Hay que recuperar el autoabastecimiento energético - Por Alieto Aldo Guadagni
| Llegó ya la hora de revertir la decadencia energética de la última
década. A fines del siglo pasado, producíamos 54% más de petróleo que ahora y,
en 2004, la producción de gas era un 25% mayor que la actual. Nunca había
pasado esto en nuestra historia petrolera, iniciada en Comodoro Rivadavia en
1907, ya que en ninguna década del siglo XX había caído la producción. Esta
reciente decadencia productiva, impulsada por la política energética de los
últimos años, compromete seriamente las menguadas reservas del Banco Central.
En 2006 el superávit externo energético era de 6100 millones de dólares; ahora
el déficit ya supera los 6000 millones. Será muy difícil en el futuro crecer y
crear empleos productivos sin recuperar el autoabastecimiento perdido por esta
administración. Pero para recuperar el autoabastecimiento, necesitamos una
nueva ley de hidrocarburos, no un mero remiendo del decreto-ley 17.329 dictado
por Onganía hace casi 50 años. Para que esta reforma legal sea políticamente
viable, es crucial que signifique una mejora para el conjunto de toda la
sociedad, y no sean mecanismos de enriquecimiento de pocos. La historia de la
administración de los recursos naturales está plagada de ejemplos que
evidencian que esto último ocurre con frecuencia. Cuando prima la presión
política y el favoritismo corruptor, se puede incrementar la participación de
unos pocos en una menguada renta de hidrocarburos (RH). Pero, para expandir la
RH, es necesario que se asuma el riesgo empresario y el esfuerzo productivo en
el yacimiento. Necesitamos una nueva ley que logre que los geólogos y
productores genuinos desplacen a los peticionantes del favor burocrático. Hay
que evitar que se repita lo de Santa Cruz en 2006, cuando adjudicó más de 7
millones de hectáreas a dos conocidas empresas "amigas", en una
oscura licitación de la cual habían sido previamente descalificados todos los
demás oferentes (incluido YPF). "Los jugos de la tierra pertenecen al
rey", decían las ordenanzas de Aranjuez, de Carlos III, que reglamentaban
las minas del nuevo mundo. Así también lo establece nuestra Constitución, que
asigna la propiedad de los recursos a las provincias. La nueva ley debe
estimular a que haya más "jugo" por el aporte de la iniciativa
privada (nacional y extranjera), en un marco de libertad de gestión que asuma
sin favoritismos los riesgos empresarios. El problema político esencial no es
quién extrae el "jugo", sino quién se lo apropia. El mundo no vive hoy
una situación de exceso de oferta de capitales petroleros de riesgo; las
compañías con fondos invertibles enfrentan una gama muy amplia de alternativas
en países en desarrollo de África, América latina y Asia. Por ello es
importante prestar atención a los factores capaces de movilizar las inversiones
para expandir la frontera de reservas en la Argentina. Aunque un país sea rico
en recursos y tenga una adecuada infraestructura, los factores institucionales
pueden inhibir las inversiones exploratorias. La incertidumbre asociada con la
existencia, tamaño y calidad del recurso prospectivo crea grandes
complicaciones para la captura fiscal de la RH generada. Si el Gobierno actúa
pasivamente, no podrá capturar la totalidad de la RH asociada con los recursos
que controla. El objetivo tributario debe ser capturar fiscalmente toda la RH,
pero nunca reducir el tamaño de esta RH. Para esto, hay que quitar espacio a la
discrecionalidad burocrática consagrando criterios adjudicatarios transparentes
y simples. Esto hará políticamente viable la privatización de la explotación de
los recursos, pero socializando plenamente la RH. Al mismo tiempo, el talento
empresarial se concentrará, como corresponde, en el yacimiento. Recorrer los
pasillos oficiales debería implicar una pérdida de tiempo, ya que la asignación
de los recursos naturales debe ser decidida en una amplia y transparente puja
competitiva. Necesitamos una nueva estrategia de recuperación de la producción
de hidrocarburos que facilite el desarrollo de los nuevos recursos no
convencionales, no sólo de Vaca Muerta, sino también de otros yacimientos de
este tipo. La nueva ley también deberá promover la exploración de las cuencas
sedimentarias con recursos convencionales de gas y petróleo, tanto en tierra
como en mar. La nueva ley debería perseguir variados objetivos. Por ejemplo,
contribuir a la radicación de inversiones de riesgo que maximicen la
producción. Todas las adjudicaciones de áreas deberán ser hechas con mecanismos
licitatorios abiertos y competitivos, regla que también se aplicará a las
renovaciones de contratos, que no podrán ser ni "gratuitas" ni
discrecionales. La ley deberá regir en todo el territorio nacional. Las
provincias serán responsables de su aplicación en sus territorios y la Nación
tendrá esta responsabilidad en nuestro mar continental. Como lo dice nuestra
Constitución. Llegó la hora de ir al océano Atlántico, hasta ahora
lamentablemente reservado de hecho a los ingleses en Malvinas. Deberá también
definir los criterios y normas que aseguren un desarrollo productivo respetuoso
del medio ambiente. También debería impulsar la creación de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos que coopere técnicamente con las provincias, por ejemplo, en
la auditoría de reservas y en el cumplimiento de los compromisos de inversión
ofrecidos por los concesionarios. Y debería establecer la asignación de parte
de la RH a fondos de inversión de carácter intertemporal, orientados a
inversiones en infraestructura y en el desarrollo humano (salud y educación). Nos
debemos un debate serio y responsable. Recordemos que los hidrocarburos no son
una cuestión que interese únicamente a las provincias petroleras. Serán los
representantes parlamentarios de todas las provincias argentinas los que
tendrán que debatir en profundidad las disposiciones de esta nueva ley que
necesitamos. Recuperar el autoabastecimiento deberá ser un objetivo nacional en
la próxima década. Es necesario recuperar sin demoras el tiempo perdido por una
prolongada política de decadencia energética. El autor fue secretario de
Energía de la Nación. TOMADO DE LA NACION DE AR
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