La coima
acabó con el lago Ypacaraí
Desde hace
al menos 35 años, nuestro diario viene advirtiendo a las autoridades nacionales
y municipales sobre los graves efectos contaminantes que se cernían y se
ciernen sobre el lago Ypacaraí. Paralelamente, desde distintos ámbitos de la
sociedad se realizaron innumerables seminarios, simposios, congresos y talleres
para alertar sobre la contaminación del lago. Todo, lamentablemente, cayó en
saco roto. No solo no se ejerció en este tiempo ningún control sobre las
actividades de fábricas contaminantes ya instaladas, sino que se siguió
extendiendo permisos para la instalación de otras nuevas. ¿Por qué sucedió todo
esto? Por la misma razón por la que acontecen otras tantas cosas perjudiciales
en nuestro país: la corrupción, y después de ella, la desidia de nuestras
autoridades e instituciones.
Desde hace
al menos 35 años, nuestro diario viene advirtiendo a las autoridades nacionales
y municipales sobre los graves efectos contaminantes que se cernían y se
ciernen sobre el lago Ypacaraí.
La cuestión
ha sido una preocupación constante para ABC Color. Desgraciadamente, poco y
nada es lo que se ha hecho en el transcurso de todo este tiempo para intentar
frenar la irresponsable actitud que amenaza el medioambiente e incluso la salud
de aquellos que habitan la cuenca del citado cauce.
Hace poco
más de tres décadas, en uno de nuestros tantos editoriales, el 27 de marzo de
1980, afirmábamos cuanto sigue: “El caso de nuestro lago Ypacaraí, atacado
impune e irresponsablemente por fábricas, organizadas sin el menor criterio
industrial moderno y sin el menor respeto a los derechos ajenos, es altamente
significativo. Una atracción turística irremplazable, un regalo de la
naturaleza que ha servido de solaz a miles de paraguayos de todas las épocas,
se halla en peligro por una causa casi ridícula: Fábricas que están llenando de
pestilencia y descomposición el rincón más acogedor de la República”.
Y añadíamos:
“Es esencial que se dé comienzo a un programa de control de la contaminación
ambiental proveniente de donde proviniere, a nivel nacional. Que las fábricas
ya instaladas sobre cursos de agua o en grandes aglomeraciones de población,
sean periódicamente controladas para ver si cumplen con los requisitos
establecidos para evitar la contaminación. Que no se permita la instalación de
nuevas fábricas que no contemplen, desde su mismo inicio, un programa de purificación
de residuos”.
Paralelamente,
desde distintos ámbitos de la sociedad, se realizaron innumerables seminarios,
simposios, congresos y talleres para alertar sobre la contaminación del lago
Ypacaraí. Todo, lamentablemente, cayó en saco roto.
A pesar de
todo, sin importar las advertencias de ningún tipo, no solo no se ejerció –a lo
largo de todo este tiempo– ningún control sobre las actividades de fábricas ya
instaladas, sino que se siguió extendiendo la concesión de permisos para la
instalación de otras nuevas, particularmente de frigoríficos, curtiembres y
mataderos de animales, que con el vertido de sus inmundicias terminaron de
contaminar los afluentes y el lago mismo.
¿Por qué
sucedió todo esto? Por la misma razón por la que acontecen otras tantas cosas
perjudiciales en nuestro país: a causa de la CORRUPCIÓN. Con el paso de los
años, muchas de las autoridades municipales de Areguá, San Bernardino y otras
localidades afectadas a la cuenca (Luque, Itauguá, Itá, Ypacaraí, entre otras)
recibieron sendas y jugosas coimas de los “empresarios” interesados en instalar
fábricas y mataderos en las zonas aledañas al lago para seguir adelante con sus
planes de “inversión”... a costa del medio ambiente y en clara agresión al
ecosistema.
Después de
la corrupción –el más grave y al parecer incurable de los flagelos que atacan a
la República del Paraguay– viene la desidia. La falta de interés por ejercer
controles institucionales es otro de los factores que contribuyeron
decididamente a la contaminación del lago Ypacaraí, en particular, y del resto
del país en general.
Cada cierto
tiempo, particularmente cuando el tema era ventilado a través de los medios de
comunicación, instituciones de control de todo tipo anunciaban la instalación
de comisiones, el envío de inspectores, el análisis de las aguas, la sanción de
los responsables de la contaminación, etcétera.
Sin embargo,
nunca nada tuvo un efecto visible. En cuanto el tema salía de la órbita de la
prensa, las entidades estatales afectadas volvían invariablemente a sumergirse
en su proverbial y consabido letargo… y las coimas volvían con cada pedido de
“habilitación” en la Municipalidad respectiva.
Ahora, por
ejemplo, se informó que se remitieron al Brasil muestras de las aguas para que
se analice la calidad de las mismas. ¡Qué ironía! Como si aquí no existieran la
técnica y la infraestructura suficiente como para realizar tal tarea; y, sobre
todo, como si ya no estuviéramos en condiciones de concluir, de antemano, cuál
será el resultado de los citados análisis: las aguas son pestilentes.
No sin
cierto alarde, nuevamente ante la presión de los medios, la Secretaría del
Ambiente (Seam) y la Fiscalía del Ambiente están tomando cartas en el asunto.
Varios establecimientos de la zona de la cuenca han sido intervenidos y algunos
propietarios imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, mientras no
existan sujetos individualizados, responsabilizados y penados por la Justicia
por contribuir directa o indirectamente en la contaminación del lago Ypacaraí,
será muy difícil creer que toda esta movilización actual no responda –como en
anteriores ocasiones– a otra cosa que a un operativo de carácter netamente
mediático.
Lo mismo
cabe decir de los intendentes Ramón Zubizarreta (PLRA) de San Bernardino,
Osvaldo Leiva (ANR) de Areguá, Fernando Negrete (PLRA) de Ypacaraí, y Luis
Salinas (PLRA) de Itauguá, quienes, tras reunirse con el presidente Federico
Franco el pasado lunes, anunciaron pomposamente un “plan alternativo” para
contribuir a la recuperación del lago. Hay que preguntarles si ellos no saben
que en sus distritos existen mataderos, carnicerías, industrias, curtiembres,
etc., etc., que están operando con documentos oficiales que llevan sus firmas.
Es menester que la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, de los
gobernadores y los intendentes vaya acompañada de obras concretas de rescate
para granjearse la credibilidad de la ciudadanía.
Es preciso
decirlo con todas las letras, lo que se vino haciendo con el lago Ypacaraí en
los últimos 40 años es realmente criminal. Es hora de que los responsables de
este delito ambiental paguen sus cuentas pendientes ante la Justicia, provengan
de donde provinieren, tanto del sector público como del privado.
TOMADO DE
EDITORIAL DE DIARIO ABC DE PARAGUAY
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