El acuerdo entre Adecua y el Santander Río le evitó al banco
pagar unos 131 millones de pesos.
Por David Cufré
El consejo asesor sobre la conducta ética de las
asociaciones de usuarios volverá a reunirse en los próximos días para evaluar
el comportamiento de Adecua, entidad que preside Sandra González. El encuentro
se hará a pedido de María “Pimpi” Colombo, subsecretaria de Defensa del
Consumidor. El motivo será analizar seis acuerdos que firmó Adecua en sede
judicial con bancos y financieras de primera línea, supuestamente en defensa de
miles de clientes de esas empresas, a quienes les habrían cobrado de más por
cargos y seguros en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con
tarjetas de crédito. Los convenios, sin embargo, resultaron un fiasco para los
consumidores y un desahogo para los bancos. Las entidades financieras lograron
evadir el pago de indemnizaciones millonarias, estimadas en 367 millones de
pesos, mientras que la inmensa mayoría de los usuarios se quedó sin recuperar
un peso. El 99,1 por ciento de los afectados no cobró nada, porque en
definitiva los acuerdos, que interrumpieron los juicios colectivos que había
iniciado la propia Adecua contra esos bancos y financieras, les “bloquearon” el
derecho a un resarcimiento. Los abogados de la asociación, pese a ello,
embolsaron 15,6 millones de pesos en concepto de honorarios, pagados por los
bancos.
Adecua celebró esos convenios entre 2010 y 2012 con los
bancos Santander Río, Galicia, la financiera GMAC, el Banco Privado de
Inversiones, la tarjeta CMR de Falabella y la Tarjeta Naranja. Como se indicó
más arriba, los arreglos en sede judicial frenaron juicios colectivos en
defensa de los usuarios que promovió la entidad que encabeza González.
Los montos de las reparaciones para los clientes no eran significativos en términos individuales –entre 27 y 2 mil pesos, según el caso–, pero el agregado de miles de cuentas les habría costado a los bancos cifras muy elevadas. En la investigación sobre Adecua que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor hay estimaciones sobre el punto. El Santander Río se ahorró de pagar alrededor de 131 millones de pesos, el Banco Galicia, 81 millones; la financiera GMAC, 73 millones; el Banco Privado de Inversiones, 65 millones; la tarjeta CMR de Falabella, 16 millones; y la Tarjeta Naranja, una cifra que aún no está determinada. El monto salvado por los bancos ascendió a 367 millones de pesos. Los usuarios recuperaron apenas 1,7 millón de ese total, el 0,5 por ciento, pero los abogados de Adecua cobraron en concepto de honorarios 15,6 millones de pesos, abonados por quienes antes eran los sujetos de las demandas. Esta última información surge de las respuestas que cinco de los seis bancos y financieras entregaron a la subsecretaría en el expediente que abrió para evaluar el desempeño de la asociación.
Sobre un universo de 1.736.499 clientes afectados en cinco de las entidades involucradas –Tarjeta Naranja aún no precisó el número de clientes potenciales que habrían tenido derecho a una reparación–, lograron que les devolvieran lo que les habían cobrado de más apenas 15.672, el 0,9 por ciento. Ese es el punto más vulnerable de Adecua, no en términos legales sino de comportamiento ético, según las razones que expondrá el gobierno para convocar otra vez al comité correspondiente.
La asociación de consumidores usa como escudo frente a eventuales reclamos judiciales el hecho de que los acuerdos que firmó con los bancos fueron homologados por un juez. Sería una defensa sólida, al menos en principio. Sin embargo, a Adecua le cuesta más explicar por qué no se ajustó a la misma Ley de Defensa del Consumidor que invocó para iniciar las causas. Allí dice taxativamente que, frente a demandas colectivas, todos los clientes tienen que recuperar el dinero que les cobraron de modo irregular con el mismo mecanismo que se usó cuando se efectuó el pago. Es decir, si fue un débito de la caja de ahorro –como ocurrió en la casi totalidad de los casos–, debió haber sido un crédito automático en la misma cuenta sin necesidad de que el usuario tuviera que someterse a ningún trámite. Esa es la razón de ser de los juicios colectivos: facilitar el cobro de indemnizaciones por montos bajos que de otro modo difícilmente serían recuperados, y evitar situaciones de abuso de las empresas, según coinciden especialistas en la materia y la mayoría de las asociaciones de consumidores.
