* Por Julia Dolce, Jose Cicero da Silva
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La extorsión, las amenazas y el lavado de dinero son solo
algunos de los delitos enumerados en la acusación presentada por la Operación
Deforest de la Policía Federal (PF) contra el empresario Chaules Volban
Pozzebon, arrestado el mes pasado.
Chaules está acusado de liderar una organización criminal en
la región Cujubim de Rondônia. Según la investigación, posee 120 madereros
repartidos por toda la región norte, que están en su nombre o en naranjas, y
por eso sus denunciantes lo han llamado "el deforestador más grande de
Brasil".
Elizeu Berçacola Alves conoce bien el historial criminal de
Chaules, que tiene crímenes que datan de hace quince años. A principios de
noviembre, el aliento húmedo de 34 ° C del aeropuerto de Porto Velho sirvió
como punto de encuentro para Elizeu, ex jefe de la Secretaría de Estado de
Desarrollo Ambiental (Sedam) en el municipio de Machadinho d'Oeste (RO), dígale
a la Agencia Pública lo que sabe sobre lo que llama la "organización
criminal de Chaules".
FOTO CHAULES VOLBAN POZZEBON CON SU HIJO IGOR (FOTO: AGENCIA
PÚBLICA)
Elizeu dejó Rondônia en 2016 después de múltiples intentos
de emboscadas y un ataque que casi le quitó la vida. Sus amenazas reúnen una
comunidad: el trabajo que ha realizado para combatir la deforestación, el
comercio ilegal de madera y el acaparamiento de tierras en áreas protegidas, la
mayoría de ellos, según el ambientalista, dijo la organización criminal
Chaules.
El ex funcionario, que también era agente de la Comisión de
Tierras Pastorales (CPT), ha estado con el Programa Federal para la Protección
de los Defensores de Derechos Humanos durante diez años. Aunque la Operación
Deforest ha detenido a Chaules y a otros 15 miembros de la organización
criminal, Elizeu aún teme por su seguridad: su tiempo en Rondônia y su
conversación con el informe estuvieron rodeados de precaución. “El crimen tiene
la misma dinámica que el cáncer. Trabaja con la formación de células
defectuosas en la sociedad, por lo que Chaules es solo una parte del conjunto.
No solo es responsable de todas las acciones criminales en la Amazonía. Es un
jugador clave en esa región, pero mucho más allá de Chaules hay una economía
entera que se ha establecido en los municipios del estado brasileño ”, dice.
Elizeu cuenta extraoficialmente al menos 16 asesinatos de
líderes ambientales en una década, entre 2005 y 2015, enumerados en documentos
distribuidos a las autoridades públicas y agencias gubernamentales. Según el
ambientalista, los asesinatos, cometidos con "refinamientos de
crueldad", fueron cometidos por jagunços que participaron en el amplio
esquema económico de compañías madereras de la región, que incluye, dice, la
organización Chaules.
Una mayor concentración de la tierra fomenta la
deforestación y el conflicto.
La deforestación en la Amazonía ya es la más grande desde
2008, revela Inpe
El registrador fue denunciado formalmente por el Fiscal Público
de Rondônia (MPRO) por crímenes contra la vida, como amenazas de muerte contra
pequeños agricultores, por la policía militar contratada por él. Según testigos
escuchados por el MPRO, la policía apuntó con armas de fuego y dijo que si no
se alejaban, se irían "cargadas".
Elizeu duda que el arresto de Chaules dure mucho tiempo. El
ambientalista recuerda la impunidad del crimen organizado en las compañías
madereras de Rondônia después de las operaciones de Caiporas y Arco de Fogo,
desencadenadas en 2009 por Ibama y PF. Las operaciones buscaban detrusionar a
los madereros invasores en las regiones de Machado y Resex Rio Preto-Jacundá.
“En ese momento, las instituciones ya tenían suficientes
elementos para frenar esa organización criminal. Pero Chaules se protegió a sí
mismo en ese momento, y también a otros hombres de negocios y políticos. Y
todos están vinculados. El poder económico crea elementos para condenar solo a
terceros ”, dice.
El "mayor
deforestador en Brasil"
Hace un mes en la Prisión Federal de Porto Velho, Chaules
espera el traslado a la Prisión Federal de Campo Grande, Mato Grosso.
Contactado por el informe, sus abogados dijeron que no harían comentarios sobre
los cargos, ya que el caso está en secreto.
Chaules es defendido por el reconocido jurista Tracy
Reinaldet, quien ha trabajado en la Operación Lava Jato, defendiendo a figuras
como el ex ministro Antonio Palocci y el fabricante de dinero Alberto Youssef.
La defensa del maderero presentó, el 7 de noviembre, una petición solicitando
la revocación de su detención preventiva en el Tribunal Supremo Federal (STF).
Oriundo de Capanema, Paraná, Chaules tiene 47 años y se mudó
a Ariquemes a principios de la década de 2000, cuando se unió a la industria
maderera, según Elizeu.
"Incluso un niño cuando Chaules llegó a Cujubim
[principios de la década de 2000], la gente ya se refería a él como el dueño
allí", informa Elizeu.
