CÓRDOBA.
ENTREVISTA A FACUNDO FERNÁNDEZ, TÉCNICO REMOVIDO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE POR CONTROLAR DESMONTES
Talados
POR GUILLERMO
POSADA
Trabajó
durante 10 años formándose para conservar el bosque nativo. “Pero pudieron más
las presiones políticas”, asegura este biólogo que se encargó, junto a un
equipo técnico, de cartografiar la provincia para establecer las áreas de
conservación que ordenaba la Ley Nacional de Bosques. Acusa a grupos ruralistas
y a intereses de grupos de poder.
Facundo
Fernández espera a Veintitrés frente a la entrada de la Secretaria de Medio
Ambiente de la provincia. La siesta no se nota sobre la avenida Richieri y
pareciera que los autos están especialmente ruidosos. Pero es más el ruido
dentro del organismo encargado de aplicar las políticas ambientales en Córdoba.
Facundo
tiene una remera roja con una inscripción que reza: Jorge Amado. El autor de
‘Sudor’ bien podría haberse inspirado en esta tórrida tarde cordobesa, antes
que las lluvias de octubre anegaran la ciudad.
“Ya no
quiero volver. Estuve 10 años trabajando en la Secretaria de Medio Ambiente, en
situación de absoluta precariedad laboral, formándome como personal idóneo y
haciendo mi carrera mientras desarrollamos, con mis compañeros, las
herramientas técnicas para conservar el bosque nativo. Pero pudieron más las
presiones políticas”, dijo el biólogo que cartografió la provincia para
establecer las áreas de conservación que ordenaba la Ley Nacional de Bosques.
Su cabeza
rodó junto a inspectores, técnicos y administrativos por pedido del abogado de
Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y de la Sociedad
Rural de Jesús María, Raúl Carranza, porque era demasiado estricto en sus
peritajes de las infracciones que levantaba la Secretaria en los campos de la
provincia, donde la tala ilegal sigue siendo pan de cada día.
“Hace cuatro
años quedaba menos del 5% del bosque nativo y en un estado calamitoso. Pero
incluso así, las organizaciones rurales no quieren que hagamos nuestro trabajo.
Se quejaron por multas de 300 mil pesos que, según ellos, no deben superar los
1000”, explica Fernández.
Carranza
envió una nota al secretario de Medio Ambiente, Luis Federico Bocco, un abogado
de pasado rugbier, para reclamar por una presunta arbitrariedad de la Dirección
de Control y Gestión Ambiental, “conformando montos de multas exorbitantes, que
en la mayoría de los casos implican una extorsión en el ánimo del productor y,
más aun, del sector”.
El abogado
se encargó de resaltar en la misiva su vínculo con el sector productivo
agrícola ganadero. “Con la sanción de la denominada Ley Bonasso fui prestando
asesoramiento a las cuatro (sociedades) rurales del norte de Córdoba (…) para
luego ser contratado por CARTEZ para realizar el proyecto alternativo (…) pues
el que se estaba gestando en la Secretaría se hacía de manera irregular en la denominada
y ya por suerte disuelta Comisión de ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos (COTBN)”. Allí señaló a Fernández como un empleado relacionado con la
comisión, situación que a criterio de los ruralistas lo impugnaba para
desarrollar su trabajo.
La nota
ingresó el 28 de mayo pasado, con nº ACASE01-275410053-012. Un mes después
Fernández y otros 19 empleados fueron despedidos. “En Ambiente no hay personal
jerárquico competente. Estos 10 años vi a contadores y abogados dirigiendo el
organismo, ex intendentes, punteros, todos sin vocación de servicio. Utilizaron
la caja de la Secretaría para hacer campañas políticas. Ahora la tienen
confiscada en el Ministerio de Agua pero antes, y cuando era agencia más aun,
manejaban el presupuesto como querían”, señala Fernández.
