lunes, 9 de julio de 2012

LEY DE AGROTOXICOS EN ENTRE RIOS proponen cambios pero no son suficiente por que no son conducentes


EL NUEVO PROYECTO SOBRE AGROQUIMICOS RESPONSABILIZA POR POSIBLES DAÑOS A QUIENES LOS UTILICEN
– Tal como anticipó APF por declaraciones del titular de la comisión de Producción de la Cámara Alta, Oscar Arlettaz, el Senado estudia un nuevo proyecto para regular uso de sustancias químicas • Se trata de una propuesta del legislador Enrique Cresto y que, según se informó entre otros puntos, hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma en cuestión • “Si se considera que hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos”, enuncia el texto
 El 25 de junio pasado Arlettaz confirmó a esta Agencia que el proyecto que modifica la ley de plaguicidas, será descartado por Senadores luego de casi cuatro años de haber salido de Diputados con media sanción.
En efecto, en la Cámara Alta se comenzó a trabajar sobre un nuevo proyecto elaborado por el representante de Concordia, Enrique Cresto.
El texto en cuanto a los procesos de aplicación “apunta a la protección de Áreas Urbanas, definiéndola como la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante, hasta mil metros (1.000m) del límite de edificación”.
• El antecedente
En la Cámara Alta se encuentra desde septiembre de 2009 un proyecto que propone modificar la ley 6599, que data de 1980 y establece un régimen para el uso de plaguicidas.
Analizado la situación actual, los Senadores consideran que se debe hacer un proyecto integral sobre la forma de administrar las sustancias químicas.
• Aspectos de la iniciativa
El Senador de Concordia propone crear un marco legal “cuyo objetivo es la Regulación del Uso de todas las Sustancias Químicas que se emplean en las actividades relacionadas a la Producción Agropecuaria, tanto en la tierra, como a través del aire y el agua” en el territorio entrerriano.
Según se informó a esta Agencia en un comunicado, tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, del ecosistema, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros.
Se hace responsables a quienes utilicen los mismos, de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone.
Cresto señaló que “no será una tarea fácil alcanzar un texto consensuado, pero tomamos el desafío de intentarlo. Se trata de una legislación nueva, sobre un tema que es eje central del cambio de ideas en muchas provincias argentinas. Queremos que se haga un uso correcto de las sustancias y que haya procesos productivos sustentables”, dijo.
El legislador considera que debe ser autoridad de aplicación el Ministerio de Producción y explicó que se deben generar un registro de aplicadores, los que deben ser de Entre Ríos y contar con autorización previa para la actividad; otro de los responsables de la fabricación, comercialización, compra, venta o traslado de los productos químicos destinados a la producción agropecuaria. Estos últimos deberán estar domiciliados y fiscalizados en el territorio Provincial.
Otro aspecto necesario para el buen uso y control de las sustancias es la creación por ley de un Registro de las Maquinarias, sean estas terrestres ó aéreas. Para poder usarlas deberán estar autorizadas previamente y fiscalizadas. Las maquinarias a emplear, deberán ser sometidas a un control exhaustivo de verificación semestral.
El proyecto, de 25 artículos, incluye un glosario que identifica claramente a los actores del sistema y deberá ser tenido en cuenta al momento de reglamentar la ley.
Propone, en caso de ser aprobado, la derogación de la ley de los años ochenta.
Se apunta también a un Régimen de Sanciones por incumplimiento de normas.
• Tasas y responsabilidades
Para incorporarse a los registros habrá que abonar una tasa cuyo producido será para sostener los procesos de fiscalización y control de cumplimiento en el manejo de las sustancias.
La autoridad de aplicación deberá, entre otras responsabilidades, ocuparse de controlar la fabricación, distribución, comercialización, almacenamiento, traslado y utilización de los agroquímicos, y deberá tener actualizados los registros de personas físicas o jurídicas, empresas involucradas en el manejo y aplicación de sustancias.
También deberá brindar toda la información relativa a las funciones de registro y control, dar a conocer aspectos (entre todos los partícipes de los procesos de aplicación) de las normas de seguridad ambiental en vigencia generadas por todos los niveles del Estado.
Deberá contar con un sistema de acceso rápido y permanente a la nómina de comercios registrados y empresas prestadoras de servicios, como así también ejercer funciones de policía sanitaria, en concordancia con el Colegio de Ingenieros.
• Áreas Urbanas
Desde la autoridad provincial se deberá inspeccionar, fiscalizar y controlar el uso y aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, lo que hará con la Dirección de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud,
Precisa que se entiende por “área urbana” la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante hasta mil metros (1.000m) del límite de edificación.
Además si se considera que hay peligro para la salud se podrá prohibir completamente el uso de agroquímicos
• Capacitación
Otro tema que se considera esencial es el relacionado a la capacitación en el manejo de sustancias. Para ello el Estado deberá organizar cursos, clases magistrales,
seminarios de actualización y organizar eventos de demostraciones al aire libre para ingenieros agrónomos interesados en temas relacionados con agroquímicos.
Esto será con la colaboración de organismos nacionales, provinciales y municipales, o del sector privado para la realización de las capacitaciones.
El proyecto también apunta a intervenir en los procesos de fabricación y comercialización de agroquímicos, en el asesoramiento sobre uso, donde cabe un papel central a los ingenieros agrónomos, y en los comercios.
Sobre estos últimos se quiere prohibir que en locales habilitados a la venta de plaguicidas, no se podrán expender simultáneamente, alimentos para el consumo sea en humanos o animales u otros productos relacionados con la protección de la salud dentro del mismo ámbito.
• Sanciones
Así como se propone un sistema que regule el uso de agroquímicos desde su comercialización hasta su aplicación, el proyecto incluye un capítulo con un régimen de sanciones.
El incumplimiento de las disposiciones propuestas que llegara a causare daño a la salud de las personas partícipes del proceso o a terceros, será sancionado mediante sumario que se tramitará en forma perentoria.
Será iniciado con denuncia o acta de constatación de la infracción. Se deberá colectar y agregar toda la prueba documental, testimonial, de informes, pericial o de cualquier otro carácter que a juicio de la autoridad de aplicación sea conducente para el caso y después se dará vista por cinco días hábiles al infractor, a fin de que presente su descargo y para que ofrezca las pruebas en su defensa. (tomado de APF.Digital)
Notas:
Venimos diciendo hace años que los que deben controlar deben ser institutos como el ANMAT, de salud pública y no los de Agronomía como el Senasa, la vieja ley de farmacia decía que los únicos habilitados para  expendio de drogas de uso animal , vegetal o humano son los farmacéuticos, esto fue cambiando orientado por los intereses económicos de las compañías  productoras y vendedoras , influyendo en los diferentes provincias, quienes siempre haciendo uso de sus facultades federales terminan cayendo fácilmente en la trampa de los negocios, así terminamos con veterinarios que venden remedios, agrónomos que también lo hacen, productores que compran en cualquier almacén productos tóxicos, sin ningún control de uso, con la lógica de que “si un chico de 10 años puede comprar insecticida para mosquitos en el súper de la esquina porque no puede comprar el agricultor”
Volvemos aclarar; la Organización mundial de salud (OMS) fija la calificación de los tóxicos no la FAO pero el único país bananero, con las disculpas de los que venden bananas, donde los agrónomos controlan tóxicos es en la Argentina, que es poner al zorro entrenado por las multinacionales a cuidar un gallinero

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