“Estamos en manos de
corporaciones que presentan sus propias investigaciones y con ellas se imponen
las políticas públicas”
La sojizacion de la producción agraria es una marca de la
Argentina del 2000. El modelo agrícola argentino, la concentración de la tierra,
la expulsión de comunidades, los beneficiados, la complicidad del Estado, los
agrotóxicos y las consecuencias sobre el ambiente, además del proyecto de
modificación de la Ley de Semillas son algunos de los temas tratados en este
informe radial sobre una de las multinacionales emblema del capitalismo
argentino de los últimos años. Por La Revancha.
Por ANRed - H (redaccion@anred.org)
Carlos Vicente, miembro del Grupo Argentino Acción por la
Biodiversidad, ilustra algunas consecuencias del esquema productivo hegemónico:
“El modelo agrícola que está en marcha es un modelo que expulsa campesinos, que
concentra la tierra, que produce commodities, o sea mercancías para el comercio
internacional y no alimentos, que contamina con el uso intensivo que hace de
agrotóxicos”.
Además de Carlos, dialogaron con el programa radial Merardo
Ávila Vázquez, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Horacio
Britos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cuál es la
situación actual de modelo extractivista en Argentina? Actores involucrados y
propuestas.
Merardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos
Fumigados, alerta que esta práctica extendida “está produciendo un impacto
ambiental muy grande” y avanza en la enumeración de involucrados en el
“agronegocio”: “el Estado Nacional a través de exenciones, los productores de
la mesa de enlace, que son ya un grupo de empresarios cada vez más diferentes
de los campesinos y de los pequeños y medianos productores que conocíamos en Argentina
y las grandes empresas como Monsanto, Bayer, Bunge, que realmente son las que
se llevan las partes más importantes de las ganancias”.
Para considerar las dimensiones del impacto ambiental y en
la salud, Carlos Vicente ofrece algunos números: “en Argentina solamente en un
herbicida se usan más de 200 M de l. de glifosato”. Según Merardo A. Vázquez,
ese es el agrotóxico que más se usa en el país: “es un herbicida que mata todo
tipo de planta, salvo las plantas a las que Monsanto ha injertado algún gen
para generarle una vía metabólica distinta a la que tienen absolutamente todas
las plantas de la naturaleza. De manera que esas plantas manipuladas son
resistentes, no mueren al estar expuestas al glisfosato”.
Otro problema que genera el uso de herbicidas tóxicos es la
elaboración de semillas con más resistencia a estos productos. Horacio Britos,
del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, resalta que esta medida es parte
del negocio de las multinacionales. “Eso está siendo una gran preocupación, porque
va a redundar en mayor consumo de agrotóxicos, en mayor fumigación de las
comunidades rurales, contaminación en el caso de los genes del maíz, por las
variedades locales del país”. Este punto afecta directamente a las formas
locales de producción y la dependencia de actores externos: “en muchas zonas
hay variedades de cultivo y de multiplicación propia, como en el NEA y en el
NOA, que se van a contaminar con esta nueva semillas en términos genéticos”.
Este mes se dieron a conocer los resultados de estudios
encargados a la Universidad de Buenos Aires por casos de plaguicidas tóxicos y
persistentes en sangre, en habitantes de Malvinas Argentinas, en la Provincia
de Córdoba: 7 de cada 10 personas dieron positivo. En diálogo con La Revancha,
Carlos Vicente subraya que “desde el punto de vista regulatorio el Estado no
hace investigaciones independientes que garanticen la inocuidad o la falta de
riesgo y el no impacto ambiental de los cultivos que se están aprobando.
Estamos en manos de corporaciones que presentan sus propias investigaciones y
con ellas se imponen las políticas públicas”. Este ataque al derecho a la
información impacta directamente en la libertad alimentaria: “significa
privarnos de la libertad de elegir qué queremos comer, qué queremos sembrar.”
Se trata de la
soberanía alimentaria
La tendencia que concentra el poder en las multinacionales
que gobiernan el mercado agrícola va contra las libertades sociales e
individuales. Según Carlos Vicente “hay un camino muy claro que es el que ha
marcado la vía campesina desde el año 2006 que es el de la soberanía
alimentaria”. Esta concepción busca revalorizar la autonomía de los países y
las comunidades para establecer políticas agrícolas. Traducido en metas
concretas, para Acción por la Diversidad implica “decirle no a los
transgénicos, significa una reforma agraria integral, semillas en manos de los
campesinos y no en manos de los monopolios, una producción agroecológica, toda
una serie de políticas para limitar este poder que alguna vezLeonardo Boff definió
como una dictadura global de las corporaciones”.
Una consecuancia de sacar de las manos de los campesinos
esta autonomía productiva es, como señala Horacio Britos, la limitación de la
posibilidad de autoabastecimiento. A través de creaciones genéticas, se alteran
semillas para que sean resistentes a los herbicidas que se comercializan y se
establecen derechos sobre esas creaciones. Sobre este punto, Horacio indica que
“las multinacionales quieren controlar todo lo que más puedan el intercambio de
semillas y la automultiplicación de semillas”. El origen del problema es que
“la acumulación y mejora genética a nivel mundial se debe a los trabajos que
llevan a cabo los pequeños productores con los cultivos, con el guardar
semillas desde el milenio de la humanidad. El hecho de privatizar algo que es
un bien público y social y cobrar derechos sobre algo que ha sido tarea de
milenios de pequeños productores, de comunidades originarias nos parece una
locura, una sinrazón”.
Desde el Movimiento Campesino impulsan el armado de un “plan
agrario sustentable sobre la base de quienes hoy alimentan al mundo que son los
campesinos y campesinas de todo el planeta”. Horacio destaca que estudios
comprobaron que “a nivel global, con el 24% de la tierra los campesinos y
campesinas, los agricultores familiares, los pueblos originarios producen el
70% de los alimentos en el mundo”. Agrega que solo “hacen falta políticas
orientadas hacia la soberanía alimentaria, hacía la producción agroecológica
con una redistribución de la tierra y sin privatización de las semillas ni
semillas transgénicas”. Tomado de envío de velez,
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