El biólogo
ingresó a la Dirección de Control para dar soporte técnico a los inspectores
que controlan los desmontes. “Hicimos un trabajo de precisión porque a los
inspectores de campo los mandan sin GPS, sin viáticos, sin vehículos en condiciones.
Por eso muchas actas de infracciones por desmontes no autorizados venían
viciadas. Yo me encargué de controlar con mapas satelitales y las herramientas
técnicas adecuadas cuáles eran las dimensiones reales de los desmontes para
poder multar correctamente. En general las actas venían con errores porque
calculan a ojo y entonces dan dimensiones más chicas, aunque algunas eran
también mayores de lo real, y eso lo aprovechaban los abogados de la sociedad
rural para entorpecer los controles”, explica.
Y agrega:
“se ve que pisamos puntos relacionados con autoridades como Carranza. Con los
informes periciales ya no les resultaba tan fácil voltear los expedientes y por
eso empezaron a presionar sobre mi trabajo”.
Su caso es
una expresión de cómo las corporaciones presionan sobre la burocracia del
Estado para ganar favores que les permitan actuar al margen de la normativa
vigente, aun cuando la ley de bosques provincial está impugnada por
universidades, organizaciones sociales y grupos ambientalistas, al punto que la
Corte Suprema estaría por expedirse sobre la inconstitucionalidad de la ley,
aprobada durante la gestión de Juan Schiaretti con gran escándalo en la
Legislatura, a partir de una presentación judicial realizada por la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
Precariedad. Si bien Fernández trabajó en la
Secretaría durante 10 años, Bocco ordenó su desafectación porque el trabajador
estuvo durante todo este tiempo en condiciones de precarización laboral que le
impidió acogerse al principio de estabilidad del empleado público, como lo
establece la Constitución Nacional en el artículo 14 BIS.
“Estuve tres
años como pasante; después un año y
medio trabajando directamente en negro, sin recibo ni nada. Cuando resolvieron
blanquearme me ordenaron sacar un monotributo, a pesar que esa figura
corresponde a los proveedores del Estado, no a empleados”, describe. El fraude
laboral llegó al punto que desde la administración le exigían que las facturas
que presentaba estuvieran discontinuadas en el número de serie, para que no
pudiera demostrar la continuidad laboral.
“Recién en
el 2007, mientras hacíamos la cartografía de la provincia que ordenó la
Secretaría, logré que me pagaran un sueldo a través de un contrato”. Esta
situación de precariedad no sólo sirve al gobierno para evadir aportes
previsionales y la obra social, sino también para tener en ascuas a los
empleados, sometidos a los humores del funcionario de turno, que resuelve quién
continúa trabajando y quién no.
“Con cada
nuevo secretario que llegaba, lo habitual era que desplazaran a los
precarizados para nombrar ‘tropa’ propia. La Secretaria siempre ha estado en
manos de representantes políticos justicialistas de San Justo, de Villa María o
Río Cuarto, regiones con fuerte impronta sojera”, enmarca el biólogo. Así el
gobierno provincial da un mensaje político sobre cuál es la línea de gestión.
Ley de
bosques. Creada por resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia tal
como lo ordenaba la ley marco nacional, la Comisión de Ordenamiento Territorial
del Bosque Nativo (COTBN) constituyó uno de los hitos organizativos más altos
de la sociedad civil cordobesa en su intento por limitar el estropicio
ambiental que ha significado el avance anárquico y arrollador de la frontera
agrícola-ganadera en la provincia.
No es casual
que haya asumido un rol determinante en el debate público sobre la ley de
bosques ya que es una problemática aun menoscabada por el gobierno y el bloque
mediático hegemónico local, que está muy
presente en Córdoba.
