Cuando no hay más en el pozo
Año 5. Edición número 198. Domingo 4 de marzo de 2012
Por Demián Verduga
La situación petrolera. Las empresas privadas dejaron de invertir en exploración para maximizar las ganancias con los yacimientos que existían.
El gobierno de Santa Cruz envió el viernes una carta documento a la empresa Repsol-YPF cuestionando la falta de inversiones. El escrito le puso a la empresa un plazo de cinco días para dar una explicación detallada de por qué no se cumplió con los objetivos de producción previstos. Un día antes, el jueves, el ejecutivo de Chubut firmó un decreto que obliga a la misma empresa a presentar un plan de inversiones en un plazo de una semana. “Si no lo hacen daremos de baja la concesión”, declaró el gobernador de esa provincia, Martín Buzzi. Los dos hechos muestran el aumento de la tensión entre la empresa petrolera, las provincias productoras y el Estado Nacional por la caída de la producción. La situación, se sabe, no emergió de la noche a la mañana, tiene una historia detrás.
Durante la década del ’80, a pesar del vaciamiento que había hecho la dictadura usando YPF para conseguir créditos en el exterior, Argentina tuvo en promedio 117 pozos de exploración de hidrocarburos por año. El 90% era de la empresa estatal. En el año 2010 (último dato disponible), los pozos de exploración en todo el país habían bajado a 26 y sólo ocho pertenecían a Repsol-YPF. Estas cifras, que forman parte de un trabajo del especialista en economía política Mariano Barrera, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), son el núcleo del modelo petrolero que trajo la privatización y que hoy parece estar en crisis terminal.
“Los números indican que la estrategia de YPF una vez que se privatizó fue maximizar las ganancias reduciendo las inversiones de riesgo, que son justamente los pozos de exploración”, le dijo Barrera a Miradas al Sur.
Un pozo para descubrir hidrocarburos cuesta alrededor de dos millones de dólares. Desde que los geólogos comienzan a estudiar la zona hasta que se confirma si hay oro negro o gas debajo de la tierra pueden pasar cinco años, y nada garantiza una respuesta positiva.
“Las nuevas tecnologías y las inversiones que hicieron los privados fueron para exprimir al máximo los yacimientos que ya existían”, explicó Barrera. El investigador señaló que hubo una excepción en este proceso, en 1995. La mayoría de las acciones de YPF ya habían pasado a manos privadas. “Durante los primeros 24 meses de la privatización hubo una gran efervescencia de inversiones. En el ’95 hubo 165 pozos de exploración en todo el país, que fue un récord histórico. YPF tenía cerca de la mitad del total.” Sin embargo, cuando la espuma bajó, “las inversiones de búsqueda comenzaron a caer”. En el ‘96 los pozos de exploración descendieron a 106 y en el ’98 a 63. Esa curva descendente continuó de modo progresivo hasta llegar a los 26 del año 2010 que se mencionaron antes.
La otra pata de la ecuación, el dato paradójico que lleva al cuello de botella que vive hoy la Argentina, son los números de producción que, ciertamente, crecieron mucho desde la desregulación del mercado petrolero. En 1989, antes de que arrancara todo el proceso, Argentina producía 26 millones de metros cúbicos de petróleo e YPF extraía el 65% del total. El 35% restante lo explotaban empresas concesionarias que de todos modos estaban obligadas a venderle a la firma estatal su producción para la refinación. Luego de la desregulación, la producción total del país comenzó a subir y llegó a su pico máximo en 1998 con 49 millones de metros cúbicos. YPF participaba de cerca del 50% de ese volumen. Aquí es importante recordar un dato que pone al año ’98 como el mejor ejemplo del paradigma que creó la privatización. Fue el momento récord de producción y los pozos de exploración –se dijo– habían bajado a 63, es decir, un 50% menos que el promedio de toda la década del ’80.
–¿Cuánto se consumía de toda esa producción?
–La demanda local rondaba los 32 millones de metros cúbicos. Por eso no había ninguna tensión con la libre disponibilidad, ya que con una producción de 48 millones había un gran excedente para exportar.
La entrada de Repsol. El proceso de privatización tuvo dos etapas. La primera fue desde fines de 1992 hasta mediados del ’99. La segunda, en la que a la privatización se le suma la extranjerización, comienza a mediados del ’99, cuando la empresa española Repsol toma el control del 97% de las acciones.
