La deuda
climática
Julio César
Centeno
Rebelión
Los países
en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de
la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario
catastrófico.
El cambio climático se encuentra entre las
principales prioridades políticas, científicas, económicas y morales del siglo
21. La estabilidad planetaria, y por ende la seguridad de la humanidad, depende
de las medidas que se tomen ahora para mitigar el impacto de la actividad
humana sobre el clima.
Todavía es posible evitar cambios climáticos
catastróficos. Pero para lograrlo se necesita una movilización coordinada a
escala planetaria similar a la de la Segunda Guerra Mundial. No hay excusa para
el retraso, pues cuando nuestros hijos se enfrenten a olas extremas de calor,
sequías, tormentas, inundaciones, epidemias y hambrunas, ya sería demasiado
tarde.
Una de las características mas insólitas de
las negociaciones internacionales sobre cambios climáticos es la vergonzosa
relación entre los burócratas de los países en desarrollo, donde se encuentra
el 83% de la humanidad, y los burócratas de una élite minoritaria pero
privilegiada y prepotente: los representantes de los países industrializados.
Durante años los países en desarrollo han
venido solicitando, sin éxito, que las naciones industrializadas cumplan con
obligaciones explícitas del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticosde 1992, como
las relacionadas con sus desproporcionadas emisiones de gases del efecto
invernadero. O las vinculadas a su mayor capacidad, tanto tecnológica como
económica, para reducir emisiones. Solicitan también, sin éxito, que se cumplan
los compromisos sobre la transferencia de tecnologías menos contaminantes, en
términos preferenciales, para evitar incrementos innecesarios en las emisiones
de países en desarrollo por su dependencia de tecnologías obsoletas.
Tampoco se ha cumplido el compromiso de los
países industrializados de facilitarle recursos financieros a los países mas
pobres, tanto para asegurar que su desarrollo se fundamente en procesos
energéticos mas eficientes y menos contaminantes, como para asistir en su
adaptación a los inevitable impactos climáticos que se avecinan.
El único acuerdo concreto de la cumbre de
Copenhagen en Diciembre 2009 fue el de evitar que la temperatura promedio del
planeta aumente mas de 2ºC sobre el promedio de la época preindustrial. El
fracaso de Copenhagen no se limita a la ausencia de un acuerdo legalmente
vinculante. El verdadero fracaso es la ausencia de una estrategia para alcanzar
el objetivo de los 2ºC, la ausencia de compromisos efectivos para la reducción
de emisiones, la ausencia de un mecanismo para distribuir las responsabilidades
y la ausencia de recursos financieros para asistir a los países mas pobres en
su adaptación a cambios climáticos generados principalmente por países
industrializados.
Las negociaciones sobre cambios climáticos en
Durban, Sur África, en Diciembre 2011, sólo sirvió para ratificar el compromiso
de los 2ºC. Cada país deberá presentar sus contribucionesvoluntarias con dicha
meta para el 2015, a ser implementadas sólo a partir del 2020. En tales
condiciones, sin objetivos vinculantes, coordinados y compatibles con la meta
de los 2ºC, para el 2020 el planeta estaría rumbo hacia un aumento promedio de
temperatura de 4ºC, con calamitosas implicaciones para toda la humanidad.
Un estudio reciente del Instituto Goddard para
Estudios Espaciales de la NASA y el Instituto de la Tierra de la Universidad de
Columbia, concluye:
“En el
Plioceno temprano, cuando el nivel del mar era 25 metros superior al actual, la
temperatura superaba por apenas 1ºC la del Holoceno, no mas de 2ºC superior a
la temperatura promedio de la era preindustrial. El objetivo actual de limitar
el calentamiento global a 2ºC y la concentración de CO2 a 450 partes por millón
es una prescripción para el desastre” (Paleoclimate Implications for Human-Made
Climate Change, NASA 2011).
Los gobiernos de los países industrializados
se resisten a facilitar recursos para evitar cambios climáticos catastróficos,
pero no han dudado en canalizar mas de 2 millones de millones de dólares (2
billones) para proteger el comportamiento criminal de sus propias instituciones
financieras. Tampoco han vacilado para disponer de otros 3 billones en los
últimos 10 años para desatar guerras de agresión y ocupación contra países en
desarrollo, seleccionados por sus particulares riquezas naturales o posiciones
geopolíticas estratégicas. Cada año se gastan US$ 1.7 billones en armas, mas de
la mitad por parte de Estados Unidos.