“Cuando sale
la ley nacional de presupuestos mínimos para conservación del bosque nativo
26331, en 2007, la Secretaría tenía que informar a la Nación cuanto bosque le
quedaba, cartografiarlo según las categorías que establece la norma desde las
zonas de mayor conservación a las de menor. Así Córdoba podría acceder a los
fondos previstos por ley para las provincias. Por eso nos pidieron que hagamos
ese relevamiento, que debía precisar la cantidad de bosque nativo que queda,
cuál era su estado y que marcáramos la
zonificación en base a los criterios que fija la ley nacional, en cuanto a
categorías de conservación: rojas, amarillas y verdes”, recuerda Fernández.
En ese
marco, se creó una unidad ejecutora para encarar el trabajo. Cuando surgió el
conflicto del decreto 125 los funcionarios de más alta jerarquía del Ministerio
de Agricultura como el ministro Carlos Gutierrez, el secretario de Agricultura,
Héctor Fontán, y el de Ganadería, Daniel Carignano, analizaron los resultados
previos de los estudios que se habían realizado.
“Nos
llamaron Fontan y Carignano para decirnos que no podía quedar como lo habíamos
hecho porque Schiaretti tenía el proyecto de llevar la ganadería al arco
noroeste de Córdoba. Me acuerdo que le dijimos que como técnicos no lo íbamos a
modificar porque el informe llevaba nuestra firma, que si el gobierno de
Córdoba no estaba de acuerdo debían ser ellos quienes tomen la decisión
política de meter mano en el trabajo. Querían que modificáramos para que no
haya tantas áreas en rojo, las de mayor conservación, que cambiáramos los
criterios de clasificación para poder hacer desmonte selectivo, sosteniendo que
era una medida de producción sustentable”, sostiene.
–¿Qué
criterios utilizaron desde el equipo técnico?
–A los
criterios mínimos de la Nación sumamos otros, atento a las particularidades
geográficas de Córdoba. Por ejemplo, la ley nacional decía que había que
conservar los manchones de hasta 1000 hectáreas pero acá no los hay. Propusimos
que se recuperen sectores del mapa, marcados en amarillo, para que los espacios
de conservación no estén tan fragmentados,
ya que para la flora y fauna es inviable que funcione el ecosistema como
isla, rodeados de mares de soja o de desertificación, porque impide el flujo
génico (la posibilidad que individuos de una población de flora o fauna se
apareen con otra población en áreas distantes entre sí para que fluya la
transmisión de genes en la reproducción). Agregamos varias de esas ideas para
recuperar corredores de flora y fauna, con zonas de recuperación donde había
zonas de desertificación en suelos salinizados, secos, donde la erosión hídrica
y eólica es grave. Por eso aparecen las cárcavas en distintos zonas de la
provincia.
–¿Cómo fue
el proceso?
–Se realizó
el relevamiento satelital, con sobrevuelos sobre las masas forestales;
recorrimos toda la provincia en avión. Fue un trabajo de campo que nos llevó
dos años. Constatamos el estado de los suelos, las áreas degradadas, todos los
criterios importantes para hacer políticas de conservación y dividimos a
Córdoba en tres áreas: bosque cerrado (en mejor estado de conservación), bosque
intermedio y arbustal pastizal. Ese mapa de cobertura que hicimos reconocía el
estado calamitoso del bosque nativos, alertaba sobre los riesgos de
desertificación.
–¿Esos
criterios chocaron con la idea que tenía el gobierno provincial sobre la
conservación del bosque?
–Sí, pero
nos plantamos y no lo modificamos. Igual el gobierno, finalmente, resolvió el
tema cambiando los criterio de las zonas marcadas y en el sector rojo
permitieron el desmonte selectivo cuando está totalmente prohibido en la ley
Bonasso, por eso el pedido de inconstitucionalidad. Ninguna otra provincia presentó una ley tan
distante del espíritu de la ley nacional. Desde el punto de vista técnico es
una aberración.
Enviado por
Marco Ferrero
Nota: de
acuerdo a lo que surge de esta información José Manuel de la Sota no parece más
que un testaferro alcahuete de la Sociedad Rural , en Corrientes al pobre ñandubay no le va mucho mejor
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