POR Hernán Sorhuet Gelós
VALIOSO PRECEDENTE
A casi cinco meses de la realización de la Audiencia Pública en la
ciudad de Treinta y Tres sobre el proyecto de explotación minera en las
proximidades del área protegida Quebrada de los Cuervos, la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (Dinama) resolvió no autorizarlo.
Significa un paso adelante del Gobierno -dado con firmeza- en materia
de conservación de la diversidad biológica, que evitó cometer un error
histórico, como hubiese sido autorizar actividades extractivas del subsuelo
en zonas de influencia directa de un área natural protegida.
Este concepto de “diversidad biológica” que para algunos puede resultar
abstracto y retórico, constituye la piedra angular del futuro de nuestros
pueblos; porque en la calidad ambiental que su protección asegura, se
sustenta la salud, la producción y el bienestar de la gente. La intención
minera en “La Crucera” (4ta. Sección de Treinta y Tres) fue presentada nada
menos que por el ente energético estatal ANCAP. Los vecinos de la zona (con
la Sociedad de Fomento Quebrada de los Cuervos a la cabeza) se movilizaron y
confrontaron argumentos en la mencionada audiencia, lo que sin duda tuvo su
incidencia directa en la decisión final que tomó el Ministerio de Medio
Ambiente.
Se trata de un valioso precedente en tiempos donde la demanda
internacional de minerales y otros productos del subsuelo en tan elevada,
que hace muy rentable la explotación de un amplio abanico de yacimientos.
Crece el interés en invertir en Uruguay, un país que si bien conoce la
minería desde el siglo XIX, siempre fue una actividad de tercer orden.
La negativa de la Dinama al pedido de Ancap (Cementos del Plata)
demuestra el grado de independencia técnica que mantiene esta organización
del Poder Ejecutivo, y su responsabilidad y coherencia especialmente con una
de sus atribuciones: la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
También cumple con el mandato constitucional de la preservación del recurso
agua, ya que el proyecto minero iba a comprometer la calidad del agua de la
cuenca que comunica a la cañada La Crucera con el río Olimar.
Nuestro país necesita con urgencia establecer posiciones y reglas de
juego muy claras y permanentes. En materia de minería y conservación de la
biodiversidad vivimos tiempos de grandes incertidumbres, por la enorme
presión que ejercen las promesas de inversiones millonarias a cambio de
explotaciones no sustentables -o sea por poco tiempo-; a lo que hay que
añadirle que dejarán un pasivo socio-ambiental considerable que será
absorbido por las presentes y futuras generaciones.
Lo ocurrido en el departamento de Treinta y Tres debe servir de ejemplo
para todo el país. El empoderamiento es posible cuando se confía en la
legitimidad de los reclamos, se asume las responsabilidades sociales que
implican, y no se subordinan las iniciativas a la eventualidad de un revés.
Hay que pensar, decidir y gobernar con inteligencia, tanto en el ámbito
nacional, departamental y municipal. La mejor señal será asegurar la
sustentabilidad de los recursos, porque esa decisión garantizará su
aprovechamiento a largo plazo, permitiendo que sus beneficios sean
disfrutados mucho más allá de nuestras vidas. Al mismo tiempo se consolida
la salud ambiental y la homeostasis de los ecosistemas, condiciones sine que
non para la calidad del aire, del agua y del suelo que disfrutamos.
VALIOSO PRECEDENTE
A casi cinco meses de la realización de la Audiencia Pública en la
ciudad de Treinta y Tres sobre el proyecto de explotación minera en las
proximidades del área protegida Quebrada de los Cuervos, la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (Dinama) resolvió no autorizarlo.
Significa un paso adelante del Gobierno -dado con firmeza- en materia
de conservación de la diversidad biológica, que evitó cometer un error
histórico, como hubiese sido autorizar actividades extractivas del subsuelo
en zonas de influencia directa de un área natural protegida.
Este concepto de “diversidad biológica” que para algunos puede resultar
abstracto y retórico, constituye la piedra angular del futuro de nuestros
pueblos; porque en la calidad ambiental que su protección asegura, se
sustenta la salud, la producción y el bienestar de la gente. La intención
minera en “La Crucera” (4ta. Sección de Treinta y Tres) fue presentada nada
menos que por el ente energético estatal ANCAP. Los vecinos de la zona (con
la Sociedad de Fomento Quebrada de los Cuervos a la cabeza) se movilizaron y
confrontaron argumentos en la mencionada audiencia, lo que sin duda tuvo su
incidencia directa en la decisión final que tomó el Ministerio de Medio
Ambiente.
Se trata de un valioso precedente en tiempos donde la demanda
internacional de minerales y otros productos del subsuelo en tan elevada,
que hace muy rentable la explotación de un amplio abanico de yacimientos.
Crece el interés en invertir en Uruguay, un país que si bien conoce la
minería desde el siglo XIX, siempre fue una actividad de tercer orden.
La negativa de la Dinama al pedido de Ancap (Cementos del Plata)
demuestra el grado de independencia técnica que mantiene esta organización
del Poder Ejecutivo, y su responsabilidad y coherencia especialmente con una
de sus atribuciones: la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
También cumple con el mandato constitucional de la preservación del recurso
agua, ya que el proyecto minero iba a comprometer la calidad del agua de la
cuenca que comunica a la cañada La Crucera con el río Olimar.
Nuestro país necesita con urgencia establecer posiciones y reglas de
juego muy claras y permanentes. En materia de minería y conservación de la
biodiversidad vivimos tiempos de grandes incertidumbres, por la enorme
presión que ejercen las promesas de inversiones millonarias a cambio de
explotaciones no sustentables -o sea por poco tiempo-; a lo que hay que
añadirle que dejarán un pasivo socio-ambiental considerable que será
absorbido por las presentes y futuras generaciones.
Lo ocurrido en el departamento de Treinta y Tres debe servir de ejemplo
para todo el país. El empoderamiento es posible cuando se confía en la
legitimidad de los reclamos, se asume las responsabilidades sociales que
implican, y no se subordinan las iniciativas a la eventualidad de un revés.
Hay que pensar, decidir y gobernar con inteligencia, tanto en el ámbito
nacional, departamental y municipal. La mejor señal será asegurar la
sustentabilidad de los recursos, porque esa decisión garantizará su
aprovechamiento a largo plazo, permitiendo que sus beneficios sean
disfrutados mucho más allá de nuestras vidas. Al mismo tiempo se consolida
la salud ambiental y la homeostasis de los ecosistemas, condiciones sine que
non para la calidad del aire, del agua y del suelo que disfrutamos.
ENVIADO EN RED PRENSA AMBIENTAL
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