En la cumbre de Durban, en Diciembre 2011, se
evidenció un claro enfrentamiento entre países industrializados y países en
desarrollo, debido fundamentalmente a la pretensión de los burócratas del norte
industrializado de imponer sus posiciones y desconocer acuerdos previos sobre
responsabilidad común pero diferenciada, la reducción de emisiones, la
transferencia de tecnologías y el aporte de recursos financieros. Pretenden
ahora rechazar los limitados avances en las negociaciones de los últimos 20
años, imponer un nuevo acuerdo en el que se desconozcan las responsabilidades
acumuladas hasta la fecha, y convertir en negocio privado la transferencia de
tecnologías, la asistencia internacional y los servicios ambientales.
Curiosamente, mientras los países en
desarrollo continúan solicitando, sin éxito, que se concrete la cooperación
internacional previamente acordada en el Acuerdo sobre Cambios Climáticos de
1992, mantienen un gigantesco flujo neto de recursos financieros hacia los
países industrializados.
Según el Fondo Monetario Internacional, entre
el 2000 y el 2010 los países en desarrollo transfirieron mas de 6 millones de
millones de dólares (6 billones) netos a los países industrializados, 660 mil
millones sólo en el 2010 (IMF Balance of Payment Statistics). Según el FMI,
estas transferencias netas de recursos del Sur hacia el Norte industrializado
“tienden a aumentar en proporción con la ampliación de los desbalances
financieros”. Las transferencias netas se refieren a los flujos financieros del
Sur hacia el Norte menos los del Norte hacia en Sur.
El retraso en la concreción de un acuerdo
internacional para limitar las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera
favorece de manera perversa a quienes acumulan las mayores emisiones,
principalmente a la élite opulenta del norte industrializado. Continúa
emitiendo cantidades desproporcionadas de gases y apoderándose así, con
absoluta impunidad, de la mayor parte de un limitado bien común de toda la
humanidad: la capacidad de la atmósfera para absorber emisiones.
A medida que se agota con celeridad el cupo
disponible de emisiones, se reducen las opciones de los países mas pobres para
impulsar su desarrollo sin caer en peligrosas relaciones de dependencia,
adicionales a las ya existentes, por tecnologías, recursos financieros y acceso
a los mercados.
La contradicción es obvia: quienes contaminan
no están pagando por el daño que causan. Los costos ambientales que evitan con
impunidad se convierten en pérdidas para todos. Las emisiones de gases del
efecto invernadero son externalidades de proporciones tan gigantescas que
amenazan la seguridad de toda la humanidad. De similar magnitud deben ser las
iniciativas para superar tales amenazas.
El consumo de energía se encuentra
directamente vinculado al desarrollo económico y social, al mejoramiento de la
calidad de vida. Es poco razonable exigir que la mayoría de la población
mundial, sumergida en la pobreza, consuma menos energía. Implicaría condenarla
a un estado permanente de pobreza y dependencia. En la actualidad, 1.400
millones de personas en el mundo en desarrollo carecen de electricidad en sus
hogares. Mas de 1.700 millones utilizan leña como fuente de energía para
cocinar y para la calefacción. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca
de 1,3 millones de personas, principalmente mujeres y niños, mueren cada año
como consecuencia de la contaminación causada por cocinas a leña. Cada año
mueren 9 millones de niños menores de 5 años en el mundo en desarrollo víctimas
de la pobreza, 25.000 cada día (UNICEF 2010).
Según la Agencia Internacional de Energía:
“Urgen acciones decisivas para acelerar el desarrollo energético de los países
mas pobres… El acceso a la energía es un pre-requisito para el desarrollo
humano”.
Los
combustibles fósiles suministran el 83% de la energía que se consume en el
mundo. Generan a su vez la mayor cantidad de las emisiones de CO2 a la
atmósfera. Rescatar a cientos de millones de personas de la pobreza implica
facilitar el acceso masivo a energía económica y abundante. En las condiciones
actuales, esto implica un mayor consumo de energía fósil y mayores emisiones de
CO2.
Las emisiones de CO2 de los países
industrializados se encuentran relativamente estabilizadas desde 1980, mientras
que las emisiones de los países en desarrollo se han cuadruplicado en el mismo
período.
De acuerdo con las recomendaciones del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos, para alcanzar el
objetivo de los 2ºC los países industrializados deberían reducir sus emisiones
en un 80% para el año 2050, mientras que los países en desarrollo deberían
reducirlas en un 50% para la misma fecha, con un pico máximo en emisiones antes
del 2020. Gigantescos retos políticos, económicos, tecnológicos e industriales
para ambos grupos de países.
