URUGUAY: UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL
La irrupción de
proyectos de minería metalífera a cielo abierto en gran
escala en un país de
economía agropastoril, donde no existen yacimientos de
gran concentración ni
de grandes volúmenes y donde los impactos sociales y
ambientales de la
actividad extractiva serían de gran magnitud, ha generado
un movimiento social
de resistencia sin precedentes en Uruguay, en el que se
está desarrollando un
nuevo concepto de ciudadanía.
por Víctor L.
Bacchetta
Según fuentes
oficiales, a mediados de 2011 estaban solicitados 3,5 millones
de hectáreas para
actividades de prospección y exploración de minerales, con
intenciones de
desarrollar explotaciones a cielo abierto de hierro y oro. Si
le agregamos la
ocupación, en las dos décadas anteriores, de dos millones de
hectáreas por
monocultivos forestales y de soja en gran escala -con
perspectivas de
crecer aún más-, es más de un tercio de la superficie del
Uruguay, que en casi
su totalidad es apta para la actividad agropecuaria.
Esta nueva realidad, coincidente con un proceso de
concentración y
extranjerización de
la propiedad de la tierra sin precedentes, ha sido
explicada por los
gobiernos del Frente Amplio como una política de
diversificación
productiva y de mayor industrialización del país. Sin
embargo, en
territorio nacional los proyectos no van más allá de la
producción de
materias primas tales como madera y celulosa, mineral de
hierro y lingotes de
oro, con vistas a abastecer los enclaves industriales
que dominan la
economía mundial.
La reprimarización de la economía -que también se expresa en
la exportación
del ganado en pie,
del trigo y el arroz-, es una ampliación del papel
tradicional de
proveedor de materias primas asignado a la periferia por los
países capitalistas
centrales. En América Latina, este patrón de desarrollo
se lo denomina
"modelo extractivista", caracterizado por el saqueo y
depredación en gran
escala de los recursos naturales. En Uruguay se explota
la fertilidad natural
de la tierra y la prodigalidad del agua, sumándole
ahora minerales.
En los últimos años, el fuerte crecimiento de las economías
asiáticas, China
en especial, y la
especulación financiera desatada en torno a las materias
primas ha trastocado
en especial el mercado de los metales que registraron
un gran salto en los
precios en 2008, a partir de las crisis financieras de
España y Estados
Unidos. En tres años, el valor de la tonelada de hierro se
multiplicó por cinco
y esto explica por qué los yacimientos uruguayos del
metal, que nunca
fueron explotados, hoy pueden estar siendo apetecidos.
Las reservas más estudiadas en el subsuelo uruguayo son el
hierro, sobre
todo la zona de
Valentines, en el centro, y de Zapucay, en el noreste, y el
oro que se encuentra
en varios departamentos. Son yacimientos pequeños y
pobres en
concentración -el hierro al 28% y el oro de 1 a 1,9 gramos por
tonelada-, pero la
coyuntura especulativa internacional los ha vuelto
rentables. A lo
anterior se suman los contratos firmados por Ancap para la
posible extracción de
hidrocarburos no convencionales en el noroeste del
país.
Al tratarse de yacimientos pequeños y pobres, los inversores
extranjeros que
llegan al país
procuran una explotación en gran escala y rápida, como el
caso más notorio de
Aratirí que propone hacerlo en 12 años, para aprovechar
los altos precios del
mercado internacional. Por la misma razón, este
proyecto está
asociado a la construcción de un mineroducto y un puerto de
aguas profundas en la
costa oceánica, para facilitar el transporte del
hierro hacia los
países de destino con los mayores buques fabricados en la
actualidad.
Impacto de megaproyectos
La presente coyuntura
del mercado internacional generó también un auge de
las inversiones
mineras en otros países del continente, como Chile, Bolivia
y Perú, que detentan
grandes reservas de minerales y una larga tradición de
explotación minera.
Aunque en estos casos las minas se localizan mayormente
en la Cordillera de
los Andes, en zonas desérticas o semidesérticas, por ser
operaciones a cielo
abierto en gran escala, los impactos ambientales y
sociales han generado
fuertes movimientos populares de resistencia.
Con el avance de los megaproyectos (se los denomina así
porque manejan
cifras millonarias de
inversión y de producción), las comunidades se ven
obligadas a defender
sus medios de subsistencia al ver amenazadas el agua y
la tierra de las cuales
dependen. El fenómeno ha ido en aumento en toda la
región y, a través de
asambleas, marchas, plebiscitos y otras formas de
participación y de
acción, expresan un movimiento de base territorial, como
los proyectos, y de
gran diversidad social, como son las poblaciones
afectadas.
