la mayor de América Central, "pudiera quemar grandes
volúmenes de residuos peligrosos para obtener energía, y es de toda lógica que
las comunidades se opongan a ello". El Dr. Raúl Montenegro por su parte,
profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y premio Nóbel
Alternativo –el otro experto que estuvo en la zona- anticipó que lo ocurrido
"será denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU" y
que en los próximos días "se multiplicarán las condenas internacionales
para que el asedio de la cementera se detenga". Alicante (España), Córdoba
(Argentina), El Salvador (El Salvador) y Berkeley (Estados Unidos), 29 de
septiembre de 2014.- Tres reconocidas organizaciones de España, Argentina y El
Salvador, que integran la coalición global GAIA, denunciaron internacionalmente
"la muerte de al menos 7 miembros de la municipalidad de San Juan de
Sacatepéquez, en la Aldea de Los Pajoques, a escasos 31 kilómetros de la
capital de Guatemala, zona asediada por
una propuesta de instalación de cementera una al margen de la ley”, hechos
ocurridos los pasados 19 y 20 de septiembre. Desde hace años las 12 comunidades
organizadas de San Juan Sacatepéquez sufren la persecución, arrestos y
criminalización de sus luchas por defender la vida y el territorio ante la
amenaza de la instalación de la planta de cemento “San Gabriel” de “Cementos
Progreso” que proyecta ser la más grande de América Central. La denuncia
internacional fue formulada por Ecologistas en Acción de España, FUNAM de
Argentina y CESTA Amigos de la Tierra de El Salvador. Todas ellas, miembros de
la coalición global GAIA, asesoran técnicamente a las comunidades sobre los
riesgos sanitarios y ambientales del proyecto de Cementos Progresos. Tres
miembros de esas organizaciones habían estado reunidos en un taller con
comunidades de la zona, pocas horas antes de ocurridos los hechos.
GAIA, la coalición global contra la incineración –que tiene
su Secretaría en Filipinas- había organizado ese taller de expertos y
pobladores precisamente para que se conocieran los datos técnicos "que
Cementos Progreso permanentemente oculta a las comunidades". A raíz de los
hechos ocurridos, las autoridades han decretado estado de excepción en las 12
comunidades que se oponen a la construcción de la cementera y una carretera
relacionada, en un claro acto de criminalización y silenciamiento de personas
que no estuvieron involucradas en los hechos ocurridos. Policías han sido
desplegados en las 12 comunidades, y más de 30 personas tienen orden de captura
en su contra, un hecho que siembra mucho miedo entre la población. Las demandas de las comunidades
Las organizaciones
que suscriben este comunicado apoyan las demandas de las comunidades por: 1) el
respeto a los derechos humanos, indígenas, y ambientales de la población, la
que en su mayoría se opone a la cementera y el proyecto de carretera; 2) la
intervención inmediata del Sistema Nacional del Diálogo para la resolución del
conflicto en una forma no impuesta; 3) una investigación profunda y objetiva de
los hechos sucedidos en Los Pajoques: 4) la protección de la dirigencia de las
comunidades en resistencia, la mayoría de las cuales no vive en los Pajoques y no
estuvieron involucrados en los hechos ocurridos, pero que ahora se encuentran
bajo Estado de excepción; 5) el rechazo definitivo a la construcción de la
cementera en este lugar, por la destrucción del ambiente que traerá consigo y
en respuesta a los derechos que otorga el Convenio 169 a los pueblos indígenas.
El proyecto, que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas de la
región a la salud y a un ambiente sano para el desarrollo de sus formas de
vida, fue formalmente rechazado por las comunidades Maya Kaqchiqueles del lugar
en Mayo de 2007. En esa ocasión, una consulta popular para conocer la opinión
de las comunidades ante la minería y la cementera dio como resultado 8,994
votos en contra de la instalación de la empresa Cementos Progreso y 4 a favor.
Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, y pese a ello las obras
continuaron. El Licenciado Carlos Arribas Ugarte de Ecologistas en Acción
advirtió durante su visita a la región que la cementera, que apunta a ser la
mayor de América Central, "pudiera quemar grandes volúmenes de residuos
peligrosos para obtener energía, dado sus prácticas en la planta San Miguel en
otra parte de Guatemala, y su vinculación histórica con la cementera
multinacional Holcim, lo cual promueve estas prácticas en otras partes del
mundo también". El Dr. Raúl Montenegro por su parte, profesor de la
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y premio Nóbel Alternativo –el
otro experto que estuvo en la zona- anticipó que los hechos ocurridos
"serán denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU" y
que en los próximos días "se multiplicarán las condenas internacionales
para poner freno a la criminalización y la violencia" [1]. Ratificó
asimismo que la cementera, que apunta a ser la mayor de América Central,
"es ilegal porque las obras empezaron sin que se haya cumplimentado el
Artículo 6 de la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización
Internacional del Trabajo [2]. A fuerza de autoritarismo y con el silencio
cómplice del gobierno, la cementera Progreso quiere imponer una planta que
afectará no solamente la salud de las comunidades indígenas Kaqchikeles, sino
que amenaza además el cultivo de flores, una de las principales actividades
económicas de la zona". Además de la planta de cemento, ha empezado la
construcción de una ruta que atraviesa los territorios comunitarios, "y
que es tan ilegal como la propia cementera pues nunca hubo consulta
formal", sostuvo CESTA Amigos de la Tierra, de El Salvador. Magdalena Donoso, coordinadora de GAIA para
América Latina, consideró que "esta situación es una muestra más del
enorme daño que provocan estas grandes compañías que imponen en forma
inescrupulosa sus propuestas en contra de la voluntad de las comunidades.” Cementera y desinformación
Astrid Martínez, de CESTA Amigos de la Tierra, explicó que
la empresa cementera Progreso "no solo está construyendo ilegalmente su
planta sino que obstaculiza todo intento de información a la comunidad. Esa
corporación sabe que cuando las personas conocen los impactos negativos de
estas cementeras sobre la salud y sobre el cultivo de flores, y cómo se violó
impunemente la convención que los ampara, la resistencia pacífica es
inevitable. Corporaciones y gobierno no pueden hacer oídos sordos cuando miles
de personas marchan contra la cementera". "Para socializar los
conocimientos disponibles, las comunidades de San Juan Sacatepéquez, CESTA
Amigos de la Tierra y GAIA organizamos un taller técnico al que asistieron más
de 300 personas, en el cual disertaron los dos expertos de Argentina y
España", indicó Astrid Martínez, de CESTA. En este encuentro que se
realizó en la mañana del día 19 de Septiembre se escuchó el testimonio de la
población sobre su historia de oposición pacífica al proyecto. Durante el encuentro –inaugurado por la
representante de CESTA y Alcaldes Comunitarios de la zona- Montenegro explicó
cómo la empresa cementera Holcim en Córdoba, Argentina, "descargó
ilegalmente durante dos años, en 2009 y 2010, dioxinas cancerígenas sin que lo
supiera la comunidad". Agregó que "casualmente Holcim ha sido parte
de cementos Progreso hasta el 17 de enero de 2013. Compartió por lo tanto sus
ilegalidades e intentos por ocultar los daños potenciales de la planta que
ahora se está construyendo". Cemcal progreso, la accionista mayoritaria de
la cementera, adquirió en 2013 el 20% de las acciones que tenía Holcim en el
grupo.
Por su parte el Licenciado y Master Carlos Arribas Ugarte,
de España, resumió los principales procesos productivos de cemento y como sus
actividades, en particular la quema de residuos peligrosos, afectan
directamente la salud de las personas.
Referencias:
[1] Las presentaciones que efectúan pueblos indígenas
afectados en sus derechos son recibidas por la Relatora Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpus, en la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza).
[2] El Inciso a) del Artículo 6 de la Convención indica que
"Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán
(…) "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente". La Convención entró en vigor en Guatemala el 5 de Junio de
1996.
Para mayor
información contactar a:
Ricardo Navarro
CESTA Amigos de la Tierra, El Salvador
Teléfono fijo: (503) 2213 1404
Teléfono móvil: (503) 7888 7567
Email: foeelsalvador@hotmail.com
Dr. Raúl A.
Montenegro, Biólogo
Teléfono móvil: +54 9 351 5 125 637
Magdalena Donoso
GAIA América Latina
Teléfono móvil: +56 9 96526550
Email: magdalena@no-burn.org
Carlos Arribas
Ecologistas en Acción, España
Teléfono móvil: +34-676 04 83 31
Email: coordinacion@ecologistasenaccion.org
TOMADO DE ENVIO DE FUNAM
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