Sobre esto, Barrera sostuvo que “la práctica de maximizar ganancias evitando la exploración había comenzado antes de la llegada de Repsol. La diferencia que sí existe entre los dos períodos es la presencia del Estado en la empresa”. Hasta mediados del ’99, el Ejecutivo nacional controlaba el 20% de las acciones y las provincias petroleras un 11. De esta manera, el sector público tenía el 30% del directorio de YPF, cuatro de los doce miembros que lo componen. “Esa presencia permitía participar del debate sobre las decisiones de inversión, aunque siempre en minoría”, le dijo a Miradas al Sur Ignacio Sabbatella, politólogo y becario del instituto Gino Germani. “Tener al Estado en minoría, por ley, fue una de las condiciones que el sistema financiero internacional le puso a Domingo Cavallo con la promesa de invertir y financiar la comprar de la empresa”, agregó Sabbatella. “De todos modos –remarcó el politólogo–, por una cuestión ideológica, durante el gobierno de Carlos Menem, los directores del Estado no discutían las decisiones que tomaban los privados. Quizás en otro gobierno, esos directores podrían haber tenido la vocación de convencer a otros y producir algún efecto en las decisiones.”
Esta hipótesis quedó sin posibilidad de ser comprobada cuando el Ejecutivo nacional vendió a los españoles el 20% de las acciones que tenía. “Sólo conservó la acción de oro –explicó Barrera–. Eso implica que los privados no pueden decidir cerrar la empresa ni alguna línea de producción sin consultar al Gobierno, pero nada más.”
Sobre esto, un dato comparativo con un país vecino, Brasil, que los medios opositores ponen como ejemplo de vez en cuando. La empresa Petrobras tiene un esquema mixto en su capital accionario, es decir, en parte es privado y en parte estatal. Pero hay una condición inmodificable que es exactamente inversa a la que Cavallo aceptó del sistema financiero internacional. El 51% de las acciones de Petrobras, por ley, está en manos del Estado brasileño, que de este modo conserva el poder político dentro de la compañía y de las decisiones estratégicas.
Levantándola con pala. Los niveles de inversión también explican en parte la situación actual. El tema es engorroso porque hay varios modos de medirlos. Antes que nada, hay que señalar que el promedio de ganancias de Repsol-YPF ronda los 1.200 millones de dólares por año.
Un modo de medir cuánto invierte una empresa es mirar qué hace con las utilidades, cuánto distribuye entre los accionistas y cuánto deja para ampliar la capacidad instalada. Entre el ’99 y el 2007, según Barrera, “el 76% de las ganancias se distribuyeron entre los accionistas”. En 2008, con impulso oficial, ingresó a la empresa el grupo Petersen, propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi, que compró el 15% de las acciones en aquel momento y hoy ya tiene el 25. La entrada de este empresario local no sólo no redujo, sino que aumentó el giro de utilidades a los accionistas. “En 2008 se distribuyeron el 100% de las ganancias”, remarcó Barrera.
De todos modos, como una empresa tiene otros modos de conseguir financiamiento, Repsol-YPF ha hecho inversiones. El resultado neto entre 2003 y 2010, según los datos del investigador de Flacso, fue de 11.500 millones de pesos. “Equivale al 31% de las utilidades.” Aquí es necesario hacer una comparación. La filial de Petrobras en argentina reinvirtió una cifra similar al 62% de sus utilidades en el mismo período. “Eso no quiere decir que la empresa brasilera sea una maravilla –subrayó Barrera–. Pero midiéndolo sobre sus utilidades invirtió casi el doble que Repsol.”
Un dato que se dejó de publicar en 2004 muestra ciertas paradojas. “Entre 1999 y el 2004 –explicó Barrera–, el 42% de las ganancias de Repsol-YPF venía de la Argentina. Pero el país sólo recibía el 27% de las inversiones totales que la compañía hacía en el mundo.”
–¿Por qué se daba esta diferencia?
–Una multinacional invierte en los lugares en los que cree que tiene menos riesgo. Argentina es un país con petróleo, pero no petrolero. Extraer aquí es difícil, implica correr bastantes riesgos.
