Piden una
indemnización de US$28,6 millones
BP, demandada por 73 campesinos
Un tribunal inglés tendrá que resolver la disputa legal
entre agricultores colombianos y la British Petroleum. La controversia gira en
torno a posibles daños ambientales. El oleoducto Ocensa nace en Casanare y
desemboca en el terminal marítimo de Coveñas. / Ocensa Lo primero que advierte
la abogada Ruth Barry es que difícilmente podrá hablar de lo que ha pasado en
el juicio que tiene enfrentados en Londres a 73 campesinos colombianos y a la
multinacional British Petroleum (BP). Tampoco puede contactarnos con Rogelio
Vélez y Rodrigo Mesa, los dos antioqueños que, con su inglés nulo, viajaron a
la capital inglesa en representación de ese grupo, que busca una compensación
de US$28,6 millones por los daños ambientales que sufrieron sus fincas luego de
que las atravesara uno de los oleoductos más extensos del país: el Ocensa, que
nace en Casanare, en los campos de Cusiana y Cupiagua, y desemboca en el
terminal marítimo de Coveñas, entre Sucre y Córdoba. Una red de tuberías de 790
kilómetros que pasa por 45 municipios y puede transportar 620.000 barriles de
crudo al día.
“Ellos no están en condiciones de hablar con los medios. Y
nosotros no podremos hacer más comentarios”, dice. Es una suerte de
confidencialidad que parece inquebrantable.
Barry, quien responde desde Londres por correo electrónico
las preguntas de El Espectador, es una de las integrantes del equipo que ha
estado al frente de ese proceso judicial, que en verdad arrancó hace seis años
y que la semana pasada llegó a una de las altas cortes inglesas (The Technology
and Construction Court).
Medios como The Guardian y The Financial Times lo clasificaron
en varios artículos como “uno de los casos más importantes en la historia del
derecho ambiental”. “Es la primera vez que BP debe rendir cuentas sobre sus
acciones en el extranjero ante un tribunal del Reino Unido”. “Podría abrir un
camino para otras comunidades de países en desarrollo que han sido afectados
por oleoductos de la compañía”.
Pero, ¿cómo termina un grupo relativamente amplio de
campesinos colombianos involucrados en una demanda en Inglaterra contra una de
las empresas más grandes de hidrocarburos en el mundo? Según cuenta Barry,
quien trabaja para la firma Leigh Day, la historia empezó en 2004. Aquella vez
ellos representaron a otros agricultores (también relacionados con el oleoducto
Ocensa), después de que una de sus abogadas en Colombia, Marta Hinestroza,
resultara amenazada por grupos paramilitares e incluida en una lista negra.
Huyó, buscó asilo y el Reino Unido se lo concedió.
A partir de ahí se inició una red de contactos que culminó
en enero de 2008, cuando con la ayuda de una ONG y de Leigh Day se abrió el
proceso de forma oficial en Gran Bretaña, casa matriz de la BP. Desde entonces
se han llevado a cabo pequeños juicios que finalmente desembocaron en la Corte
de Tecnología y Construcción.
“Los abogados argumentamos que la compañía británica Equión
Energía (antes BP Exploration Limited o BPXC) manejó con negligencia la
construcción de Ocensa durante la década del noventa, causando serios daños a
las tierras de los campesinos. Ellos no entendían el significado de los
contratos firmados (algunos eran analfabetos) y no recibieron una compensación
justa por los daños ambientales causados. Hubo una severa erosión del suelo y
los campos se sedimentaron. Se redujeron la vegetación y las fuentes de agua.
Eso disminuyó significativamente la productividad de sus fincas”, explica
Barry.
En uno de los comunicados de Leigh Day se pueden leer breves
perfiles de algunos de los campesinos demandantes. Por ejemplo: Rogelio Vélez
—uno de los que están en Londres— tiene una finca de 47 hectáreas en Segovia,
Antioquia. Es analfabeto, casado y con cinco hijos. Cultiva yuca y maíz. Tiene
cerdos, gallinas y un pozo con peces. “Ahora no hay suficiente cantidad de agua
para mantenerlos”, dice en ese texto. “Después de la tubería, nuestras fuentes
de agua se llenaron de lodo. Cuando la gente se entera de que tengo un
oleoducto, nadie quiere comprar mi finca. Esperamos obtener justicia”, replica
en otro documento Rodrigo Mesa.
Para percatarse de todos esos daños, el grupo de abogados
ingleses ha hecho varias visitas a las regiones afectadas. En 2007, por solo
mencionar una, fueron a El Bagre, Antioquia, y después a Bogotá a reunirse con
colegas colombianos para reunir evidencias. Lo mismo ha hecho Equión. Ha habido
desde sobrevuelos por las zonas que atraviesa el oleoducto hasta visitas de
campo durante días.
Sin embargo, Equión Energía, que adquirió a BP Exploration
Company Colombia en 2011, tiene una posición distinta. “Para la construcción de
Ocensa se tomaron medidas técnicas con los más altos estándares para que las
tierras no tuvieran daños materiales. Se hizo con especificaciones muy claras
respecto al grosor de la tubería y a la profundidad a la que debía ir. Además,
se hizo un proceso con las comunidades para que tuvieran un compensatorio
adecuado. Creemos que todas esas medidas fueron efectivas y tenemos todos los
argumentos para defendernos. Equión confía en una resolución legal”, le dijo a
este diario uno de sus voceros en Colombia.
Ahora, como dice Barry, solo resta esperar a que el juez
encargado dé un veredicto en febrero de 2015, que podrá ser apelado ante una
corte de apelaciones solo si es autorizado. De lo contrario será un fallo
definitivo. Por lo pronto, tanto los agricultores como BP entablarán varias
disputas en estos meses para comprobar quién tiene la razón. En la de la semana
pasada estuvieron tanto Vélez como Mesa. Otros cuantos agricultores los
acompañaban en una teleconferencia. SERGIO SILVA tomado de el espectador de Colombia
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