Como pocas veces se ha visto, las instituciones más importantes del departamento y todos los actores directos en la gestión del Parque Nacional Tunari (PNT) se pronuncian respecto a la Ley que dio origen y protección a esta área natural.
Para el Gobierno Departamental, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que son las máximas instancias de gestión directa del PNT, las actuales normativas que regulan el uso y las competencias de todos los recursos de este parque son obsoletas y, en algunos casos, absolutamente ineficientes.
Opiniones similares tienen los sindicatos agrarios que viven por encima de la cota 2.750, que es el límite permitido por Ley para las ocupaciones urbanas.
La urbanización del PNT ha provocado que las fuentes de recarga de la zona estén cada vez más contaminadas y en disminución. Al menos ésas son las deducciones que sacan los ambientalistas de los últimos informes elaborados en la zona.
El más importante y actual de estos estudios es el del Centro de Levantamiento Aeroespacial (Clas) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que ha concluido hace menos de un mes un diagnóstico general —con imágenes satelitales de hasta 50 centímetros de resolución— y se convierte en el instrumento más importante de las autoridades para dar una solución al peligro de quedarse sin agua en menos de 20 años.
El problema más grande que la ciudad tendrá si es que los asentamientos siguen como hace 10 años está relacionado con los recursos hídricos. No sólo habrá escasez de agua sino que además los cauces de las cuencas provocarán inundaciones y desbordes más fuertes y violentos de los que ahora ya se registran en el lugar.
Los sindicatos agrarios allí establecidos están hace varios años en la lucha por cambiar la Ley del parque porque “es totalmente caduca y no refleja la realidad de lo que está pasando”, según la asesora legal de la Subcentral Agraria del Parque, Corina Tezanos.
El tema de las normas no son de exclusiva preocupación de los sindicatos agrarios, sino de varios sectores, entre ellos los mismos ambientalistas para quienes es mejor no tocar la Ley, porque daría pie a mayores y más graves asentamientos ilegales.
Entre estos dos extremos, quienes no quieren que se toque la Ley y quienes quieren otra, se deben sentar las bases para un acuerdo.
Buscan un plan común
En la Asamblea Departamental, la presidenta de la Comisión Sexta de Defensa de los Derechos de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo, dijo que se aspira a que en esta primera mitad del año se llegue a socializar con todos los municipios una estrategia común para implementar políticas ambientales que permitan poner freno a esta urbanización del Parque.
El director de la Secretaría de la Madre Tierra de la Alcaldía del Cercado, Germán Parrilla, considera que una Ley sería lo más sensato que se pueda hacer para definir una nueva estrategia en la gestión del PNT.
En cambio, los ambientalistas, como John Zambrana, director del Foro Cochabambino de Defensa Ambiental (Focomade) ve con mucho escepticismo un cambio de Ley, porque podría ocasionar que se pierdan las únicas herramientas legales que se tiene ahora para frenar —lo poco que se puede— los avasallamientos. “Lo que hay que hacer redefinir las atribuciones y las responsabilidades del Sernap”, opina Zambrana.
Tomado de Los Tiempos de Bolivia
Para el Gobierno Departamental, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que son las máximas instancias de gestión directa del PNT, las actuales normativas que regulan el uso y las competencias de todos los recursos de este parque son obsoletas y, en algunos casos, absolutamente ineficientes.
Opiniones similares tienen los sindicatos agrarios que viven por encima de la cota 2.750, que es el límite permitido por Ley para las ocupaciones urbanas.
La urbanización del PNT ha provocado que las fuentes de recarga de la zona estén cada vez más contaminadas y en disminución. Al menos ésas son las deducciones que sacan los ambientalistas de los últimos informes elaborados en la zona.
El más importante y actual de estos estudios es el del Centro de Levantamiento Aeroespacial (Clas) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que ha concluido hace menos de un mes un diagnóstico general —con imágenes satelitales de hasta 50 centímetros de resolución— y se convierte en el instrumento más importante de las autoridades para dar una solución al peligro de quedarse sin agua en menos de 20 años.
El problema más grande que la ciudad tendrá si es que los asentamientos siguen como hace 10 años está relacionado con los recursos hídricos. No sólo habrá escasez de agua sino que además los cauces de las cuencas provocarán inundaciones y desbordes más fuertes y violentos de los que ahora ya se registran en el lugar.
Los sindicatos agrarios allí establecidos están hace varios años en la lucha por cambiar la Ley del parque porque “es totalmente caduca y no refleja la realidad de lo que está pasando”, según la asesora legal de la Subcentral Agraria del Parque, Corina Tezanos.
El tema de las normas no son de exclusiva preocupación de los sindicatos agrarios, sino de varios sectores, entre ellos los mismos ambientalistas para quienes es mejor no tocar la Ley, porque daría pie a mayores y más graves asentamientos ilegales.
Entre estos dos extremos, quienes no quieren que se toque la Ley y quienes quieren otra, se deben sentar las bases para un acuerdo.
Buscan un plan común
En la Asamblea Departamental, la presidenta de la Comisión Sexta de Defensa de los Derechos de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo, dijo que se aspira a que en esta primera mitad del año se llegue a socializar con todos los municipios una estrategia común para implementar políticas ambientales que permitan poner freno a esta urbanización del Parque.
El director de la Secretaría de la Madre Tierra de la Alcaldía del Cercado, Germán Parrilla, considera que una Ley sería lo más sensato que se pueda hacer para definir una nueva estrategia en la gestión del PNT.En cambio, los ambientalistas, como John Zambrana, director del Foro Cochabambino de Defensa Ambiental (Focomade) ve con mucho escepticismo un cambio de Ley, porque podría ocasionar que se pierdan las únicas herramientas legales que se tiene ahora para frenar —lo poco que se puede— los avasallamientos. “Lo que hay que hacer redefinir las atribuciones y las responsabilidades del Sernap”, opina Zambrana.
Tomado de Los Tiempos de Bolivia
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