Los montos de las reparaciones para los clientes no eran significativos en términos individuales –entre 27 y 2 mil pesos, según el caso–, pero el agregado de miles de cuentas les habría costado a los bancos cifras muy elevadas. En la investigación sobre Adecua que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor hay estimaciones sobre el punto. El Santander Río se ahorró de pagar alrededor de 131 millones de pesos, el Banco Galicia, 81 millones; la financiera GMAC, 73 millones; el Banco Privado de Inversiones, 65 millones; la tarjeta CMR de Falabella, 16 millones; y la Tarjeta Naranja, una cifra que aún no está determinada. El monto salvado por los bancos ascendió a 367 millones de pesos. Los usuarios recuperaron apenas 1,7 millón de ese total, el 0,5 por ciento, pero los abogados de Adecua cobraron en concepto de honorarios 15,6 millones de pesos, abonados por quienes antes eran los sujetos de las demandas. Esta última información surge de las respuestas que cinco de los seis bancos y financieras entregaron a la subsecretaría en el expediente que abrió para evaluar el desempeño de la asociación.
Sobre un universo de 1.736.499 clientes afectados en cinco de las entidades involucradas –Tarjeta Naranja aún no precisó el número de clientes potenciales que habrían tenido derecho a una reparación–, lograron que les devolvieran lo que les habían cobrado de más apenas 15.672, el 0,9 por ciento. Ese es el punto más vulnerable de Adecua, no en términos legales sino de comportamiento ético, según las razones que expondrá el gobierno para convocar otra vez al comité correspondiente.
La asociación de consumidores usa como escudo frente a eventuales reclamos judiciales el hecho de que los acuerdos que firmó con los bancos fueron homologados por un juez. Sería una defensa sólida, al menos en principio. Sin embargo, a Adecua le cuesta más explicar por qué no se ajustó a la misma Ley de Defensa del Consumidor que invocó para iniciar las causas. Allí dice taxativamente que, frente a demandas colectivas, todos los clientes tienen que recuperar el dinero que les cobraron de modo irregular con el mismo mecanismo que se usó cuando se efectuó el pago. Es decir, si fue un débito de la caja de ahorro –como ocurrió en la casi totalidad de los casos–, debió haber sido un crédito automático en la misma cuenta sin necesidad de que el usuario tuviera que someterse a ningún trámite. Esa es la razón de ser de los juicios colectivos: facilitar el cobro de indemnizaciones por montos bajos que de otro modo difícilmente serían recuperados, y evitar situaciones de abuso de las empresas, según coinciden especialistas en la materia y la mayoría de las asociaciones de consumidores.
Tomado de pagina 12 de ar
por otro lado dice La Nacion Sin embargo, tres de los letrados que
participaron en los acuerdos con los bancos y las empresas -y cobraron sus
honorarios por eso- integran el oficialismo, según trascendió ayer.
El primero de esos abogados que trabajaron para Adecua es
Luis Romiti, quien se desempeña como director nacional de Control Ambiental, un
escalón por debajo del secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi.
El segundo letrado ligado a Adecua es Eduardo Baeza, quien
trabaja también como asesor, con cargo, de la senadora nacional Nanci Parrilli,
hermana del secretario general de la Presidencia.
El tercer letrado vinculado a las asociaciones de
consumidores que trabaja para el Gobierno, en tanto, es Juan de Dios
Cincunegui, quien firmó un acuerdo con General Motors como apoderado de Cruzada
Cívica junto a Adecua, y se desempeña como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas
e interventor de Intercargo
Nota: en la dictadura mandan las armas y los amigos de los
milicos, en la república los abogados generalmente ligados al poder político
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