"Los niveles de contaminación son patéticos y flagelantes. Hay un riesgo concreto. Y el daño con el tiempo se va incrementando a niveles preocupantes", consideró este lunes el juez Daniel Acosta,que avanza en su investigación contra Máximo Tasselli, hijo del empresario Sergio Tasselli Crédito: Télam
ROSARIO.- Luego de una audiencia que se realizó
este lunes, ya no quedan impedimentos judiciales para que el fiscal de
Rosario Luis Schiappa impute al empresario Máximo
Tasselli, presidente de Petroquímica Bermúdez, una
empresa adquirida por su padre Sergio Taselli, como
responsable del daño
ambiental irreversible que se produjo en esa planta, ubicada a cinco
kilómetros de Rosario, donde desaparecieron 850 tanques de cloro
gaseoso y se habrían enterrado sustancias cancerígenas como asbesto, que
son altamente tóxicas, algo que contaminó las napas y el agua de la zona, según
detectó una auditoría.
"Los niveles de contaminación son patéticos y
flagelantes. Hay un riesgo concreto. Y el daño con el tiempo se va
incrementando a niveles preocupantes", consideró este lunes el juez de
Cámara Daniel Acosta, en un adelanto de los fundamentos que
dará por escrito.
Junto a Tasselli serán imputados Matías Gallegos, directivo
de la compañía que cerró en 2013, el fiscal de Estado adjunto Gustavo
Luzzini y el exjefe de los fiscales de Rosario Patricio
Serjal, quien se encuentra preso desde agosto pasado.
Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación
creen que en este caso podría haberse concretado el pago de coimas para
que la causa judicial se archivara el 8 de marzo de 2019, a pesar de
que -como señaló el fiscal Schiappa Pietra este lunes- "existen claras
evidencias del daño ambiental y de la contaminación que se generaba en la
planta de Petroquímica Bermúdez".
Se presume que el acuerdo de "remediación" que se
firmó en 2018 y servía para sanear Petroquímica Bermúdez, que estaba cerrada
desde 2013 con sustancias altamente tóxicas, nunca se cumplió y solo sirvió
para favorecer a los empresarios para evitar complicaciones penales.
Foto En la planta de Petroquímica Bermúdez se hallaron 1000 tanques de cloro gaseoso, una sustancia tóxica usada como arma química durante la Primera Guerra Mundial. Pero desaparecieron otros 850, de una tonelada cada uno.
LA NACION reveló el 18 de enero pasado que en el
predio que Sergio Tasselli adquirió en 1998 desaparecieron 850 tubos de gas de
cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta
197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa. El escape de gas
de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de
ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de
Rosario, señala uno de los informes. El fiscal consideró que se trata de
una "bomba ambiental".
"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones
impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG
Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las
autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica
Bermúdez. "Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de
la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las
bombonas de cloro", advirtió.
En la audiencia de este lunes, el fiscal cargó contra la
Fiscalía de Estado. "No se puede entender cómo habiendo un decreto del
propio gobernador para que el caso se investigara, la Fiscalía de Estado acordó
el archivo de la causa", señaló Schiappa Pietra.
Este lunes se realizó la audiencia presidida por el juez
Acosta, luego de que los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery apelaran
la decisión que había tomado el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, quien
rechazó el planteo de realizar una audiencia imputativa contra los acusados con
el argumento de que era "cosa juzgada". Justamente, lo que se
sospecha es que la causa se archivó por motivos oscuros.
El 8 de marzo de 2019, el fiscal de San Lorenzo, Juan
Carlos Ledesma, había pedido el archivo de la causa de Petroquímica
Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. "Es la
instrucción de mi superior", dijo como argumento. Ese superior
era Serjal, el exjefe de los fiscales de Rosario que está
preso, acusado de haber cobrado coimas en dólares a Leonardo Peiti, un
empresario que manejaba el juego clandestino.
Al avalar el pedido de Schiappa Pietra, el juez Acosta
adelantó los argumentos que dará por escrito. En ese prólogo de su fallo, el
magistrado sostuvo que no solo esta decisión (la del juez Romanini) es
equivocada y errónea, sino que expone al Estado argentino a la posibilidad de
una responsabilidad internacional por la convención de Basilea de 1989 de
residuos peligrosos".
Por: Germán de
los Santos
Tomado de la nación de ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario