Política energética Posteado
por Oscar Tuma (h)
El sector eléctrico en nuestro país, es el pilar del
desarrollo económico y social y por ende, de la disminución de la pobreza. Por
ello, resulta imprescindible que el Paraguay disponga de una Política
Energética sustentable de largo plazo o al menos hasta el año 2023, cuando se
renegocie el Anexo C del Tratado de Itaipu, para que nuestro principal valor
estratégico sea optimizado.
Ante la ausencia de la Política Energética, se generan las
dudas, parches o proyectos de leyes que apuntan a solucionar algunos temas
específicos, pero que no consideran en perspectiva la situación actual en forma
global, ni plantean soluciones
eficientes ligadas a las directrices del Gobierno Central.
Casos como Rio Tinto,
Telemenia, Marco Regulatorio o Fortalecimiento del Sector Eléctrico; tienen sus
adherentes y detractores, cada uno con sus propios objetivos e intereses; pero
es ahí donde el Estado debe hacer prevalecer el interés general sobre el
particular, sean ellos; empresarios, periodistas, sindicalistas o grupos de políticos que volvieron a la llanura.
La participación del sector privado nacional en las obras y
servicios públicos no es algo nuevo; las obras viales son realizadas por
empresas constructoras paraguayas, con sus pros y contras.
En el sector eléctrico, quizás la ANDE es un ejemplo de cómo
el sector privado participa activamente con el sector público, desde la
provisión de materiales y de servicios, hasta la construcción de infraestructura como las
líneas de transmisión de 220 kV; pero justamente son ellos , en muchos casos,
los que originan inconvenientes que repercuten en el servicio de la Estatal,
debido a disputas en las licitaciones que retrasan las tareas planificadas o
pedido de coimas a los usuarios de parte de los contratistas.
Todo esto nos indica que ni el monopolio estatal, ni una
alianza publica privada y menos una privatización de determinados servicios,
garantizan la eficiencia por si mismo; sino todo pasa por quienes son los
encargados de controlar el proceso y hacia donde se debe orientar los
esfuerzos.
De esta manera, el éxito o el fracaso de las Instituciones
Públicas no es un problema de modelo de empresa sino de las personas que se
encuentran al frente de las Instituciones Públicas, como lo que sucede con
PETROPAR, INC o ACEPAR . Las gestiones de las principales autoridades deben ser
con capacidad y honestidad y sus malas gestiones no deben quedar impunes y
menos premiadas con otros cargos.
El capital privado siempre apuntara a lograr beneficios y es
lógico que así sea y la responsabilidad del Estado es utilizar los recursos de
los mismos donde se requiera para mejorar la infraestructura; direccionando
hacia obras nuevas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no
ceder ante las propuestas de concesiones
o utilización de las obras existentes para solamente obtener beneficios sin
aportar un valor agregado.
En el sector eléctrico, las necesidades de obras nuevas,
mejoramiento de redes precarias en zonas aisladas y fortalecer a la ANDE son
imperativos y no puede quedar al libre albedrio del capital privado.
De todo lo expuesto, antes de aplicar una Ley de Alianza
Publica Privada en el sector eléctrico, primero se debe consensuar una Política
Energética de largo plazo, de otra manera
se repetirán los fracasos de dicha Ley en otros países y el costo será
muy elevado para nuestro país y no disponemos de margen de error. Tomado de abc
de Paraguay
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