La presidente Cristina Fernández reiteró en su discurso del miércoles que el año pasado Argentina importó casi 1.000 millones de dólares en combustibles. Esta cifra tiene una explicación. En el caso del petróleo, el país produce hoy 33 millones de metros cúbicos, un 32% menos que en 1998. “El modelo que surgió con las privatizaciones se agotó –remarcó Barrera–. Los yacimientos se están secando y producen cada vez menos. Durante todos estos años, las empresas privadas explotaron las mismas zonas que había explorado YPF hasta el ’89. Esas zonas son sólo el cinco por ciento de las regiones potenciales en las que puede haber petróleo en la Argentina. El tema es que el resto de las cuencas son complejas y necesitan de mayor inversión de riesgo.” Con este panorama, este medio preguntó al investigador su opinión sobre lo que habría que hacer:
–Más allá de cuáles sean los instrumentos, el Estado tendrá que recuperar el control de la política petrolera. No veo otro camino.
Debate sobre el futuro del gas y del crudo
Cuatro diputados de distintas fuerzas políticas analizan la situación de los hidrocarburos en la Argentina. Diagnóstico y perspectivas.
En su discurso del miércoles, la presidente Cristina Fernández afirmó que uno de los problemas claves a resolver es el aumento de la importación de combustibles. En 2010, Argentina importó 300 millones de dólares en hidrocarburos y en 2011 mil millones. “Asegurar el abastecimiento de combustible es una cuestión de defensa del interés de los argentinos. Vamos a utilizar todas las armas que da la Constitución Nacional”, remarcó la Presidenta.
Cuatro diputados nacionales hablaron con Miradas al Sur sobre la situación de los hidrocarburos. Esto dijeron.
“La Presidenta fue clara en su exposición, acá hubo un proceso de desinversión que fue previo a la privatización”, remarcó Carlos Raimundi de Nuevo Encuentro. “Se sumó un proceso cultural para que la población creyera que era conveniente privatizar YPF. Esto hizo que una empresa en buenas condiciones se vendiera a grupos económicos. Y el tema es que las multinacionales mueven sus inversiones en distintos países buscando mayor rentabilidad, no pensando en el desarrollo estratégico de cada nación”.
Un diagnóstico similar tuvo Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista. “Todavía no se ha replanteado el modelo de hidrocarburos que dejó el menemismo, entre otras cosas con la desregulación del sector y la libre disponibilidad de los recursos por parte de los privados –dijo el diputado–.Este esquema se profundizó en 2006, cuando el Estado Nacional impulsó la Ley Corta, que completó la transferencia de los yacimientos a las provincias”.
En la vereda de enfrente de estas opiniones se ubicó el diputado del PRO, Jorge Triaca. “Acá lo que faltó fue una política energética consistente. Argentina importa gas y paga precios internacionales. Pero a los productores locales les paga la cuarta parte del valor internacional, sobre todo en el mercado del gas”, remarcó Triaca. El diputado señaló que “eso le quita estímulos a la inversión”.
El otro eje que analizaron los legisladores fue el futuro, es decir, cómo resolver la caída de la producción que vive el sector de hidrocarburos.
“Lo primero sería derogar los decretos que sostienen la libre disponibilidad de los recursos para que el Estado tome el control de lo que se extrae –subrayó Lozano–. Luego hay que revisar los contratos de concesión y nos vamos a encontrar con que las empresas han incumplido. A partir de allí debemos reflotar una empresa pública y nacional de hidrocarburos.”
“Hay que tener un horizonte más claro de reglas de juego –dijo, por su parte, Triaca–.Eso pasa por revisar las tarifas para que las empresas tengan excedente y puedan invertir.”
“No quiero decir exactamente cómo será, pero lo que sí, que el Gobierno va a estar presente para garantizar los intereses estratégicos de los argentinos”, señaló el legislador oficialista Juan Carlos Dante Gullo.
Raimundi, por su parte, remarcó: “La Presidente habló sobre Malvinas y ferrocarriles. Yo asocio estos dos temas con la cuestión del petróleo y el gas porque todos tienen como hilo conductor seguir recuperando niveles de soberanía. En los últimos ocho años, Argentina fue recobrando soberanía en distintos temas. Sólo quien gobierna tiene la visión más completa de cómo seguir avanzando, porque hay muchos intereses y las cosas son complejas. La pregunta, entonces, es si el Gobierno tiene voluntad de profundizar este rumbo. No tengo dudas de que la respuesta es sí”.
