CONTROL FORESTAL PARA LOS POBRES, los ricos estan autorizados a deforestar

Reclamo de ocho comunidades de los lotes fiscales 55 y 14, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia Banda Norte

Dramático: “No tenemos cómo alimentar a nuestras familias”

Desde la prohibición de toda actividad maderera en la zona los aborígenes son arrestados. No tienen otra actividad laboral. Es por violar la ley de bosques, que también fue concebida para proteger la forma de vida de estas comunidades originarias.

¿DELINCUENTE? ATILIO ANAKIN, DE 22 AÑOS, JUNTO A SU FAMILIA INDOCUMENTADA, SOBRE LA RUTA PROVINCIAL 135. ESTUVO 8 DIAS DETENIDO POR SACAR MADERA. 

Atilio Anakin, de 22 años, caminó más de 20 kilómetros con su familia. Salió del paraje Desemboque para llegar a Balbuena, sobre la ruta provincial 135. Buscaba documentos para su mujer y sus cuatro hijos. Dos de ellos están en edad escolar, pero nunca asistieron a clases. Tres estaban descalzos y dos desnudos de la cintura para abajo. Atilio se decidió a sacar los DNI después de pasar ocho días preso, “por sacar del monte 125 estacones de quebracho”, dijo. Sabe que sin documentos no hay asignación universal, beneficio que nunca pudo cobrar. Su única fuente de ingresos se volvió un delito hace unos meses y nadie le dio la oportunidad de trabajar en otra cosa. Igual que Atilio Anakin, cientos de salteños, que viven en las 643.000 hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, en Santa Victoria Este, sufren la persecución del Estado por extraer madera de sus tierras.

Un fallo de la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar que prohibió la actividad forestal en los departamentos salteños de San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria hasta agosto de 2009. A partir de ese momento, la extracción de madera quedó restringida por efecto de la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial de la Provincia. La medida impide toda actividad productiva en las zonas identificadas con el color rojo y parcialmente en las zonas de color amarillo.

Con esto, Salta cumplió con lo dictado por la ley nacional de bosques y accedió al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que distribuye entre las provincias que adhieran a la norma nacional cerca de mil millones de pesos al año. Esos fondos, administrados a través del Ministerio de Medio Ambiente salteño, a cargo de Francisco López Sastre, son los que se entregaron a comunidades aborígenes locales, con la representación de organizaciones sin fines de lucro. Según publicó El Tribuno, Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) y Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) obtendrían como intermediarios el 40% de los fondos en conceptos de viáticos y honorarios. El destino de los fondos también es investigado hoy por la Justicia, por supuestos desvíos y presuntas adjudicaciones a personas ya fallecidas.

En los lotes 55 y 14, identificados con los colores rojo y amarillo, viven 52 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y 462 familias criollas instaladas desde 1906. La prohibición de sacar madera de sus propias tierras transformó en delincuentes a muchos de sus habitantes, algunos de los pobladores más pobres de la Argentina.

"Estamos como encerrados, no tenemos salida. No nos dejan hacer nada. Todo está prohibido. No se puede hacer ni un trabajo. Nos damos cuenta con mucha tristeza de que no somos nada”, contó David Pastor, cacique de la comunidad de Pozo El Toro. Más de 30 personas de ocho comunidades pidieron una solución inmediata. Caciques y representantes de Pozo El Toro, Bajo Grande, Vertiente Chica, San Miguel, San Bernardo, Carneada, Las Mojarras y Pozo Bravo, de los lotes fiscales 55 y 14, hicieron un llamado desesperante: “Necesitamos ayuda porque no tenemos cómo alimentar a nuestras familias”.

Aurelio Ceballos es de la comunidad San Miguel. Tiene 30 años y dos hijos. No cobra ningún plan social. “Si llegamos a voltear un árbol, puede ser que nos metan presos. Está todo prohibido para nosotros. No tenemos de qué vivir. Por eso tenemos a nuestros hijos desnutridos. Igual tengo que hacer algo. Tengo que hachar madera para mantener a los chicos. No tengo más de qué vivir. Soy del monte, vivo con madera”, dijo.

“Si no están de acuerdo con nuestro trabajo, que nos manden pensión a todos. Que no quede nadie sin eso, porque la mayoría de nuestras familias no cobra ningún beneficio”, explicó el cacique Pastor. Datos del Censo 2001 revelan que en Santa Victoria viven más de 10.000 habitantes, de los cuales sólo el 2,24% tiene el secundario completo. El 64,44% no terminó la primaria o directamente no asistió nunca a la escuela. Paradójicamente, bajo tierra corre petróleo y desde hace años es extraído por la empresa Pluspetrol. Bajo el monte se extienden las ramificaciones profundas de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta: el acuífero Guaraní.

“Como originarios no nos dejan hacer nada, pero no nos dicen qué es lo que podemos realizar a cambio. Si no nos dejan sacar nada del monte, entonces que manden una comisión para darnos los beneficios, porque no hay para comer. Nosotros también somos gente, que tenemos nuestra familia”, dijo Pastor. Aldérico Centurión, de la comunidad San Bernardo, asintió: “Hay 18 familias en mi comunidad y sólo seis tienen su DNI. Padres con siete hijos no tienen documentos. Antes cortaban madera y con eso mantenían a los chicos, pero ahora no se puede”.

Tomado del Tribuno de Salta
Nota : a los amigos de Uturbei le permiten deforestar miles de hectáreas para poner soja, a un pobre infeliz lo meten preso, así parece funcionar el Progresismo de izquierda en Argentina.
todos saben que los problemas de Tartagal son por la deforestacion perpetrada por los sojeros.