Más desmontes en áreas protegidas- Greenpeace denunció que
en los últimos dos meses se desmontaron 6350 hectáreas con el visto bueno del
gobierno de Salta. Desde la Nación le reclaman a la provincia que frene los
permisos otorgados al margen de la ley.
Por Eduardo Videla
Los depredadores de los montes salteños no dan tregua. Con
el visto bueno del Estado provincial, que autoriza la tala en áreas protegidas,
en los últimos dos meses se desmontaron en Salta más de 6350 hectáreas que
estaban amparadas por la Ley de Bosques. La superficie deforestada equivale a
un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, denunció la organización Greenpeace.
Además, otras 120 mil hectáreas están en serio riesgo de ser destruidas debido
a que el gobierno provincial ya otorgó los permisos para desmontarlas, a pesar
de ser bosques nativos protegidos por la norma nacional. Se trata de áreas
habitadas por comunidades indígenas y campesinas, que son las grandes
perjudicadas por el avance de las empresas agropecuarias sobre el monte,
coinciden en la Subsecretaría de Política Ambiental de la Nación. Su titular,
Silvia Révora, dijo a Página/12: “Ya le hemos pedido a Salta que anule los
decretos que permiten el desmonte y dé marcha atrás con los permisos
otorgados”. Sobre la actitud de las empresas, la funcionaria opinó que “la
voracidad capitalista es enorme”.
“Hay una connivencia del gobierno provincial con las
empresas, que nos preocupa”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la
campaña de Bosques de Greenpeace. “Si todas las provincias desmontaran al ritmo
que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, afirmó el
ambientalista.
En mayo último, Página/12 publicó que dos decretos
provinciales permitían hacer excepciones a las normas de protección que ya
habían provocado el desmonte de 120 mil hectáreas protegidas y amenazaban en
ese momento con arrasar otras 125 mil, una superficie que equivale a seis veces
la de la Ciudad de Buenos Aires. De esa superficie, en estos dos meses, fueron
deforestadas 6350 hectáreas. Un informe de Greenpeace revelaba cuáles son las
grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto,
de la familia Macri, y Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro
Roggio, del grupo homónimo.
La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente
por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas
zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o al pastoreo de
ganado. Mediante fotografías e imágenes satelitales, Greenpeace documentó el
impacto ambiental de los desmontes que se están realizando en áreas prohibidas
con la autorización del gobierno de Salta, según el siguiente detalle.
- 1900 hectáreas desmontadas en la finca “La Luz del Chaco”
(de Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y Agro-Noa SRL).
- 1700 hectáreas desmontadas en la finca “El Carmen”
(perteneciente a Aldo Navilli, Molino Cañuelas SA, Compañía Argentina de Granos
SA).
- 1100 hectáreas desmontadas en la finca “La Peregrina” (de
Bruno Mauricio Varela Marín).
- 800 hectáreas desmontadas en la finca “La Maravilla Lote
A4” (propiedad de Alejandro Roggio y Spinica SA).
- 850 hectáreas desmontadas en la finca “Morocoyal” (de
Exportin SA).
Con el desmonte no sólo se pierden los bosques sino que
desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, que son
habitantes ancestrales de ese suelo, aunque carecen de títulos de propiedad.
“La semana pasada hubo un corte de la Ruta 81, que comunica la provincia de
Salta con Formosa, en oposición a los desmontes”, comentó Giardini.
“La provincia de Salta está violando la Ley Nacional de
Bosques”, enfatizó el integrante de Greenpeace. ¿Cuál es la responsabilidad del
gobierno provincial? La Ley de Bosques, sancionada en 2007, establece que cada
provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN)
en forma participativa, con criterios ambientales, pero también económicos y
sociales, mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (áreas
verdes, según el color con las que se las señala en los mapas); en cuáles está
prohibido (señaladas en rojo); y dónde se puede hacer un aprovechamiento
sustentable, es decir, cortar árboles, pero sin desmontar (en amarillo).
La Legislatura provincial sancionó la Ley de Ordenamiento
Territorial y el mapa quedó diseñado recién en 2009. La nueva reglamentación
permitía la deforestación en 1.592.366 hectáreas (área verde) y la prohibía en
1.294.778 (área roja), mientras que 5.303.018 hectáreas quedaban para el
aprovechamiento sustentable (amarillo), es decir, permitía la tala parcial para
obtención de leña o pequeñas plantaciones, pero no el desmonte. Así se permitía
el desmonte del 19,23 por ciento de los bosques, previo estudio de impacto
ambiental y audiencia pública. Pero para los propietarios rurales eso no fue
suficiente.
Los propietarios se valen de los decretos 2211/10 y 3136/11,
sancionados por el gobierno provincial, que permiten la recategorización de
áreas en las que el desmonte esté restringido o prohibido.
“Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la
Secretaría de Ambiente de la Nación y del resto de las provincias frente a la
sistemática violación de la Ley de Bosques que impunemente realiza el gobierno
de Salta”, cuestiona Giardini.
Desde la Subsecretaría de Política Ambiental, su titular,
Silvia Révora, asegura que “el sistema federal impide que la Nación adopte
sanciones contra la provincia por el incumplimiento; cualquier sanción debe ser
tomada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, que integran los ministros del
área de todas las provincias”. “Estamos participando de las audiencias públicas
y dejamos constancia de nuestra oposición a los desmontes. Y le hemos pedido al
gobierno de Salta que derogue los decretos y que frene los desmontes que
autorizaron”, aseguró.
“Nosotros hemos hablado con Greenpeace, pero también con las
organizaciones que trabajan en el territorio, con las comunidades aborígenes,
que son las principales afectadas por los desmontes”, concluyó Révora. Tomado de
pagina 12 por sugerencia de envio de hernan
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