De la misma manera en que es injusto exigir
que los países en desarrollo reduzcan el consumo de energía, es poco realista
esperar que desarrollen, por sus propios medios y a corto plazo, capacidad para
el aprovechamiento masivo de energías alternativas, como nuclear, solar o
eólica, entre otras.
Mejorar la eficiencia de las matrices
energéticas nacionales es sólo parte de la solución. Urge facilitar el uso
masivo de energías alternativas, en términos competitivos, para todos y a corto
plazo. Ambos objetivos dependen de latransferencia de tecnologías en términos
preferenciales de países industrializados a países en desarrollo, como parte de
un esfuerzo conjunto para reducir las emisiones de gases del efecto
invernadero. También se requieren recursos financieros tanto para mejorar la
eficiencia energética como para desarrollar la infraestructura necesaria que
permita efectivamente aprovechar fuentes alternas de energía.
Exceptuando la energía nuclear (3%) y la
hidroeléctrica (4%), las energías limpias alternativas, como la solar, la
geotérmica y la eólica, representan en la actualidad menos del 5% del consumo
global de energía. Aún en los países industrializados sólo alcanzan
proporciones moderadas del consumo total de energía. Se encuentran limitadas no
sólo por sus costos, sino también por limitaciones tecnológicas, como la falta
de sistemas efectivos para el almacenamiento masivo de la energía que producen.
El potencial de los biocombustibles es también
limitado, independientemente del conflicto con la producción de alimentos.
Estados Unidos es el principal productor de maíz, con el 42% de la producción
mundial. Si destinara todo el maíz (350 millones de toneladas métricas, 2010) a
la producción de etanol, sólo aportaría un 6% de su consumo de petróleo.
Mientras que el etanol celulósico posiblemente tomará décadas para alcanzar
niveles similares del consumo de energía. En el 2011, el etanol y el biodiesel
juntos representaron sólo el 3% del consumo mundial de combustible para automóviles.
En estas condiciones, el retraso en la
concreción de un acuerdo internacional acelera la gravedad de la amenaza
climática. Corresponde a los países en desarrollo, con la mayoría de la
población mundial, la obligación de impulsar medidas de emergencia para impedir
que el calentamiento global se acelere fuera de control. Evadir esta
responsabilidad implica obligar a nuestros descendientes inmediatos a
enfrentarse a un escenario considerable-mente mas inestable y peligroso que el
actual.
Es inconcebible que los países en desarrollo
continúen sometiéndose como rehenes a las peligrosas tácticas dilatorias de una
reducida minoría, entre cuyos intereses se encuentra continuar acaparando con
impunidad el limitado cupo atmosférico disponible, despojarnos de nuestra
condición de ciudadanos para convertirnos en consumidores, y monetizar todos
los recursos y servicios de la naturaleza en las condiciones que ellos
impongan.
El proceso actual de negociaciones sobre
cambios climáticos es improductivo e inconsistente tanto con la gravedad de la
amenaza como con la responsabilidad intergeneracional con nuestros
descendientes. En lugar de comportarse como mendigos, los países en desarrollo
deben coordinar posiciones para impulsar medidas de emergencia en concordancia
con la gravedad y la urgencia de la amenaza climática. Entre estas medidas se
encuentra el reclamo de la deuda climática.
La necesidad de recursos financieros para
afrontar el reto del cambio climático fue reconocida en Durban. Para tal fin se
acordó la creación de un Fondo Verde. Los países industrializados se
comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares. Pero hasta la fecha
ningún aporte se ha concretado; dicho fondo carece de recurso financiero
alguno.
La Agencia Internacional de Energía estima las
necesidades financieras para alcanzar el objetivo de los 2ºC en 24 billones de
dólares (millones de millones) sólo durante los próximos 10 años (IEA: Tracking
Clean Energy Progress, 2012). Aproximadamente la mitad de tales inversiones se
necesita en países en desarrollo. En este contexto, los aportes ofrecidos hasta
la fecha por los países industrializados al Fondo Verde son insignificantes.
Sólo las necesidades financieras de América Latina se estiman en 110.000
millones de dólares anuales durante los primeros 10 años (IEA 2012).
Irónicamente, mientras crecen las estimaciones
de los recursos necesarios para evitar un aumento de temperatura superior a los
2ºC y mientras los países industrializados se niegan a asistir a los países mas
pobres con transferencias de tecnologías y recursos económicos, los países en
desarrollo mantienen un flujo neto hacia los países industrializados por el
orden de los 700.000 millones de dólares anuales.
Deuda por
deuda
La principal
contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus
correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el
año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas
de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, mas del
60% por países industrializados.
