Un informe de la relatora especial sobre el derecho humano
al agua potable y el saneamiento de Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque,
recomendó al gobierno uruguayo en 2012 realizar estudios de impacto ambiental
para “asegurarse” de que determinadas actividades económicas “no menoscaben los
derechos humanos al agua potable y el saneamiento”. En particular, la experta
señaló la necesidad de controlar los vertidos de las agroindustrias ganaderas y
proyectos en gran escala.
Estos, como han
estado advirtiendo académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
la República, desde que se experimentó un mal olor y sabor en el agua potable,
descargan productos agroquímicos y desechos fecales del ganado en las fuentes
de agua. El resultado, según la relatora, es una afección de la calidad del
agua “y aumento del riesgo de diversas enfermedades”.
De Albuquerque
expresó: “Cuando llovía, los efluentes penetraban en el terreno por lixiviación
o transportaban material fecal a los ríos, movilizando los contaminantes y
mezclándolos con el agua que contaminaba los ríos. Según la información
recibida, ésta era la situación en la cuenca hidrográfica de Santa Lucía,
debido a las granjas lecheras de San José y Canelones”.
El episodio
registrado a principios de marzo, un año después de la visita de De
Albuquerque, se debió a la sustancia llamada geosmina que fue liberada por
algún tipo de alga microscópica en el Santa Lucía y que se coló en el agua
procesada en la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.
Tras su visita, la
relatora indicó que los pozos de esa zona del país “también estaban
contaminados, ya que los efluentes penetraban en la capa freática” y que en
algunas zonas rurales el agua está “excesivamente clorada, posiblemente para
combatir la contaminación”. Y afirmó: “Como consecuencia de ello, las personas
que tienen otras opciones no beben el agua corriente”.
Por tal motivo, De
Albuquerque exhortó al gobierno a que adoptara medidas para prevenir los
efectos negativos de las actividades económicas; al tiempo que recomendó que los
estudios de impacto ambiental sean realizados por una entidad independiente y
no por empresas contratadas por el Estado.
El incidente generado
por la geosmina y las críticas que recibió OSE por parte de técnicos a
propósito de la incapacidad para el filtrado correcto de sustancias
contaminantes llevó al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Francisco Beltrame, a asegurar que no hay nada que genere alarma
sobre la calidad del agua de OSE, aunque reconoció que “puede ser que haya
mayores presiones sobre el recurso” acuático. Por tal motivo, dijo que el
Estado está trabajando en protocolos de prevención.
Respecto a las
acusaciones de los académicos, Beltrame las calificó como “cañitas voladoras”
que incrementan innecesariamente la alarma pública. No obstante, la relatora de
Naciones Unidas había apuntado a las mismas causas de contaminación.
Tomado de el observador de Uruguay
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