Desarmando la trampa
El
desarrollo de infraestructura es una manera de combatir la pobreza
La semana
pasada informamos que el Ministerio de Economía y Finanzas había suscrito un
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$20 millones
para agilizar proyectos en las zonas con mayor índice de pobreza en el país.
Así las cosas, el Proyecto de Mejoramiento de la Inversión Pública Territorial,
como ha sido titulado por el ministerio, se concentrará en regiones como
Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Puno. Lo destacable: servirá para formar
equipos técnicos multidisciplinarios con experiencia en preinversión, ejecución
y contrataciones, que trabajarán con los funcionarios de los gobiernos
regionales para desentrampar la ejecución del gasto público.
Como se
sabe, buena parte de lo que hoy se encuentra atorado en dicha trampa son los
proyectos de infraestructura (no es casual que el BID calcule que nuestra
brecha en este rubro rodee los US$45.000 millones). Pero algo de lo que no todo
el mundo es consciente es que este problema no solo afecta la competitividad
del país, sino además –y de manera fundamental– la superación de la pobreza.
Pruebas de ello podemos encontrar en el reciente documento de trabajo elaborado
por el Banco Mundial titulado “Perú en el umbral de una nueva era”, que
demuestra cómo dicha situación afecta principalmente a los más necesitados.
Cuando se
compara la costa (donde se ubican los polos de mayor desarrollo) por un lado
con la sierra y selva por el otro, se encuentra que existe una brecha de 20% en
el acceso a los servicios de electricidad, agua y saneamiento. De hecho, en 18
regiones del país más del 10% de la población no tiene acceso a ningún servicio
(las otras 7 coinciden con las más pobladas y prósperas de la costa). Y en Amazonas,
Puno, Cajamarca y Huánuco esta situación afecta al 40% de las personas.
Para el caso
del acceso a agua limpia, la realidad del Perú es que solo alrededor del 83% de
sus ciudadanos tiene acceso a ella, cuando el promedio de América Latina y el
Caribe es de 90%. La consecuencia es mucho más que una enorme incomodidad para
millones, pues la incidencia de enfermedades infecciosas (y, por lo tanto, la
expectativa de vida) se encuentra directamente relacionada con el acceso a agua
limpia y desagüe.
Con la tasa
de electrificación sucede algo similar. Según el informe del Banco Mundial, en
el 2006 (último año con cifras comparables en la región) el 73% de los peruanos
tenía acceso a electricidad frente al 78% de América Latina y el Caribe. El
problema es especialmente grave en zonas rurales de nuestro país, donde dicha
tasa no pasa del 32% de la población. Así, las familias de tales lugares tienen
menos oportunidades de utilizar herramientas modernas que aumenten su
productividad, gozar de mejores condiciones de vida (y hasta refrigerar la
leche de sus hijos).
De la
calidad vial, por otra parte, tampoco hay mucho de qué estar orgullosos: solo 6
kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie son caminos,
mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es de 17 kilómetros; y
el porcentaje de caminos pavimentados solo es de 18%, cuando el promedio
regional es de 23%. Esto supone que a los ciudadanos de las zonas más excluidas
les cuesta más comerciar sus productos, ir al trabajo o enviar a sus hijos al
colegio. De alguna manera, la falta de desarrollo vial los tiene atrapados en
la miseria.
Revertir esta situación tendría un impacto importante en el
combate a la pobreza. Según Escobal y Torero, el ingreso de los hogares aumenta
en un 13% cuando acceden a agua y electricidad, en un 23% si tienen acceso
además a saneamiento y en un 36% si a eso le suman acceso a telecomunicaciones.
Además, estos autores han comprobado que cuando se rehabilitan los caminos
rurales el ingreso de estas familias aumenta en un 35% por tener un mercado más
grande a su alcance. Por todo esto, desarmar la trampa en la que ha caído la
infraestructura debería ser uno de los principales programas de desarrollo
nacional. Y no solo por sus beneficios inmediatos para los más necesitados sino
porque, además, a diferencia de los programas asistencialistas, el agua, la
electricidad o los caminos sí ayudan a que la gente salga adelante por sí
misma.
TOMADO DE El Comercio de Perú
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