Agro paga muy pocos impuestos
El sector agropecuario es uno de los más importantes dentro
de la estructura del PIB paraguayo pero, sin embargo, su aporte a las arcas del
Estado es bastante escaso, con un Impuesto a la Renta Agropecuaria (Imagro) que
aporta solamente el 0,5% de los ingresos tributarios en el año 2012.
El monto que este
sector colaboró con el Fisco, unos US$ 16 millones, está muy por debajo de su
potencial recaudador y el de los valores que este sector maneja como
resultados; además con el nivel actual el Estado tampoco puede cubrir el total
de las necesidades de financiamiento para inversiones en infraestructura tan
necesarias para este sector, cuestiones como rutas, puentes y otras obras que
mejoren la capacidad de comunicación interna y externa y ayuden a reducir los costos.
Buscando cubrir esta deficiencia, las autoridades han venido
impulsando proyectos de ley para cubrir esta deficiencia, entre estos el “que
crea el impuesto a la exportación de la soja, trigo, maíz y girasol en estado
natural”.
Este impuesto es de
muy simple aplicación y la posibilidad de evadirlo resulta muy complicada, con
lo que se prevé que su aporte al Fisco, el 10% del valor de estos granos que se
exportan sin ningún proceso, sea muy importante y ayudaría a aumentar el
potencial de actuación del Estado.
En el proyecto de ley
se garantiza que la totalidad de lo recaudado irá a “solventar los programas de
inversión en el área social y de creación de obras de infraestructura vial,
previstos en el Presupuesto General de la Nación”, dejando libertad de acción a
las autoridades a seleccionar proyectos y áreas individuales que consideren
mejores excepto un 3% del total que se fija en la ley que deben ir al
Ministerio de Agricultura y Ganadería y a los programas previstos en la ley de
adultos mayores (2 y 1%, respectivamente).
POTENCIALIDADES
Uno de los
principales defectos que le achacan a este impuesto sus detractores es que la
incidencia impositiva del gravamen recaería en los pequeños productores, ya que
los agroexportadores no son necesariamente productores de la soja, sino en
muchos casos son intermediarios encargados de centralizar la producción de
muchos pequeños productores y venderla al extranjero.
Así, buscando
mantener sus ganancias, disminuirían los
precios pagados a los pequeños productores.
Para evitar este
problema, en el texto del proyecto se menciona un certificado de trazabilidad
del que deberá ir acompañado cada carga y a través del cual se podrá demostrar
si este producto proviene de un pequeño, mediano o gran productor.
Si este control sirve
efectivamente para que la agricultura familiar quede realmente exenta, estos no
deberían de cargar con los costos del impuesto. Si a esto sumamos que los
fondos generados se convertirán en obras para el mejoramiento de las infraestructuras
existentes y financiamiento para sectores sociales muy dejados de lado, como la
tercera edad, esta ley tiene el potencial de convertirse en un instrumento
importante dentro de la política fiscal del país.
VETO
Mediante el decreto
N°487 del 16 de octubre de 2013, el Ejecutivo vetó este proyecto de ley que
había sido aprobado en el Congreso, devolviéndole a esta la potestad de decidir
sobre su aprobación o no.
El principal motivo
que consideró este poder del Estado para fundamentar su oposición fue que la
carga tributaria recaería sobre los productores y no sobre las grandes
compañías multinacionales, que son quienes finalmente terminan vendiendo este
producto.
Se consideraba así que este gravamen “constituirá un
instrumento altamente distorsivo y regresivo”, que además podría convertirse en
un castigo al sector productivo en épocas de recesión o caída de la producción.
Tomado de 5 días de Paraguay
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