December 11, 2020 by Oscar Valencia - Jose E. Gomez-Gonzalez - Gustavo A. Sánchez La crisis generada por la pandemia de COVID-19 ha generado una respuesta fiscal sin precedentes. Los recursos totales asignados para atender la pandemia a nivel global alcanzaron los $11 billones de dólares, según el Foro Económico Mundial. América Latina y el Caribe (ALC) no ha sido la excepción. Las medidas anunciadas en ALC ascendieron a, en promedio[1], 8 por ciento del PIB de la región, según el FMI.
Aunque el gasto era necesario para afrontar los impactos
sociales, sanitarios y económicos de la crisis, este extenso gasto ha generado
un deterioro profundo en los balances fiscales. Se espera que la implementación
de paquetes de apoyo lleve a ampliar los déficits fiscales, los cuales
resultaron en mayores necesidades de financiamiento en 2020, déficits que los
países han cubierto parcialmente adquiriendo deuda adicional.
Entre los cinco países más grandes de la región, las
necesidades de financiamiento brutas oscilan entre 10 por ciento del PIB en
Chile, Colombia y Perú, a más del 25 por ciento del PIB en Brasil, según
el FMI. Parte de las medidas de respuesta ha sido la
suspensión de reglas fiscales en al menos el 60 por ciento de los países que
tienen reglas fiscales activas en la región.
Estos déficits fiscales grandes y niveles de deuda
crecientes podrían volverse en un lastre para una recuperación económica
sostenida si los gobiernos no toman medidas para controlarlos y no envían a los
inversores una señal clara de que van a manejar las finanzas públicas
responsablemente. Un buen inicio es restaurando las reglas fiscales. En este
blog explicaremos por qué las reglas fiscales son necesarias y mostraremos cómo
esta medida puede apoyar a la recuperación post-pandemia.
La importancia de las reglas fiscales para construir
credibilidad
La literatura económica ha sido insistente en el rol de las
instituciones fiscales en la atenuación de fluctuaciones económicas. En
particular, la implementación de reglas fiscales ha ganado importancia entre el
conjunto de políticas para la estabilización macroeconómica.
Mientras diferentes arreglos coexisten, el principal
objetivo de la implementación de reglas fiscales es el mismo: procurar proveer
credibilidad en el comportamiento de políticas fiscales (y, de forma más
general, macroeconómicas) al remover intervenciones discrecionales[2].
La idea central es que estas reglas permitirán mantener los fundamentales
macroeconómicos de un país sólidos y estables sin importar el gobierno a cargo.
Si bien la disciplina fiscal ha sido muy apreciada durante
mucho tiempo, bajo ciertas circunstancias los gobiernos podrían tener
incentivos a gastar en exceso creando grandes desajustes en el presupuesto
público. Por ejemplo, los gobiernos pueden ver el gasto público activo como una
forma de contrarrestar grandes recortes en el gasto privado durante periodos de
depresión económica, o como una forma de reducir la intensidad de los ciclos
económicos impulsados por fluctuaciones en los precios de los commodities en
economías emergentes dependientes de la exportación de materias primas[3].
Existe un creciente consenso de que grandes incrementos
observados en la deuda pública de economías desarrolladas se deben a sesgos
políticos de gasto, los cuales distorsionan la toma democrática de decisiones
presupuestarias[4].
Bajo estas (y otras) circunstancias, las reglas fiscales pueden actuar como
importantes anclas para la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Por lo tanto,
las reglas fiscales suelen tener como objetivo corregir incentivos
distorsionantes y contener presiones a gastar de forma excesiva frente a los
ingresos corrientes del gobierno, con el fin de asegurar responsabilidad fiscal
y sostenibilidad de la deuda.
Impacto de las reglas fiscales en el flujo de capitales y
en los costos de endeudamiento
Una importante pregunta de investigación en curso trata
sobre el efecto de reglas fiscales sobre la estabilidad macroeconómica[5].
Más específicamente, una pregunta relevante trata sobre el efecto de las reglas
fiscales sobre el riesgo soberano. Paradójicamente, la literatura sobre riesgo
soberano ha ignorado en gran medida el rol de las reglas fiscales.
Similarmente, la literatura de sudden stops, estrechamente
relacionada con la literatura de riesgo soberano, también ha ignorado el efecto
potencialmente beneficioso de la adopción de reglas fiscales sobre la
probabilidad de ocurrencia de un sudden stop en el flujo
internacional de capitales a un país.
Estudiamos el efecto de la implementación de reglas fiscales
en la disminución tanto del riesgo soberano como de la probabilidad de una
reversión repentina en el flujo de capitales. Nuestros resultados muestran que
implementar reglas fiscales es una forma efectiva de mejorar la estabilidad
fiscal y macroeconómica.
Como se muestra en la Figura 1, en promedio,
implementar una regla fiscal reduce en aproximadamente 14 puntos porcentuales
la probabilidad de un sudden stop. En economías emergentes de ALC,
la probabilidad se reduce en 28 puntos porcentuales, mientras que en las de
OECD se reduce en 0.8 puntos porcentuales.