Uruguay nunca tuvo grandes explotaciones mineras y, por
tanto, no conoció un
movimiento social en
correspondencia con esa problemática hasta la llegada
de la empresa
trasnacional Zamin Ferrous -que denominó Aratirí a la filial
en el país-, con su
proyecto de extracción de hierro a cielo abierto en gran
escala del yacimiento
de Valentines. Al entrar en la etapa de exploración
surgieron los
primeros conflictos con productores familiares que han vivido
por generaciones en
una amplia zona de pequeños y medianos predios rurales.
El conflicto fue creciendo y se sumaron poblaciones de los
balnearios de la
costa rochense, que
se sintieron a su vez amenazadas por el mineroducto y el
puerto de aguas
profundas proyectados para transportar los minerales al
exterior. A comienzos
de 2011, productores rurales, residentes de la costa,
organizaciones
sociales y ciudadanos de otras localidades constituyeron el
Movimiento por un
Uruguay Sustentable (Movus) con el fin de informarse,
informar y movilizar
a la opinión pública contra los proyectos planteados.
El acceso a la información fue una necesidad esencial del
movimiento al
verificar que, tanto
la empresa como miembros del gobierno, no brindaban
datos fieles sobre
las características y las consecuencias del proyecto. Es
más, la estrategia de
Aratirí para obtener la aprobación de la población ha
sido ofrecer al
público una versión edulcorada de su propuesta, diferente a
la presentada ante
los organismos del estado, y explotar la división de la
comunidad entre los
productores en conflicto y los trabajadores contratados
por la minera.
Con el aporte de profesionales y académicos de distintas
disciplinas, se
comprobó que la
propuesta sería el simple saqueo de un recurso no renovable
del país con graves
secuelas de depredación ambiental. El mineral sería
exportado en bruto y,
por el ritmo y el volumen de la extracción, provocaría
la destrucción de una
amplia zona del territorio nacional. En aras de un
mero negocio
coyuntural, muy lucrativo sin duda para la empresa
trasnacional,
estaríamos hipotecando un ecosistema productivo de duración
ilimitada.
Una movilización nacional
A medida que se fue
difundiendo la información y el análisis crítico del
proyecto, por medio
de charlas en pequeños grupos y volanteadas en lugares
públicos -a comienzos
de 2011, la prensa no informaba sobre la propuesta de
Aratirí-, sectores de
la sociedad inicialmente no afectados por el conflicto
percibieron que era
una cuestión de interés nacional y se sumaron a la
movilización. De esta
manera se gestó la primera Marcha Nacional en Defensa
de la Tierra y los
Bienes Naturales, realizada el 13 de mayo de 2011 en
Montevideo.
Organizaron esta marcha, además de productores y vecinos de
Cerro Chato,
Valentines y la costa
oceánica, el Colectivo de Organizaciones Sociales de
Lucha por la Tierra y
la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).
En la proclama leída
al final de la marcha se rechazó el proyecto minero de
Aratirí y se reclamó
el derecho de los productores y sus familias a seguir
trabajando su tierra,
la entrega de tierras al que quiera trabajarla y la
preservación y
desarrollo del potencial turístico del departamento de Rocha.
En la segunda Marcha Nacional,
el 12 de octubre de 2011, que recorrió desde
el Obelisco hasta el
Palacio Legislativo, se sumaron nuevos agrupamientos
tales como la Mesa
Representativa de productores y vecinos de la Ruta 7, de
Vichadero, de la 5a.
sección de Treinta y Tres, de Caraguatá y de Sarandí
Grande, la Unión de
Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), el
Consejo de la Nación
Charrúa (CONACHA), Adeom de Tacuarembó y la recién
constituida
Confederación de Pueblos Costeros (CPC).
La proclama de esta marcha plantea tres exigencias
identificativas del
movimiento: 1) que
detengan la entrega de la tierra y los bienes naturales
del país a la
inversión extranjera que saquea nuestras riquezas; 2) consulta
previa a las
comunidades afectadas por los proyectos de inversión que
interfieren en sus
actividades productivas y sus formas de vivir; y 3) que
sea informada y
consultada ampliamente toda la ciudadanía sobre las
decisiones que
involucren cambios sustanciales del modelo y la matriz
productiva del país.
Es un movimiento
social sin precedentes en el Uruguay. Ya la primera marcha
mostró ese carácter
multifacético, tanto por el ancho espectro social y
generacional como por
las formas de expresión de la protesta, que se reiteró
en la segunda marcha
del 12 de octubre de 2011 y que en la tercera marcha,
el 11 de octubre de
este año, con una presencia multiplicada de
organizaciones
convocantes y de gente, conmovió a la principal avenida de la
capital. Esta vez,
prácticamente ningún medio de comunicación se omitió de
informar.
