MEDIDAS PARA REACTIVAR INVERSIÓN PONEN EN RIESGO MEDIO
AMBIENTE Y TRAERÁ CONFLICTOS SOCIALES
Sociedad civil advierte que proyecto de Ley presentado por
el Ejecutivo debilita los estándares y la institucionalidad ambiental.
Las organizaciones de
pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos
humanos y de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados firmantes,
expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la
reactivación de la economía peruana”, presentada por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) ante el Consejo de Ministros, medidas que pretenden reducir
las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar
los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA),
y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de
las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); y pretenden limitar la
capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las
obligaciones ambientales; además de limitar las opiniones vinculantes y no
vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto
Ambiental (EIA). Las propuestas alcanzadas por el MEF, además de debilitar la
capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa
del MINAM, también se pretende reducir la capacidad de gestión para la creación
de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este
pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica
de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales - Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales
Protegidas – Ley 26834 (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú
frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una
restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.
Hemos perdido una
oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva
para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién
cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída
de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de
debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento
técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan
“desconfianza” en el sector empresarial.
De acuerdo a
distintos expertos nacionales y extranjeros, el mantener un Estado rentista y
clientelista, y la falta de profundas reformas institucionales son, entre
otras, las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía
peruana.De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los
conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol
de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los
pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus
derechos, a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, a su relación con
la naturaleza.
El problema
fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad
política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión
ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para la evaluación
ambiental, como para la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa
por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el
fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.
Desafortunadamente,
existe un reducido compromiso de nuestro gobierno por impulsar un modelo de
desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de
Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre
niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a
las inversiones, la implementación de la consulta previa y la titulación
territorial para los pueblos indígenas, entre otras políticas. Este escenario
se ve agravado por una campaña mediática y de opiniones del sector empresarial
que muestran su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales
solamente se solucionarán logrando un debate abierto y trasparente sobre la
gestión de los recursos naturales y bajo un enfoque de respeto a los derechos
individuales y colectivos, y construyendo consensos en torno a acuerdos a largo
plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el
modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SINANPE). Estos intentos por
seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra
el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y
demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a
la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima
Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre. En tal sentido,
demandamos que el Ministerio del Ambiente se pronuncie como ente rector del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y que el Gobierno peruano asuma una
posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una
correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así
como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del
Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación
o sector privado, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y
nativas, principales afectadas por estas medidas.
Firmantes:
Asociación Arariwa / Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP) / Asociación Nacional de Centros (ANC) / Asociación
Paz y Esperanza / Amazónicos por la Amazonía (AMPA) / Asociación Pro Derechos
Humanos (APRODEH) / Asociación Proyecto Amigo-la Libertad / CEDAL Centro de
Derechos y Desarrollo / Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
(CAAAP) / Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina "Lulay" /
Centro Proceso Social Asesoría Legal /
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) / Colectivo Tarpuy Mita / Colegio
de Biólogos del Perú / Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) /
Confederación Nacional Agraria (CNA) / Confederación Campesina del Perú (CCP) /
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES) / CooperAcción /
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) / Derecho, Ambiente y Recursos
Naturales (DAR) / Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) / Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) / Foro
Ecológico del Perú / Fórum Solidaridad / Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz (FEDEPAZ) / Grupo Perú COP 20 / Grupo Propuesta Ciudadana / Instituto
de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS) / Instituto del
Bien Común IBC / Marcha Mundial de las Mujeres – Perú / Movimiento Ciudadano
Frente al Cambio Climático (MOCCIC) / Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP / Programa Democracia y
Transformación Global (PDTG) / Red Peruana por una Globalización con Equidad
(RedGE) / Red Muqui Nacional / Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del
Perú (REMURPE) / Servicios Educativos Rurales (SER)
Sandro Chavez
Decano Nacional del CBP
Cooordinador Nacional Foro Ecológico del Perú
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