Desde la Cotbn sostienen que aprobaron ilegalmente varios expedientes para deforestar parte de bosque nativo.
En 2011, cuando Raúl Costa estaba a cargo de la Secretaría de Ambiente (gestión de Juan Schiaretti), la Provincia autorizó varios desmontes, según expedientes a los que tuvo acceso el diario. Lo realizó en el marco de la ley de bosques nativos, aprobada en agosto de 2010, que habilita esta práctica dentro de la categoría roja.
Pero los desmontes autorizados serían ilegales si se tiene en cuenta la norma nacional (ley Bonasso), entienden desde la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn), que agrupa a ambientalistas, investigadores y comunidades campesinas.
La ley nacional prohíbe el desmonte de cualquier tipo en zona roja. Uno de los expedientes habilita un desmonte selectivo de 622 hectáreas en un predio de 1.039 hectáreas (900 con bosques nativo), en el departamento Cruz del Eje (pedanía Pichanas).
El desmonte selectivo implica pasar un rolo que deja el estrato arbóreo, pero elimina el pasto natural y los arbustos y árboles más pequeños y más jóvenes. “La superficie de bosques que permanecerá intangible, así como el área que se realizará (el desmonte) selectivo de bajo impacto, corresponde a la categoría roja y amarilla”, señala el informe de mayo de 2011, sobre el expediente 0517-011020/08.
En otro campo de 400 hectáreas, cubierto de bosque nativo, se autorizó un desmonte selectivo en la mitad del predio, ubicado cerca de Quilino (departamento Ischilín). El propio informe, fechado en septiembre de 2011 y vinculado al expediente 0517-011062/08, admite que el predio está en zona roja.
La Provincia remarcó que desde el comienzo de la gestión delasotista no se han autorizado nuevos desmontes totales y que es prioridad controlarlos.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia reconoció que dejaron cesantes a 19 empleados. Varios de ellos se dedicaban a controlar los desmontes y otros ilícitos ambientales.
“Se dieron desvinculaciones en distintas áreas y no sólo en el área de control, porque todas esas personas no se adecuaban a los objetivos de la gestión actual”, indicaron desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, de la que depende la Secretaría.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) asegura que esto se debe a presiones de las agrupaciones rurales. “Los despidos ocurrieron luego de una nota enviada por Raúl Carranza, abogado de la Sociedad Rural de Jesús María y consultor de otras asociaciones, a Luis Bocco, secretario de Ambiente, donde se manifiesta una supuesta enemistad por parte de los trabajadores despedidos”, indicó Alicia Barchuk, de la Cotbn.
Desde la Provincia desmintieron que la baja de contratos se deba a presiones de alguna agrupación agropecuaria. Los cesanteados en Ambiente entran dentro de un paquete de más de 100 empleados en varias áreas de la administración provincial a los que no les renovaron el contrato que venció a fines de junio.
No obstante, Ambiente es un área sensible para la que se requiere muchos inspectores para cubrir todo el territorio provincial y controlar diversos delitos ambientales. La propia Provincia reconoció varias veces la falta de personal para hacer una correcta fiscalización.
Para el área de bosques, la Provincia contaba con los recursos que le debía girar la Nación en el marco de la ley de bosques. El monto es de casi 20 millones de pesos, pero está trabado debido a que la norma provincial no cumpliría con los presupuestos mínimos estipulados en la ley nacional. Hay una presentación ante la Corte Suprema por este motivo.
Los empleados cesanteados realizaban los informes y pericias de los campos en infracción para estimar la superficie desmontada y calcular la multa. También controlaban el funcionamiento de los feed lot y establecimientos avícolas (son focos de contaminación de las napas y de moscas, por ejemplo) y las lagunas cordobesas, para evitar la caza y pesca furtiva.
Tampoco le renovaron el contrato a la única persona encargada de realizar el relevamiento satelital de los desmontes, que servía como prueba para cuantificar la multa.
Esta área tenía que procesar varias decenas de expedientes por semana, según trascendió. Este ex empleado es una de las personas aludidas en el pedido de recusamiento realizado por el abogado Carranza, al que tuvo acceso este diario.
Un alto funcionario de la anterior gestión en Ambiente explicó que el área de control y fiscalización tenía 14 empleados, pero que en su momento solicitó 40 más para realizar un buen seguimiento de los diferentes delitos ambientales. “Tengo gente adentro que me cuentan que no tienen presupuesto. Están frenados. No están saliendo a controlar nada”, comentó.
“Es evidente que tanto la pasada como la actual gestión de gobierno han cedido sistemáticamente a las presiones de Cartez (Confederación de las Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), quienes lograron que hoy tengamos una ley a medida de sus intereses particulares”, indicó Barchuk.
tomado de La Voz CIUDADANOS de Córdoba ar , ENVIADA por Marco Ferrero
Nota: no autorizaron nuevos desmontes pero dejan hacer por fuera de la ley cualquier cosa 
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