ENVIADO POR EL foroba
Año 5. Edición número 198. Domingo 4 de marzo de 2012
Por Demián Verduga
La situación petrolera. Las empresas privadas dejaron de invertir en exploración para maximizar las ganancias con los yacimientos que existían.
El gobierno de Santa Cruz envió el viernes una carta documento a la empresa Repsol-YPF cuestionando la falta de inversiones. El escrito le puso a la empresa un plazo de cinco días para dar una explicación detallada de por qué no se cumplió con los objetivos de producción previstos. Un día antes, el jueves, el ejecutivo de Chubut firmó un decreto que obliga a la misma empresa a presentar un plan de inversiones en un plazo de una semana. “Si no lo hacen daremos de baja la concesión”, declaró el gobernador de esa provincia, Martín Buzzi. Los dos hechos muestran el aumento de la tensión entre la empresa petrolera, las provincias productoras y el Estado Nacional por la caída de la producción. La situación, se sabe, no emergió de la noche a la mañana, tiene una historia detrás.
Durante la década del ’80, a pesar del vaciamiento que había hecho la dictadura usando YPF para conseguir créditos en el exterior, Argentina tuvo en promedio 117 pozos de exploración de hidrocarburos por año. El 90% era de la empresa estatal. En el año 2010 (último dato disponible), los pozos de exploración en todo el país habían bajado a 26 y sólo ocho pertenecían a Repsol-YPF. Estas cifras, que forman parte de un trabajo del especialista en economía política Mariano Barrera, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), son el núcleo del modelo petrolero que trajo la privatización y que hoy parece estar en crisis terminal.
“Los números indican que la estrategia de YPF una vez que se privatizó fue maximizar las ganancias reduciendo las inversiones de riesgo, que son justamente los pozos de exploración”, le dijo Barrera a Miradas al Sur.
Un pozo para descubrir hidrocarburos cuesta alrededor de dos millones de dólares. Desde que los geólogos comienzan a estudiar la zona hasta que se confirma si hay oro negro o gas debajo de la tierra pueden pasar cinco años, y nada garantiza una respuesta positiva.
“Las nuevas tecnologías y las inversiones que hicieron los privados fueron para exprimir al máximo los yacimientos que ya existían”, explicó Barrera. El investigador señaló que hubo una excepción en este proceso, en 1995. La mayoría de las acciones de YPF ya habían pasado a manos privadas. “Durante los primeros 24 meses de la privatización hubo una gran efervescencia de inversiones. En el ’95 hubo 165 pozos de exploración en todo el país, que fue un récord histórico. YPF tenía cerca de la mitad del total.” Sin embargo, cuando la espuma bajó, “las inversiones de búsqueda comenzaron a caer”. En el ‘96 los pozos de exploración descendieron a 106 y en el ’98 a 63. Esa curva descendente continuó de modo progresivo hasta llegar a los 26 del año 2010 que se mencionaron antes.
La otra pata de la ecuación, el dato paradójico que lleva al cuello de botella que vive hoy la Argentina, son los números de producción que, ciertamente, crecieron mucho desde la desregulación del mercado petrolero. En 1989, antes de que arrancara todo el proceso, Argentina producía 26 millones de metros cúbicos de petróleo e YPF extraía el 65% del total. El 35% restante lo explotaban empresas concesionarias que de todos modos estaban obligadas a venderle a la firma estatal su producción para la refinación. Luego de la desregulación, la producción total del país comenzó a subir y llegó a su pico máximo en 1998 con 49 millones de metros cúbicos. YPF participaba de cerca del 50% de ese volumen. Aquí es importante recordar un dato que pone al año ’98 como el mejor ejemplo del paradigma que creó la privatización. Fue el momento récord de producción y los pozos de exploración –se dijo– habían bajado a 63, es decir, un 50% menos que el promedio de toda la década del ’80.
–¿Cuánto se consumía de toda esa producción?
–La demanda local rondaba los 32 millones de metros cúbicos. Por eso no había ninguna tensión con la libre disponibilidad, ya que con una producción de 48 millones había un gran excedente para exportar.
La entrada de Repsol. El proceso de privatización tuvo dos etapas. La primera fue desde fines de 1992 hasta mediados del ’99. La segunda, en la que a la privatización se le suma la extranjerización, comienza a mediados del ’99, cuando la empresa española Repsol toma el control del 97% de las acciones.
Sobre esto, Barrera sostuvo que “la práctica de maximizar ganancias evitando la exploración había comenzado antes de la llegada de Repsol. La diferencia que sí existe entre los dos períodos es la presencia del Estado en la empresa”. Hasta mediados del ’99, el Ejecutivo nacional controlaba el 20% de las acciones y las provincias petroleras un 11. De esta manera, el sector público tenía el 30% del directorio de YPF, cuatro de los doce miembros que lo componen. “Esa presencia permitía participar del debate sobre las decisiones de inversión, aunque siempre en minoría”, le dijo a Miradas al Sur Ignacio Sabbatella, politólogo y becario del instituto Gino Germani. “Tener al Estado en minoría, por ley, fue una de las condiciones que el sistema financiero internacional le puso a Domingo Cavallo con la promesa de invertir y financiar la comprar de la empresa”, agregó Sabbatella. “De todos modos –remarcó el politólogo–, por una cuestión ideológica, durante el gobierno de Carlos Menem, los directores del Estado no discutían las decisiones que tomaban los privados. Quizás en otro gobierno, esos directores podrían haber tenido la vocación de convencer a otros y producir algún efecto en las decisiones.”
Esta hipótesis quedó sin posibilidad de ser comprobada cuando el Ejecutivo nacional vendió a los españoles el 20% de las acciones que tenía. “Sólo conservó la acción de oro –explicó Barrera–. Eso implica que los privados no pueden decidir cerrar la empresa ni alguna línea de producción sin consultar al Gobierno, pero nada más.”
Sobre esto, un dato comparativo con un país vecino, Brasil, que los medios opositores ponen como ejemplo de vez en cuando. La empresa Petrobras tiene un esquema mixto en su capital accionario, es decir, en parte es privado y en parte estatal. Pero hay una condición inmodificable que es exactamente inversa a la que Cavallo aceptó del sistema financiero internacional. El 51% de las acciones de Petrobras, por ley, está en manos del Estado brasileño, que de este modo conserva el poder político dentro de la compañía y de las decisiones estratégicas.
Levantándola con pala. Los niveles de inversión también explican en parte la situación actual. El tema es engorroso porque hay varios modos de medirlos. Antes que nada, hay que señalar que el promedio de ganancias de Repsol-YPF ronda los 1.200 millones de dólares por año.
Un modo de medir cuánto invierte una empresa es mirar qué hace con las utilidades, cuánto distribuye entre los accionistas y cuánto deja para ampliar la capacidad instalada. Entre el ’99 y el 2007, según Barrera, “el 76% de las ganancias se distribuyeron entre los accionistas”. En 2008, con impulso oficial, ingresó a la empresa el grupo Petersen, propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi, que compró el 15% de las acciones en aquel momento y hoy ya tiene el 25. La entrada de este empresario local no sólo no redujo, sino que aumentó el giro de utilidades a los accionistas. “En 2008 se distribuyeron el 100% de las ganancias”, remarcó Barrera.
De todos modos, como una empresa tiene otros modos de conseguir financiamiento, Repsol-YPF ha hecho inversiones. El resultado neto entre 2003 y 2010, según los datos del investigador de Flacso, fue de 11.500 millones de pesos. “Equivale al 31% de las utilidades.” Aquí es necesario hacer una comparación. La filial de Petrobras en argentina reinvirtió una cifra similar al 62% de sus utilidades en el mismo período. “Eso no quiere decir que la empresa brasilera sea una maravilla –subrayó Barrera–. Pero midiéndolo sobre sus utilidades invirtió casi el doble que Repsol.”
Un dato que se dejó de publicar en 2004 muestra ciertas paradojas. “Entre 1999 y el 2004 –explicó Barrera–, el 42% de las ganancias de Repsol-YPF venía de la Argentina. Pero el país sólo recibía el 27% de las inversiones totales que la compañía hacía en el mundo.”
–¿Por qué se daba esta diferencia?
–Una multinacional invierte en los lugares en los que cree que tiene menos riesgo. Argentina es un país con petróleo, pero no petrolero. Extraer aquí es difícil, implica correr bastantes riesgos.
