YPF NO
SALVARÁ AL SECTOR ENERGÉTICO
Por Nicolás
Gadano
La expropiación de YPF despertó una gran
expectativa social respecto de la posibilidad de que la centenaria petrolera,
de nuevo en manos del Estado, pueda revertir el mal desempeño del sector
energético en los últimos años. Sin embargo, si se analiza la performance de
este sector, el pensamiento no es sino mágico.
Las reservas
netas de petróleo y gas en la Argentina cayeron sistemáticamente de un máximo
de 3.171,1 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) en 2001, a 977,6
millones de BOE en 2011. La reducción más importante corresponde al gas
natural. Por su parte, la producción de petróleo y gas natural en YPF cayó
entre 2009 y 2011 un 9% y un 19% respectivamente, mientras que el giro de
dividendos a los accionistas promedió los 1.300 millones de dólares en los
últimos tres años.
La
producción de hidrocarburos exhibe desde hace varios años una tendencia
declinante. La reducción de la actividad exploratoria no se concentra sólo en
YPF: de hecho, el estancamiento en la capacidad de procesamiento de crudo y de
producción de derivados difícilmente pueda ser atribuido a YPF. Es el resultado
de condiciones económicas y de abastecimiento poco atractivas para la inversión.
En este
contexto, la combinación de producción local en baja y consumo de energía
creciente asociado con la expansión económica provocó una brecha progresiva que
se cerró con crecientes importaciones de gas natural, gasoil, fueloil y
electricidad. El abaratamiento relativo de la energía, que desvinculó los
precios locales de los internacionales es una de las explicaciones centrales
del pobre desempeño del sector, porque desincentiva la inversión y la
producción.
Aunque los
precios locales del petróleo muestran una cierta recuperación en los últimos
años –cerca de los US$60 por barril–, todavía están lejos de los niveles
internacionales, que rondan los US$100. Por otro lado, mientras que los precios
del gas natural para los productores locales rondan los US$2,90 por millón de
BTU (British Termal Unit), las importaciones desde Bolivia superan los US$10
por la misma medida.
Así, la
brecha entre el consumo y la producción local no sólo impacta en las cuentas
externas, con importaciones anuales que se proyectan en torno a los US$1.000
millones. Hay más: el fisco –a través de ENARSA y otras áreas del sector
público– absorbió la pérdida generada por las operaciones de importación de
energía. Y, durante 2011, los subsidios presupuestarios al sector energético alcanzaron
los $4.100 millones, un 67% más que en 2010.
Si el
desafío del sector energético en su conjunto ya resulta lo suficientemente
grande, no menor es el que asume la nueva gestión de YPF. La conducción estatal
anunció recientemente un plan para revertir el deterioro productivo. Entre
otras cuestiones, la estrategia productiva apunta a rejuvenecer los yacimientos
maduros de reservas no convencionales. Además, busca aumentar en un 50% la
cantidad anual de pozos perforados en sólo dos años, y duplicarlas en cinco.
Así, las proyecciones prevén mantener los niveles de producción de petróleo y
gas en 2012, incrementarlos un 3% en 2013 y llegar a un aumento acumulado del
35% en 2017. También apunta a ampliar la capacidad de procesamiento de las
refinerías para, en cinco años, incrementar la producción de combustibles
líquidos en un 43%.
El nivel de
inversión que requiere este plan es enorme. A los US$3.500 millones proyectados
para 2012 se sumarían 7.000 millones anuales entre 2013 y 2017, que YPF planea
financiar con “flujo propio proveniente de las operaciones”. La empresa no
explicó, por ahora, cómo crecerá el flujo de fondos ni cómo obtendrá
financiamiento complementario. Pero la ajustada situación fiscal nacional, la
falta de acceso a los mercados internacionales y las complicadas finanzas
provinciales auguran que no será fácil conseguir inversiones, no sólo para YPF,
sino también para el resto del sector.
Por eso, si
la estrategia de recuperación de YPF se basaba en la posibilidad de atraer
financiamiento y socios estratégicos para generar un shock de inversiones y
productividad en los yacimientos, el Decreto 1.277/2012 mina la confianza de
los privados. La norma deroga la libre disponibilidad de los hidrocarburos para
los productores, la libertad para fijar precios y la libre importación y
exportación de crudo, gas y derivados. Es complejo atraer inversores con un
marco regulatorio endurecido y un aumento en el poder discrecional del Estado.
Las inversiones en energía requieren plazos muy largos para completarse. Por
eso, es clave establecer cuanto antes un conjunto de reglas consistentes,
fundadas en un acuerdo social y político que les imprima un horizonte temporal
estable, que permitan maximizar la inversión y revertir los deteriorados
indicadores energéticos. Sancionar una nueva ley de hidrocarburos, ordenar
gradualmente los precios y diseñar un plan energético de largo plazo
contribuirá, entre otras políticas, a alcanzar los objetivos.
Pensar,
entonces, que la complicada YPF salvará al sector parece complejo. Sin un
cambio en las políticas para el sector energético, difícilmente pueda
revertirse la tendencia negativa de los últimos años. Si el sector energético
ya tenía algunos desafíos –precios que no invitaban a la inversión, incipiente
y creciente desequilibrio en la balanza comercial y subsidios insostenibles–,
la expropiación de YPF suma nuevos retos, con reglas de juego cada vez más
rígidas.
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