"El brote de
deforestación se explica por la llegada de Bolsonaro", dice el científico
del INPA
Amazon: es posible crecer por encima del promedio con cero
deforestación
En su nombre, Chaules posee oficialmente algunas empresas:
AMP Indústria Madeireira Ltda., De las cuales es socio gerente, CHP Indústria
Madeireira Eireli y Muralha Indústria Madeireira Ltda., En sociedad con su hijo
de 23 años, Igor José Teixeira Pozzebon, quien se identifica a sí mismo en sus
redes sociales como geólogo. El registrador también administra dos estaciones
de servicio en Rondônia y comparte con su madre, Maria Salete Pozzebon, la
compañía de dos compañías tenedoras: CMI Participações SA, que se enfoca en el
alquiler de bienes raíces, y MS Franquia, que administra activos intangibles no
financieros. Los activos intangibles no financieros son activos o derechos
adquiridos por la empresa, pero que no tienen valor derivado de sus
características físicas, sino de los beneficios derivados de ellas. Marcos
Piellusch, profesor de finanzas en la Universidad Mackenzie, ejemplifica: “Si
la compañía compra los derechos para vender camisetas con la marca Mickey
Mouse, está adquiriendo activos intangibles. Esto se debe a que la compañía no
está comprando la figura de la rata, sino los derechos para usar la marca
".
Según el fiscal del MPRO, Marcus Alexandre de Oliveira
Rodrigues, quien trabaja en la corte del jurado en el condado de Ariquemes, no
hay registro "en la región norte de nadie que se acerque a involucrarse
con un centenar de madereros", agrega.
Cujubim, un municipio de 25,000 habitantes en Rondoniense, está
a una hora de Ariquemes, y fue allí donde, en 2018, familias de pequeños
agricultores acudieron al MP para denunciar lo que la organización de Chaules
estaba haciendo en las áreas de protección ambiental en Cujubim.
"Un grupo armado liderado por Chaules estableció una
puerta, la cerró, impidió el libre acceso desde una vía pública y estableció
una base con secuaces armados, policías militares y civiles", dice el
fiscal. Según él, el objetivo del grupo, que practicaba rondas con motocicletas
y furgonetas, aterrorizando a los residentes que esperaban la regularización
por la reforma agraria, era precisamente expulsarlos para vender los lotes a
granjeros y madereros. "Un verdadero estado paralelo en el campo",
agrega Rodrigues.
Según la investigación, la organización planeaba vender cada
uno de los 700 lotes por valores que van desde $ 150,000 a $ 200,000. Los que
ya habían sido vendidos a empresarios en municipios cercanos sufrieron el
impacto de la deforestación por la venta ilegal de madera.
Peones de Chaules
Entre los arrestados durante la primera fase de la Operación
Deforest se encuentran algunos empresarios, como Djyeison de Oliveira,
propietario de una empresa de movimiento de tierras, José Socorro Melo de
Castro, propietario de Construtora y Transporte Melo e Castro Ltda., Y Marcelo
Campos Berg. En su nombre, Berg es dueño de una empresa de transporte por
carretera y ya fue multado en 2017 por las agencias de inspección ambiental
Ibama e ICMBio por el transporte ilegal de madera. La empresa constructora de
Melo de Castro ya fue denunciada en un esquema de corrupción por el
ayuntamiento en 2014.
Los otros investigados, también en prisión provisional, son
Thiago Teixeira, Eduardo Rogério Morett y Filizardo Alves Moreira Filho. Morett
tiene un proceso judicial por lesiones personales en Juína (MT), y Filizardo
Filho, un agricultor, es citado como testigo de la defensa en un caso penal de
delito ambiental que investiga al propio Chaules.
Además de lo anterior, nueve oficiales de la policía
militar, cuatro de los cuales aún están activos, fueron arrestados en la
Operación Deforest. Ellos son José Luiz da Silva, Jo Anemias Barboza da Silva,
Paulo Cesar Barbosa, Renilso Alves Pinto, Rogério Carneiro dos Santos,
Elisangelo Correia de Souza, Emanuel Ferreira da Costa y Antonio Francisco dos
Santos, que está huyendo, y João Carlos de Carvalho .
Este último fue un candidato no elegido para concejal en las
elecciones municipales de 2016 por el PSD bajo el nombre de "Sargento
Carvalho". Su nombre aparece en una nota del CPT sobre las denuncias de
policías encubiertos que actuaban como pistoleros en el área de Seringal Urupá
en 2017. El área ocupada por los campesinos sufrió una reintegración violenta
en ese momento, y 84 familias fueron expulsadas.
Otros PM involucrados están acusados de integrar grupos de
exterminio, a instancias de los terratenientes, en el distrito de Jaci Paraná,
en Porto Velho. Según el fiscal Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues, el
parlamentario está seguro de la participación del estado en los crímenes de
Chaules. “El poder de cooptación del grupo es proporcional a su gran poder
económico. Hay corrupción y cooptación de agentes públicos, como empleados de
agencias ambientales ”, informa. “Si [Chaules] necesitara producir documentos
para vender madera, el estado produciría para él; si necesitaba legislación, el
Parlamento daría; si necesitaban mantener los ojos cerrados, distanciaban a las
personas de la toma de decisiones ”, agrega Elizeu.
Antecedentes penales
de Chaules
Aunque este es el primer arresto del maderero, ha sido
procesado y sentenciado varias veces. Sin embargo, no solo los delitos
ambientales se componen de su tarjeta de antecedentes.
Entre las acusaciones más graves sobre Chaules está el uso
de mano de obra esclava. El empresario fue incluido en la Lista Sucia en 2012
después de que la supervisión del Ministerio de Trabajo rescatara a 22
trabajadores esclavistas en la granja Pedra Preta en Cujubim, donde Chaules
criaba ganado.
Aunque el nombre de Chaules fue eliminado de la Lista Sucia
en 2014, en abril de 2018 fue sentenciado a seis años y nueve meses en prisión
semiabierta. El proceso se apela de acuerdo con TRF-1.
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