Adicionalmente, adoptar una regla fiscal reduce la
percepción de los inversores del riesgo soberano, disminuyendo la diferencia de
tasas de intereses que los países deben pagar al emitir bonos soberanos en los
mercados de capitales internacionales. En promedio, adoptar una regla fiscal
reduce en 36 puntos básicos la brecha en el rendimiento entre un bono a diez
años de un país y un bono del Tesoro de Estados Unidos del mismo vencimiento.
Como se muestra en la Figura 2, los diferenciales de rendimiento
caen luego de que las reglas fiscales son implementadas en la mayoría de los
países de nuestra muestra.
La Implementación de Reglas Fiscales Rinde Frutos (Generosamente)
Durante la pandemia de COVID-19, muchos países han relajado
sus reglas fiscales para atender las crisis sociales y económicas a través de
la expansión del gasto público. Los países están proveyendo soporte excepcional
a hogares y empresas, mientras sufren pérdidas significativas en los ingresos
públicos. Los niveles de deuda están creciendo, aumentando la necesidad de
financiación futura de la deuda. Si los países quieren continuar accediendo a
los mercados de capitales para financiar su gasto a costos razonables, deberán
ofrecer garantías a los inversores de que gestionarán sus finanzas de forma
responsable.
Los resultados de nuestro estudio muestran que las reglas
fiscales pueden proveer beneficios tangibles a los países en términos de
menores costos de endeudamiento y mayor estabilidad en los flujos de capitales,
los cuales son pilares clave para asegurar estabilidad macroeconómica, una
condición previa para cualquier plan de recuperación económica exitoso.
Como resultado, los países que tenían reglas fiscales en vigor
deberían implementarlas nuevamente y, para naciones que aún carecen de ellas,
deberían considerar seriamente implementarlas. La implementación de tales
reglas deberá adaptarse a las nuevas condiciones macroeconómicas que
prevalecerán en la nueva normalidad.
La incertidumbre sobre el fin de la pandemia y sus efectos
macroeconómicos sigue siendo alta. Sin embargo, no debería limitar el
compromiso de los gobiernos a diseñar y mantener reglas para la implementación
de políticas fiscales saludables y consistentes necesarias para una
recuperación económica sostenida. Esta es un deber urgente para todos los
gobiernos, especialmente los de América Latina y el Caribe.
Notas y Referencias
[1] Incluye:
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay. En promedio, 3.9 por ciento en
apoyos a la liquidez, 3.1 por ciento en gasto adicional y 1.0 por ciento del
PIB en ingreso fiscal diferido.
[3] Ver Pieschacon (2012), Fernandez et al. (2018)
[4] Ver Imbeau (2004)
[5] IMF (2018) ; Cordes et al. (2015) ; Lledó et al. (2017)
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Oscar Valencia
Oscar Valencia es Especialista Principal en la División de
Gestión Fiscal del BID. Antes de unirse al BID, Oscar fue Director General de
Política Macroeconómica en el Ministerio de Finanzas de Colombia. Se ha
desempeñado como secretario técnico del Comité Independiente para la Regla
Fiscal de Colombia y miembro de varios consejos de administración en empresas
colombianas como Colpensiones (sistema público de pensiones definido en
Colombia), Coljuegos (Regulador Nacional del Juego de Colombia), así como
Director Gerente Interino de Fogafin (Fondo de Garantía de Instituciones
Financieras). También fue investigador del Banco Central de Colombia y del
Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Previamente fue consultor en
temas fiscales en el Departamento de Investigación del BID. Los intereses de
investigación de Oscar se encuentran en los campos de la política fiscal y la
macroeconomía, principalmente las economías emergentes. Ha publicado en varias
revistas académicas sobre temas relacionados con la política macroeconómica.
Tiene un Ph.D. en Economía con Honores y Maestría en Economía Matemática de la
Escuela de Economía de Toulouse (TSE), y Licenciatura y Maestría en Economía
con Honores de la Universidad Nacional de Colombia.
Jose E. Gomez-Gonzalez
Jose E. Gomez-Gonzalez es economista por la Universidad
Nacional de Colombia, y M.A. y Ph.D. en economía por Cornell University.
Actualmente es Profesor Asociado de la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Anteriormente se
desempeñó como Director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de
Mercados y como Investigador Principal del Banco de la República. Sus áreas de
especialidad son la economía financiera y la econometría aplicada. Ha publicado
en revistas de alto impacto, incluyendo The Lancet, Journal of Real Estate
Finance and Economics, Journal of Housing Economics, Finance Research Letters,
International Finance, North American Journal of Economics and Finance,
Economic Modelling, Empirical Economics y Contemporary Economic Policy.
Gustavo A. Sánchez
Gustavo A. Sánchez es economista y M.A. en Economía y en
Economía de las Políticas Públicas por la Universidad del Rosario. Actualmente
es consultor para la División de Gestión Fiscal del BID y en la AFD como apoyo
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) de Colombia. Ha trabajado en
la Dirección General de Políticas Macroeconómicas del MHCP y en la Universidad
del Rosario como joven investigador de la Facultad de Economía. Sus áreas de
especialidad son la macroeconomía, finanzas públicas, econometría aplicada y
machine learning. Ha participado en la publicación del Marco Fiscal de Mediano
Plazo 2018 de Colombia aportando en análisis del mercado laboral y ciclo
económico del país y en las perspectivas económicas de América Latina.
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