La justicia federal
admite demanda colectiva contra los transgénicos
por Laura Rocha Después
de varios días de ausencia, vuelvo a la carga. Esta vez con una noticia, que
aunque no fue muy difundida no deja de tener una trascendencia importante. Es
que el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró
admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes. La demanda ordena al
Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación
incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como
la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de
semillas vigente, como así también se disponga el “etiquetado” de los productos
que los contengan. La resolución dictada en la causa caratulada “Gimenez Alicia
Fanny otros” (Expediente original Nº 22339/2014) reconoce idoneidad y
representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina
a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos,
como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos
transgénicos. “Los demandados son el Estado nacional, por incumplimiento del
deber de control, y un grupo de empresas multinacionales por su acción
contaminante (Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences,
Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras), productoras de OGM,
principalmente semillas de soja, maíz,algodón, arroz y el paquete químico atado
a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes)”,
detalla el diario La Capital. La modificación artificial del genoma de una
planta, o “evento” en la jerga de estas empresas, fueron aprobados en la
Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad
sin control a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental
alguno, más de treinta millones de hectáreas. Además, se vierten más de trescientos
millones de litros de agrotóxicos (veneno) al ambiente por campaña y, en
algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas
que ello acarrea al ambiente, los ecosistemas, la salud y el patrimonio
cultural de las personas. La demanda fue presentada por los abogados
especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina
Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun. La misma sostiene
que “se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su
cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos
para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres
vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad
de dicho modelo de producción. “Se exhorta al Poder Legislativo a dictar una
ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo y que
se condene a las empresas demandadas a “recomponer” o “reparar” el ambiente y
ecosistemas dañados (flora y fauna) mediante la reimplantación de cultivares
convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies”,
sostienen los abogados demandantes en su presentación. “Para el caso de que
ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a
determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de
uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o
Fideicomiso, en concepto de resarcimiento”, sostiene la resolución. LOS CASOS:
► Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña
Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida en el 2010. Nació con
múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su
abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas
y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora
respalda el amparo.
► Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en
Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
► Caso Tomasi. Fabián Tomasi, se desempeñó como fumigador en
Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones
asociadas a la exposición a los agroquímicos.
► Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso.
A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más
férreos denunciantes del problema en su provincia.
► Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el
matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En
2008, cuando el menor tenía dos años, fué rociado en el patio de su vivienda
por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia
linfoplástica.
Foto: Flickr CC frankieleon
Esta entrada fue publicada en Econoticias por Laura Rocha, y
etiquetada como agroquímicos, demanda colectiva, justicia federal, OMG. TOMADO
DE LA NACION DE AR
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