La tercera Marcha Nacional fue convocada por más de 30
organizaciones de
productores y
trabajadores rurales de Artigas, Canelones, Cerro Largo,
Durazno, Florida,
Rivera, Lavalleja, Rocha, San José, Tacuarembó, Treinta y
Tres, Maldonado,
Colonia; vecinos de La Paloma, La Pedrera, Coronilla,
Valizas, Aguas
Dulces, Cabo Polonio, La Esmeralda, Punta del Diablo, Chuy,
Aiguá, Ciudad de la
Costa, Atlántida, Oeste de Montevideo, pueblos
originarios;
trabajadores, estudiantes, profesionales y jubilados.
Hasta el presente,
con la excepción de los trabajadores de OSE, que
impulsaron la reforma
constitucional del agua, la participación de gremios
estudiantiles y
obreros ha sido escasa. Influidos por la posición del
gobierno, estos
sectores confunden la agroindustria y la minería con una
modernización y
diversificación productiva. Sin embargo, la depredación
ambiental es parte
integral de la rentabilidad de esas empresas y, en lo
social, concentran
más la propiedad de la tierra y utilizan menos mano de
obra que el viejo
latifundio.
Otra idea de participación
Pero las marchas
representan solo la punta del iceberg en la conformación
del movimiento en
defensa de la tierra y los bienes naturales, porque la
movilización va mucho
más allá de las personas que pueden trasladarse,
máxime con sus
caballos, desde el interior a la capital para participar en
una manifestación. En
las zonas más afectadas se desarrollan acciones
cívicas que,
apoyándose en el marco legal, buscan hacerse escuchar de otra
manera, en la medida
que las autoridades no muestran voluntad de atender los
reclamos,
El martes 13 de marzo
de 2012, un grupo de ciudadanos de Treinta y Tres
anunció el envío de
una carta al presidente Mujica, respaldada por 1.718
firmas, en la que le
solicitaban una audiencia para hablar sobre
megaminería. No
recibieron ninguna respuesta. El mismo grupo inició, el 12
de setiembre, otra
recolección de firmas, para entregar ahora al Intendente,
a la Junta y a los
diputados del departamento, para que adopten una
ordenanza que prohíba
la instalación de megaproyectos extractivos en el
territorio de Treinta
y Tres.
Paralelamente, en Lavalleja, se presentó a la Junta
Departamental una
petición apoyada por
400 firmas para que aprueben una ordenanza que prohíba
la extracción de
metales a cielo abierto. Hay unos 4.000 padrones con
pedimentos de
minería, que representan el 45% de la superficie del
departamento. La
propuesta elevada a la Junta se fundamenta en el Artículo
47 de la
Constitución, la ley 17.234 del 22 de febrero de 2000, la ley
17.283 del 28 de
diciembre de 2000 y la Ley de Ordenamiento Territorial del
18 de junio de 2008.
En su sesión del 10
de octubre, la Junta de Lavalleja rechazó el petitorio
por una mayoría de 18
contra 11 votos. Inmediatamente, los ciudadanos que
habían acompañado la
discusión, se reunieron en las afueras del local y
anunciaron que
iniciarán la recolección de las firmas requeridas para
convocar a un
referéndum departamental. La misma opción han anticipado que
adoptarán los
ciudadanos de Treinta y Tres si se rechaza su petición. En
Rivera, Cerro Largo y
Rocha existe similar inquietud y se evalúan
iniciativas
semejantes.
A su vez, el grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua inició,
el 18 de
octubre, la
recolección de firmas con vistas a un plebiscito que prohíba la
minería metalífera a
cielo abierto en ese departamento. Quince días después
iban recogidas 3.500
de las 15.000 que se proponen alcanzar. El grupo a
cargo de la
iniciativa en Tacuarembó está constituido por periodistas y
comunicadores,
productores rurales, empresarios, trabajadores,
representantes
sindicales, ediles de todos los partidos, autoridades
eclesiásticas y
vecinos en general.
Es difícil prever el desenlace de este proceso, pero las
dimensiones que ha
alcanzado son
indicativas de la existencia de una nueva preocupación de la
población por el
carácter y las consecuencias de esas propuestas de
desarrollo de alto
impacto social y ambiental y de dudoso beneficio para el
país. Y parece estar
emergiendo una nueva idea de participación, donde no
alcanza con elegir
cada cuatro años y dejar que otros decidan, sino que la
gente quiere estar
informada y decidir en los proyectos de desarrollo que la
afectan.
Enviado en red Prensa
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