La presidente Cristina Fernández reiteró en su discurso del miércoles que el año pasado Argentina importó casi 1.000 millones de dólares en combustibles. Esta cifra tiene una explicación. En el caso del petróleo, el país produce hoy 33 millones de metros cúbicos, un 32% menos que en 1998. “El modelo que surgió con las privatizaciones se agotó –remarcó Barrera–. Los yacimientos se están secando y producen cada vez menos. Durante todos estos años, las empresas privadas explotaron las mismas zonas que había explorado YPF hasta el ’89. Esas zonas son sólo el cinco por ciento de las regiones potenciales en las que puede haber petróleo en la Argentina. El tema es que el resto de las cuencas son complejas y necesitan de mayor inversión de riesgo.” Con este panorama, este medio preguntó al investigador su opinión sobre lo que habría que hacer:
–Más allá de cuáles sean los instrumentos, el Estado tendrá que recuperar el control de la política petrolera. No veo otro camino.
Debate sobre el futuro del gas y del crudo
Cuatro diputados de distintas fuerzas políticas analizan la situación de los hidrocarburos en la Argentina. Diagnóstico y perspectivas.
En su discurso del miércoles, la presidente Cristina Fernández afirmó que uno de los problemas claves a resolver es el aumento de la importación de combustibles. En 2010, Argentina importó 300 millones de dólares en hidrocarburos y en 2011 mil millones. “Asegurar el abastecimiento de combustible es una cuestión de defensa del interés de los argentinos. Vamos a utilizar todas las armas que da la Constitución Nacional”, remarcó la Presidenta.
Cuatro diputados nacionales hablaron con Miradas al Sur sobre la situación de los hidrocarburos. Esto dijeron.
“La Presidenta fue clara en su exposición, acá hubo un proceso de desinversión que fue previo a la privatización”, remarcó Carlos Raimundi de Nuevo Encuentro. “Se sumó un proceso cultural para que la población creyera que era conveniente privatizar YPF. Esto hizo que una empresa en buenas condiciones se vendiera a grupos económicos. Y el tema es que las multinacionales mueven sus inversiones en distintos países buscando mayor rentabilidad, no pensando en el desarrollo estratégico de cada nación”.
Un diagnóstico similar tuvo Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista. “Todavía no se ha replanteado el modelo de hidrocarburos que dejó el menemismo, entre otras cosas con la desregulación del sector y la libre disponibilidad de los recursos por parte de los privados –dijo el diputado–.Este esquema se profundizó en 2006, cuando el Estado Nacional impulsó la Ley Corta, que completó la transferencia de los yacimientos a las provincias”.
En la vereda de enfrente de estas opiniones se ubicó el diputado del PRO, Jorge Triaca. “Acá lo que faltó fue una política energética consistente. Argentina importa gas y paga precios internacionales. Pero a los productores locales les paga la cuarta parte del valor internacional, sobre todo en el mercado del gas”, remarcó Triaca. El diputado señaló que “eso le quita estímulos a la inversión”.
El otro eje que analizaron los legisladores fue el futuro, es decir, cómo resolver la caída de la producción que vive el sector de hidrocarburos.
“Lo primero sería derogar los decretos que sostienen la libre disponibilidad de los recursos para que el Estado tome el control de lo que se extrae –subrayó Lozano–. Luego hay que revisar los contratos de concesión y nos vamos a encontrar con que las empresas han incumplido. A partir de allí debemos reflotar una empresa pública y nacional de hidrocarburos.”
“Hay que tener un horizonte más claro de reglas de juego –dijo, por su parte, Triaca–.Eso pasa por revisar las tarifas para que las empresas tengan excedente y puedan invertir.”
“No quiero decir exactamente cómo será, pero lo que sí, que el Gobierno va a estar presente para garantizar los intereses estratégicos de los argentinos”, señaló el legislador oficialista Juan Carlos Dante Gullo.
Raimundi, por su parte, remarcó: “La Presidente habló sobre Malvinas y ferrocarriles. Yo asocio estos dos temas con la cuestión del petróleo y el gas porque todos tienen como hilo conductor seguir recuperando niveles de soberanía. En los últimos ocho años, Argentina fue recobrando soberanía en distintos temas. Sólo quien gobierna tiene la visión más completa de cómo seguir avanzando, porque hay muchos intereses y las cosas son complejas. La pregunta, entonces, es si el Gobierno tiene voluntad de profundizar este rumbo. No tengo dudas de que la respuesta es sí”.
ENVIADO POR EL foroba
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