La contribución al aumento de temperatura en
un momento determinado depende de las emisiones efectivas acumuladas hasta
entonces, tomando en consideración la disipación producida principalmente por
la absorción de CO2 con el tiempo por parte de océanos y bosques.
Para el año 2010, la contribución de los
países industrializados al aumento de temperatura era del 60%, aun incluyendo
las emisiones efectivas prove-nientes de la deforestación durante el período
1900-2010.
Si las emisiones acumuladas en la atmósfera se
hubiesen distribuido en proporción con la población en 1990, a los países
industrializados les habría correspondido 286 Gt durante el período 1900-2010.
Las emisiones en exceso (656 Gt) deberían contabilizarse como una deuda a favor
de países en desarrollo, cuyas posibilidades de emisiones se encuentran ahora
coartadas. Si partimos de un precio base de US$ 20/ton CO2, esta deuda
superaría los 13 billones de dólares.
El precio promedio de los derechos de
emisiones en el mercado de carbono de la Unión Europea se encuentra alrededor
de los US$ 20/ton CO2, aunque recientemente se hayan desplomado debido en parte
a la crisis financiera y a la falta de un acuerdo internacional sobre cambios
climáticos. Al caer el valor de los derechos de emisiones se debilitan tanto
los incentivos para reducir emisiones en la actualidad como los incentivos para
invertir en innovaciones tecnológicas que reduzcan emisiones futuras.
En Columbia Británica, Canadá, el impuesto a
las emisiones pasó de US$ 25 a 30/ton CO2 en Julio 2012, mientras que en
Australia es de US$ 24/ton CO2, con un aumento anual del 2,5%.
Joseph
Stiglitz, premio Nobel en Economía y quien sirviera como economista principal
del Banco Mundial, ha sugerido un impuesto a las emisiones de carbono de US$
80/ton CO2, nivel al que tienden a estabilizarse tanto los créditos de carbono,
como los permisos de emisiones o los impuestos correspondientes, una vez que se
implemente un acuerdo internacional para estabilizar la concentración de CO2 en
la atmósfera en 450 partes por millón.
Para asegurar que el aumento de la temperatura
promedio se mantenga por debajo de los 2ºC y que la concentración de CO2 no
supere las 450 ppm, es necesario que las emisiones acumuladas entre el 2011 y
el 2050 no superen las 850 Gt. Aunque los países industrializados reduzcan sus
emisiones en un 80% para el 2050, algo poco probable, sus emisiones en el
período 2011-2050 ascenderían a 345 Gt, el 41% del cupo de emisiones
disponible. Lo que les correspondería en proporción con su población actual
serían 145 Gt. El exceso (200 Gt) sumaría US$ 4 billones adicionales a la deuda
climática, aun manteniendo el precio base de US$ 20/ton CO2.
Aún si los
países industrializados redujeran sus emisiones en un 80% para el 2050,
terminarían acumulando el 60% del cupo atmosférico disponible para evitar un
aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera superior a 450 ppm. Cada
ciudadano de países industrializados habría acumulado nueve (9) veces el cupo
de cada ciudadano de países en desarrollo.
Si se
distribuye la deuda climática total (US$ 17 billones) en partes iguales durante
el período 2011-2050, correspondería a una cuota promedio de 425.000 millones
de dólares anuales durante 40 años consecutivos. Esta deuda es de un orden de
magnitud similar al de las crecientes transferencias netas de recursos
financieros del Sur hacia el Norte: 660.000 millones en el 2010, en buena parte
por el pago de la deuda externa.
El compromiso asumido por países
industrializados en Copenhagen en el 2009 para facilitar 10.000 millones
anuales durante el trienio 2010-2012 corresponde a sólo un 2% de la cuota anual
de su deuda climática. Sin embargo, se convirtió en un compromiso burlado, como
tantos otros asumidos en el pasado, a pesar de que buena parte de su opulencia
se debe a la explotación de recursos naturales y humanos de países en
desarrollo.
No deben ser sólo los países en desarrollo los
que cumplan con el pago de deudas y otras obligaciones internacionales. La
deuda climática es tan enorme como la crisis climática que se ha generado. De
similar magnitud deben ser las medidas que se tomen para superar este reto
planetario e intergeneracional.
Julio Cesar
Centeno, especialista venezolano graduado en las universidades de Nueva York y
Syracuse, estudios de postgrado en la Universidad de California, Berkeley. Ha
servido como profesor de la Universidad de los Andes. Director Ejecutivo del
Instituto Forestal Latino Americano. Asesor de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo [UNCED].
Rebelión ha
publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
enviado en red foroba
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