Vecinos bonaerenses denuncian que en plena pandemia se sigue
fumigando con agrotóxicos en cercanías de las viviendas. En Mar Chiquita se
desoyó un fallo judicial y se habilitaron venenos a 150 metros de los hogares y
escuelas.
Por Darío Aranda
Ciudades y pueblos de casas bajas, con ritmo distinto a las
grandes urbes y rodeadas de naturaleza. Ideales para vivir, aún más en tiempos
de coronavirus. Pero las fumigaciones con agrotóxicos alteraron la tranquilidad
de las familias. Así lo testimonian en Mar Chiquita y General Las Heras,
partidos bonaerenses que denuncian los problemas que sufren por el avance del
agronegocio transgénico. Aún con un fallo que establece distancias de
protección de 1500 metros, las autoridades de Mar Chiquita autorizaron
fumigaciones a solo 150 metros de las casas. Los vecinos señalan la
contradicción de las políticas públicas de cuidado ante la covid-19, pero al
mismo tiempo permiten los agrotóxicos.
El partido de Mar Chiquita cuenta con 30.000 habitantes. Es
conocida por su importancia en biodiversidad a partir de la Reserva de Biósfera
Parque Atlántico (reconocida en 1996 por la Unesco). Las autoridades locales
suelen publicitar el cuidado del ambiente: la primera semana de julio la
Municipalidad difundió que retomaba la separación de residuos en los hogares.
Los vecinos, agrupados en la Asamblea Paremos el Desierto
Verde, habían presentado en 2018 al poder político local decenas de estudios
científicos de universidades públicas para alejar las fumigaciones de las
casas, pero no tuvieron respuesta.
El 12 de diciembre de 2019, el juez Héctor Casas (del
Juzgado en lo Civil 15 de Mar del Plata), emitió una medida cautelar para
prohibir las fumigaciones a menos de 1500 metros de viviendas, escuelas y
cursos de agua.
La sorpresa sobrevino el 13 de mayo pasado, en plena
cuarentena. El Concejo Deliberante aprobó de improviso una ordenanza que
contradice el pedido de los vecinos y va a contramano del fallo judicial:
establece distancias mínimas de protección para la viviendas, escuelas y cursos
de agua (de 150 a 25 metros). Fue votada por concejales de la Coalición Cívica,
Frente de Todos y Cambiemos.
El repudio se incrementó cuando autoridades de la Sociedad
Rural de Mar Chiquita señalaron que ellos fueron parte de la redacción de la
ordenanza. En forma de rechazo se organizó una marcha de más de tres kilómetros
de autos sobre la Ruta 11. Exigieron que el intendente Jorge Paredi (Frente de
Todos) derogue la ordenanza y priorice la salud de la población.
Verónica Taglioretti, de la Asamblea Paremos el Desierto
Verde, explicó que además de la toxicidad, los agroquímicos son
inmunosupresores (debilitan el sistema inmunológico), “cuestión que agrava y
deja aún más vulnerable a la población ante la pandemia del covid-19”. La
Asamblea emitió un comunicado en el que resaltó la contradicción gubernamental:
“Resulta llamativo que los mismos funcionarios que nos protegen de manera
extrema y rigurosa ante los efectos del covid-19, nos exponen a las
fumigaciones con agrotóxicos a distancias irrisorias”.
El partido de General Las Heras está ubicada en el noroeste
bonaerense, a 70 kilómetros de CABA. Viven 15.000 personas y una de sus
localidades es General Hornos, cuya tranquilidad fue sacudida en marzo de 2019
cuando productores agropecuarios fumigaron en cercanías de la escuela y
viviendas. Comenzó un proceso de diálogo con la Intendencia y el Concejo
Deliberante, impulsado por el espacio Vecinos/as Autoconvocados/as por la Salud
y el Medio Ambiente de Las Heras.
Realizaron charlas informativas sobre las consecuencias de
los agrotóxicos, fueron visitados por afectados de localidades vecinas,
agrónomos, abogados y médicos. Los vecinos llamaron la atención sobre la
ordenanza 69/2010, que establece 2000 metros de protección para las viviendas
pero solo 200 para las escuelas.
Propusieron una serie de medidas: que el Municipio realice
un convenio con la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) para
comenzar una transición hacia un modelo agropecuario sin venenos, creación de
un registro de aplicadores de agroquímicos e implementar un protocolo de
denuncia de fumigaciones, entre otras propuestas. El reclamo recibió la
adhesión y apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos
Aires (Suteba), que reclamó 2000 metros de protección para alumnos y docentes.
El gobierno municipal (a cargo de Javier Osuna hasta inicios
de 2020 y en la actualidad por Marcelo Sartori) no aplicó ninguna de las
medidas.
El 19 de abril y el 7 de mayo, en plena pandemia, las
familias de Hornos volvieron a sufrir los agrotóxicos. “Se fumigó a escasos
metros de las viviendas, incluso de noche, incumpliendo con la ordenanza
vigente”, denunciaron los Vecinos Autoconvocados en un comunicado. Gisela
Fredes, habitante de Hornos y parte de la organización, explicó que hubo
familias afectadas con “las reacciones típicas de esos venenos”, problemas para
respirar, inflación de garganta y ojos, picazón. “Tenemos que encerrarnos en
las casas. No podemos abrir ventanas porque el veneno ingresa y queda adentro.
El padecimiento es mucho, nos afectan la salud”, afirmó.
Los Vecinos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de
General Las Heras dirigieron los reclamos a funcionarios de los tres niveles:
Municipio, Provincia y Nación. Remarcan que no están contra la actividades
agropecuarias ni contra ningún sector político, reclaman diálogo para obtener
“acciones urgentes y concretas” con un objetivo fundamental: “Generar
alternativas donde el negocio no se imponga por sobre la salud de toda la
comunidad”.
Fredes resaltó que los productores no respetan los 2000
metros establecidos en la ordenanza y que fumigan con viento (hace más
descontrolable los venenos), e incluso de noche, para eludir las posibles
denuncias.
Tomado de pagina 12 de ar
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