El lúgubre futuro de La Oroya Maija Susarina*
Considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo,
La Oroya depende de la explotación minera
Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de
La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha
escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y
manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense
propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de
silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500
empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la
propia planta minera aún no está claro. Al inicio, la mina extraía sólo plomo y
poco después también zinc, oro y plata con el efecto secundario de echar al
aire de la ciudad todo tipo de metales y ácidos contaminantes. También era la
única fundición polimetálica del Perú, lo que significaba que procesaba todo
tipo de metales, también provenientes del extranjero. Se dice que algunos países procesaron sus
metales altamente contaminantes en La Oroya porque era ilegal en sus propios
países debido a políticas ambientales. Los circuitos metálicos, primero en
manos de una empresa estadounidense posteriormente nacionalizada, fue adquirida
por DRP en 1997, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), tras ser
privatizada por debajo de su valor con el objetivo de atraer la inversión
extranjera al Perú. La empresa empezó a explotar la mina bajo la condición de
aceptar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que obligaba a DRP
a limpiar la contaminación y cambiar la maquinaria extractora nueva y
sustentable. Sin embargo, el PAMA nunca llegó a ser implementado. DRP solicitó
tres veces al gobierno peruano posponer la implementación del programa y se
declaró oficialmente en bancarrota en el 2009, dejando a la industria, de la
que toda la ciudad depende, en añicos. Sin embargo, DRP dio un paso más y
demandó al Estado peruano por US$800 millones basándose en el Tratado de Libre
Comercio que Perú firmó con EEUU, vigente desde el 2009. Este tratado coloca el
bienestar de la economía sobre todas las otras políticas y por ello el Perú
puede ser denunciado debido a que se debe permitir a las empresas
estadounidenses operar libremente sin ninguna restricción. Y el PAMA era una
restricción y una de las razones por las que DRP cayó en bancarrota, al menos
de acuerdo con la versión de la empresa. Expertos afirman que es muy posible
que DRP gane este caso. Trabajadores defienden a empresa Para diciembre del
2013, la situación se había calmado y ya no se producían enfrentamientos en las
calles de la ciudad pero hace algunos años la situación era muy diferente. En
vez de implementar el PAMA, DRP invirtió en relaciones públicas. Las
comunidades recibieron presentes como semillas y ovejas que mostraron ser
insostenibles. Los animales murieron en los años siguientes debido al clima
andino que era inapropiado para ellos y los cultivos no pudieron sobrevivir a la
lluvia ácida causada por las actividades mineras de la empresa. Los niños
recibieron regalos de navidad y se organizaron talleres sobre cómo tener éxito
en los negocios o los pasos para crear un negocio, sólo que en La Oroya no
había posibilidad de negocio salvo el de la mina. Todos esos regalos, sin
embargo, tuvieron el efecto que DRP
esperaba. Cuando los problemas con el gobierno empezaron y el PAMA no se
había implementado, la mayoría de la población se puso fuerte y defendió a la
empresa con huelgas generales y manifestaciones que con frecuencia se tornaban
violentas contra ambientalistas y organizaciones no gubernamentales. Según un
poblador que pidió mantener su nombre en reserva, “era como estafar a un niño
—te doy un caramelo y te quedas tranquilo (…) La filosofía de DRP es el
incumplimiento. En los últimos años fueron condicionando a la población,
preparándola para el momento en que necesitara de su ayuda. Cuando DRP
necesitaba que ellos se enfrentaran al Estado, todo el mundo era usado y todo el
mundo venía en apoyo de DRP. Los trabajadores, sus esposas, todo el mundo
llegaba”. No era un secreto que debido a las actividades mineras, los niños de
los empleados y los propios trabajadores desarrollaron graves enfermedades,
hasta cáncer. Después de todo, no sólo había plomo en el aire. Otros agentes
carcinógenos como arsénico fueron encontrados en 99% de la sangre de niños y
adultos del lugar. Mucha gente desarrolló enfermedades a los pulmones y el
hígado sin tener problemas de alcohol. Nada crecía en la región y las montañas
se cubrieron de un contaminante polvo blanco. Pero para los trabajadores, la
prioridad no estaba en dar solución al problema de polución ambiental sino en
tener un trabajo para mantener a sus familias y por eso se manifestaban a favor
de la empresa, dejando de lado la naturaleza y su salud. Las manifestaciones
eran tan intensas que integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs)
no abandonaban sus casas por temor a resultar heridos o hasta muertos. Una vez,
durante una marcha, una persona neutral hizo un llamado contra la violencia y
ni siquiera contra la propia minera, pero fue arrastrada por el puente por el
pelo y casi resultó muerta si no fuera porque apareció un líder religioso de la
ciudad y la salvó. Las manifestaciones aumentaron especialmente después que DRP
fue cerrada debido a la supuesta quiebra en el 2009 y los trabajadores de ONGs
y ambientalistas se encontraban en permanente peligro. Se produjeron ataques,
insultos e intimidaciones hasta de autoridades en cargos públicos. Luego de
todos estos años de apoyo total, muchos trabajadores se dieron cuenta que DRP
no es sostenible, no sólo ambientalmente sino económicamente, y que al no
implementar el PAMA, declararse en bancarrota y demandar al Estado, en realidad
ellos mismos estaban contribuyendo a su propia inestabilidad laboral al
defender a la empresa.
Maximización del
lucro
Aun así, las personas que trabajaron para ONGs están
marcadas de por vida, no pueden obtener ningún cargo oficial ni no oficial. La
única respuesta que reciben cuando presentan su solicitud para un empleo es
“usted ha trabajado en una ONG, por eso no puede trabajar aquí”. A diciembre
del 2013, la ciudad de La Oroya no se ve tan mal. Se ha recuperado gran parte
de la naturaleza. Cuatro años de silencio ha tenido un impacto positivo en la
naturaleza. Plantas y árboles han comenzado a crecer otra vez y el aire no es
tan pesado como antes, como lo señalan pobladores de La Oroya. Aun así, todavía
se siente irritación en la garganta luego de un par de horas en la ciudad.
Podría ser del humo que sale durante la noche de una de las chimeneas más altas
en toda América Latina, cuando es demasiado oscuro para verlo. Los
entrevistados, que prefieren mantenerse en el anonimato, no están muy
optimistas. Uno de los entrevistados está seguro que el PAMA nunca será
implementado ya que DRP ha recuperado su inversión y quiere dejar la planta. La
tecnología obsoleta proviene en su mayoría de la década de 1970 y fue poco
modernizada. Sólo se realizó una mejora en el circuito de cobre pero DRP avanzó
únicamente en 57%, señalando que no terminaría porque el Estado no había
cumplido con su parte del contrato. El requisito era limpiar el suelo, pero de
acuerdo con las autoridades peruanas esto no podía hacerse porque DRP seguía
contaminándolo.
Otro entrevistado no sólo estaba decepcionado por DRP porque
“esa es la forma como las empresas mineras trabajan en el Perú”, pero también
por el gobierno del Perú. De acuerdo con él, la minería sostenible es posible
pero no en medio de corrupción, favoritismo y negligencia absoluta respecto a
todos los principios sociales y ambientales a favor de la maximización del
lucro. Agregó que DRP probablemente tratará de vender la planta y retirarse,
mientras que el Estado una vez más trataría de atraer a La Oroya una empresa
implacable, probablemente extranjera, pero llegará sólo bajo la condición de no
implementar ninguna política ambiental para ahorrar dinero. Esta empresa
chupará la sangre de la ciudad y de los trabajadores y abandonará la operación
cuando ya no sea rentable**, dejando La Oroya como un pueblo fantasma ya que
sin la industria minera los ciudadanos tendrán que trasladarse a otro lugar. La
Oroya podría permanecer como un museo de la contaminación.—Noticias Aliadas.
*Maija Susarina, estudiante de Antropología Social y
Cultural en la Universidad Libre de Berlín, hizo su pasantía en Comunicaciones
Aliadas durante el segundo semestre del 2013.
**Nota de edición: Tras declararse en quiebra, DRP se
encuentra actualmente en liquidación. En abril del 2014 la junta de acreedores
de DRP planteó que entre 500 y 600 trabajadores, de un total de 2,800, deberán
acogerse a un programa de retiro voluntario para reducir costos. El 9 de junio
fue aprobado el plan de venta de los activos de la empresa y se prevé que para
diciembre de este año el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza
tengan nuevos dueños. Tomado de envío de comunicaciones aliadas
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