Bolivia es uno de los
países con más linchamientos en América Latina
Nacional Un muñeco advierte a los ladrones sobre
linchamiento, en un barrio de La Paz. | Foto
LA PAZ | Según informes internacionales, Bolivia ocupa los
primeros lugares de linchamiento de toda la región latinoamericana. La última
muerte, de un hombre con esquizofrenia, que caminaba en busca de su madre, ya
fallecida, estuvo precedida de una tortura de siete horas por parte de los
vecinos de la urbanización San Luis, del sector de San Roque de El Alto.
Creyeron que era un ladrón. Según la publicación el "Linchamientos en
América Latina, ¿cosa del pasado?" dada a conocer el 2015, los casos más
concurrentes de linchamientos producidos en Latinoamérica durante los últimos
años han tenido lugar en Guatemala y Bolivia. NNNU, en 2013, informó que
Bolivia es el segundo país con mayor cantidad de linchamientos en la región,
después de Guatemala; el organismo internacional manifestó que "es
preocupante que en Bolivia se sigan registrando linchamientos y que falten
acciones efectivas de las autoridades del Estado". También el estudio de
2014 "Barómetro de las Américas" de la organización LAPOP, realizado
en 25 países, determinó que en Bolivia el 37,2 por ciento de la población
acepta esos ajusticiamientos, uno de los porcentajes más altos de la región. En
Guatemala se registra un promedio anual de unos 70 linchamientos, mientras que
en Bolivia el promedio asciende a 30, según los registros de la Defensoría del
Pueblo y medios de comunicación. No se tiene una cifra oficial, puesto que
muchos casos no se denuncian y no son conocidos por los medios. Para el abogado
experto en justicia indígena, Marco Mendoza, existe esta práctica donde no
llega la justicia. "A falta de una respuesta institucional se dan los
linchamientos. En lugares donde se siente la presencia efectiva de la justicia
indígena y el respeto a los usos y costumbres, no se registran estos hechos
delictivos", expresó. Además, agregó, el Estado "es débil para
sancionar a quienes cometen éste delito, entonces hay vía libre para que
cualquiera pueda incurrir en el mismo", señaló. En los últimos años el 99%
de los linchamientos no han tenido ni proceso ni, menos, sentencia contra los
culpables. Las autoridades prefieren no investigar estos hechos para no irritar
a las comunidades. Además, la "ley del silencio" funciona de manera
eficiente. Nadie habla. El único caso en el que ha habido sentencia es el que
ocurrió en junio de 2004 cuando el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue
secuestrado por comunarios, torturado y quemado en la plaza central del pueblo.
Los pobladores sindicaron de corrupto al alcalde y justificaron su delito
señalando que habían aplicado "justicia indígena". En agosto de 2010
la jueza Nancy Bustillos condenó a los implicados a 30 años de prisión sin
derecho a indulto por los delitos de "asesinato, secuestro, vejámenes y
tortura". Se trata Mendoza explicó que el problema de los linchamientos no
se registra en las áreas rurales, sino en ciudades intermedias, zonas
periurbanas alejadas y regiones como el Chapare. "Es un fenómeno urbano
más que rural", expresó y negó tajantemente que se trate de una forma de
justicia indígena. En agosto de 2015 el director de Tránsito en El Alto, Adrián
Coca, a tiempo de atender un caso de linchamiento manifestó "personalmente
tengo una disyuntiva qué tal si realmente sean delincuentes, que más tarde
salgan de la cárcel y que después asesinen a alguien". Por su parte, el
Ministerio de Justicia recabando notas de prensa, informó que en 2005 se
registraron 15 linchamientos, en 2010 fueron 30 y en 2013, 79. Un documento
defensorial reveló que entre 2001 y 2004 en la ciudad de El Alto había un
promedio de tres casos por año; sin embargo, entre 2005 y 2008, en la misma
ciudad los sucesos aumentaron a 19 casos anuales. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la muerte de cuatro policías en
mayo de 2010 en el municipio de Uncía, alertó sobre el aumento de estos casos
en el país y reveló que más del 47% de los municipios carecían de presencia
policial. En ese mismo sentido, la Defensoría citó como causas de este fenómeno
a la ausencia de organismos de seguridad, el crecimiento de la delincuencia, la
intolerancia y la desconfianza en la justicia. Aseguró que muy pocos casos son
investigados y que la mayoría de ellos permanecen en la impunidad. TOMADO DE
LOS TIEMPOS DE BOLIVIA
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