Los Gigantes: prometen sanear la mina de uranio cerrada
desde 1990
Está a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz; los vecinos de la
zona temen por la contaminación ambiental que puede generar la falta de
tratamiento ambiental de los suelos; la Nación le presentó a
PORGabriela Origlia FOTO En 1990, la mina de uranio a cielo
abierto dejó de operar
En 1990, la mina de uranio a cielo abierto dejó de operar.
Foto: Gentileza La Voz del Interior
CÓRDOBA.- La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes
-a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se
realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de
la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las
tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año
porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa
presentada por la administración nacional.
"La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de
remediación para la primera etapa de gestión", respondieron desde Energía
ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina a la
empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.
Tres años después hubo un desborde de los diques de cola
(donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San
Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la "neutralización" fue
"rápida", el episodio puso en alerta a la comunidad que comenzó a
reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos
problemas y, en 1990, cesó la explotación.
Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de
"evaluación" de remediación entró el 1° de junio después de que el
presentado en octubre pasado fuera rechazado "porque no tenía los
elementos de sustento necesarios". El nuevo será analizado por Minería,
Medio Ambiente y Recursos Hídricos. "Tiene que ajustarse a la ley
ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública",
anticiparon.
Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el
ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina
abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo
abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de
"agua superficial, subterránea, aire y radiológico", y que, además,
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace "monitoreos
independientes".
Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco
Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de
la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan
Carlos Paesani insiste ante este diario en que son "organismos
internacionales independientes y reconocidos" los que deben hacer los
controles. Rechaza que los instrumenten entidades que "tienen relación con
la CNEA y no hay imparcialidad".
En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a
todo el país) se sostiene que la mina debe ser "remediada por la CNEA, que
también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia",
sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una
audiencia pública.
Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la
mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones.
Energía señala que en mayo de 2006 decidió "trabajar en forma
independiente a la coordinación" de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba, "por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del
Foro".
Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían
que fueran a Buenos Aires. "No tenemos presupuesto para hacerlo
-continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos
terminamos enterando por los medios de lo que hacen."
El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de
diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y
Cambuche. "La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a
la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de
aguas alcalinas y ácidas que hubo", señala el Foro.
En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales
recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. "El
proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y
requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las
autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación",
señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la
provincia y la ARN.
Más polémica
La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la
CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek
(produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a
Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales
ya expresaron que se oponen.
Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron:
"Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan
que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los
residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en
las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin".
Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está "en
condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente
certificada ante las autoridades competentes" a nivel local y nacional,
indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando "a la
espera de la correspondiente autorización" que llegaría "en
breve". Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción
de dióxido.
Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la
Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo
que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un
acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994
hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja
enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye
otra.
En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona
-pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a
la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron "todas
las instancias de aprobación e información exigidas por ley", y que se
instrumentó un proceso "de consultas e intercambio de información con la
población, que continúa abierto".
Fondos
internacionales para obras
CÓRDOBA.- En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes
objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se
hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio.
Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo
ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la
documentación.
El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye
trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el
desarrollo de "opciones técnicas, ambientales y sociales" para la
remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y "otros
sitios" y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los
procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la
Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial. LA NACION DE AR , TOMADO DE ENVIO EN RED
FOROBA
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